“¿Meras coincidencias? Operativos militares grandes y exitosos del gobierno de Alvaro Uribe han coincidido con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas”. Así titulaba la revista Semana en julio de 2003 un artículo en el que señalaba varios ejemplos en todo el país, de grandes operativos militares realizados con ocasión del Plan Colombia en los que el paramilitarismo había podido actuar a sus anchas.
“(…) cuando llegó la Fuerza Pública, en diciembre del año pasado, muchos habitantes de Viotá respiraron con alivio. Pero la alegría duró poco. El Ejército realizó allanamientos masivos, muchos sin orden judicial, e intimidó a la población anunciando que detrás de ellos venían los paras. Y en efecto, en marzo llegaron las autodefensas del Casanare”, señalaba el artículo.

Organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos denunciamos desde el mes de marzo de 2003 la sucesiva y sistemática ocurrencia de crímenes de lesa humanidad contra los habitantes viotunos conforme íbamos teniendo conocimiento de ellos: desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, entre otros, y, desde entonces visibilizábamos la clara connivencia entre las Autodefensas Campesinas del Casanare – ACC- y las tropas del Batallón Colombia con sede en La Mesa, bajo el mando del Teniente Coronel (r) – (y prófugo), RODRIGO GONZÁLEZ MEDINA.

Por ello se afirmó que existía una campaña de deslegitimación de las Fuerzas Militares orquestada por la comunidad de derechos humanos, y como ahora, no pocos esfuerzos gubernamentales fueron desplegados con el fin de desmentir lo dicho e invisibilizar a las víctimas, como actualmente lo pretende la Política Integral de DDHH y DIH formulada por el Ministerio de Defensa Nacional .

Hasta el momento, cinco años después de lo ocurrido, se había avanzado en el esclarecimiento de algunos de los hechos y el juzgamiento y sanción penal de algunos de los responsables, la mayoría de ellos, de menor rango en sus respectivas estructuras.

Por parte de las ACC, habían sido condenados MAER ISIDRO ARÉVALO y JOSÉ ARNULFO CORTÉS BUSTOS y CLAUDIA PATRICIA AMAYA; y se habían sometido a sentencia anticipada por algunos de los delitos RAFAEL ANTONIO CHAPARRO, LUIS FERNANDO GÓMEZ FLOREZ, ANGEL RODIGO DAZA ÁVILA y AGAPO GAMBOA.

Por parte de los miembros del Batallón Colombia, había sido condenado en octubre de 2006 el capitán EDGAR MAURICIO ARBELÁEZ SÁNCHEZ a cuarenta años de prisión por los delitos de Homicidio Agravado y concierto para delinquir de dos personas del pueblo que hizo pasar como paramilitares muertos en combate porque “el hombre de arriba necesita un favor para salvar el pellejo ”, tal y como se deriva de una llamada telefónica que sostuvo con un integrante de las ACC, refiriéndose a la necesidad del Coronel, de mostrar resultados para terminar con las sospechas y denuncias que se cernían en su contra. En la misma sentencia se condenó al Cabo EDUARDO ENRIQUE MÁRQUEZ por concierto para delinquir y como cómplice de los homicidios.

El Sargento Harold Pejendino fue condenado a cuarenta años por los delitos de Homicidio Agravado, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado y secuestro simple el pasado 31 de marzo.

Esta semana, se llevó a cabo la primera sesión de Audiencia Pública contra los miembros de las ACC, JHON JAIRO SÁNCHEZ ROA, OSCAR ANDRÉS HUERTAS SARMIENTO y JAIR MADRIGAL QUINTERO y contra los miembros del Batallón Colombia, Teniente Coronel GONZÁLEZ MEDINA y los mayores ALEXANDER LIZARAZO PARRA y ALEJANDRO ROBAYO RODRÍGUEZ, ocurriendo que este último fue reconocido en medio de la audiencia directamente por el comandante de las “especiales” de las ACC como uno de los participantes en la reunión de coordinación logística entre los miembros del Batallón Colombia y las ACC, para cometer los crímenes de lesa humanidad.

Pero no solamente este impresionante hecho fue conocido en la Audiencia. Detalles escalofriantes de la coordinación entre las ACC y la Plana Mayor del Batallón Colombia y otros oficiales, salieron a la luz: las “Ordenes de Batalla” que eran entregadas directamente por miembros del Ejército a los paramilitares con los nombres y fotografías a color de los ciudadanos de Viotá que debían ser asesinados, torturados o desaparecidos; los mecanismos de coordinación para que los retenes del Ejército, que en plena operación Libertad I, antesala del Plan Patriota, fueran levantados al paso de los paramilitares cuando ellos lo necesitaran; la traición del Coronel GONZÁLEZ MEDINA a las ACC debido a la entrada a la región del grupo paramilitar de los “Urabeños” de Castaño y Mancuso, quienes habían puesto precio a la cabeza de los miembros del grupo del Casanare; la presencia de miembros de las ACC en instalaciones de la Policía de Viotá y del Batallón Colombia en la Mesa, con carnets que los acreditaban como oficiales del Ejército; el relato del propio capitán ARBELÁEZ de la utilización de encapuchados que señalaban a los habitantes como auxiliadores de las FARC y muchas otras circunstancias que emergen a la luz después de cinco años de oscuridad.

Hoy podemos contestar a la pregunta que hiciera la revista: ¿Meras coincidencias? No, no fueron meras coincidencias. Los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Viotá obedecieron a una impresionante coordinación entre las ACC y los más altos miembros del Batallón Colombia y otros oficiales y suboficiales. De esta manera nació el Plan Patriota.

Fecha: 13/07/2003. Edición: 1106. Disponible en: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=71591
Disponible en: http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos_Home/Politica_DDHH_MDN.pdf
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca. Octubre 30 de 2006. Causa 02-2004-0073