Con montaje judicial capturan campesinos beneficiarios de medidas cautelares

Solo hasta altas horas de la noche, familiares, miembros de la Junta de Acción Comunal y abogados de los líderes campesinos, pudieron determinar su paradero: Rafael Ulcue se encuentra retenido en Centro de Retención militar de la Tercera Brigada del Ejército de Cali y Sergio Ulcue fue trasladado al municipio de Puerto Tejada Cauca.

Rafael Ulcue Perdomo y Sergio Ulcue Perdomo, son líderes populares de procesos de organización campesina en las veredas El Vergel y El Pedregal del municipio de Caloto Cauca y quienes por varios años y permanentemente han denunciado los atropellos y crímenes cometidos contra la población civil por parte del Ejército Nacional.

Desde 2009 ante la arremetida del Ejercito Nacional en contra de la población campesina de las veredas el Vergel y el Pedregal, Rafael Ulcue Perdomo y Sergio Ulcue Perdomo, organizaron a las comunidades para acceder a la Administración de Justicia denunciando los casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por el Ejercito Nacional en contra de sus comunidades.

En virtud de lo anterior, Rafael Ulcue Perdomo y Sergio Ulcue Perdomo, como voceros y líderes comunitarios solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Medidas Cautelares para proteger la vida y la integridad de los habitantes de las mencionadas veredas que se encuentran en medio del conflicto armado. El escrito de solicitud de medidas cautelares se entregó a la CIDH el 20 de marzo de 2010, en atención a la muerte de Liber Cuetia, a quien gracias la intervención de campesinos e indígenas, el Ejército no pudo presentar como guerrillero dado de baja en combate.

El 27 de marzo de 2010, siendo las 11:30 AM, un grupo numeroso de militares, quienes portaban armas de largo alcance, llegaron a la casa de habitación de la señora Herminia Perdomo, madre de los capturados ubicada en el casco urbano del municipio de Corinto Cauca. Los militares de manera agresiva exigieron a los familiares fotografías y los documentos de identificación de Rafael y Sergio. Los militares manifestaron que “Ellos se encontraban en serios problemas”. También tomaron fotografías y filmaron la casa y a las personas que allí se encontraban. Es importante resaltar que los militares no llevaban ninguna orden judicial de autoridad competente.

El viernes 24 de septiembre de 2010, a las 5 A.M., un grupo de militares llegó a la humilde vivienda del líder campesino Rafael Ulcue, en la Vereda El Vergel de Caloto, le requirió sus documentos de identidad y los de su vehículo. Extrañamente se llevaron sus documentos y los retuvieron por el lapso de una hora sin motivo aparente y sin dar explicación alguna.

El domingo 26 de septiembre de 2010 hacia las 2 PM, cuando Rafael Ulcue se movilizaba en su vehículo con varios miembros de la comunidad hacia la Vereda El Vergel, fueron retenidos y su vehículo con las personas dentro fue usado como escudo humano por parte de los militares que se estaban enfrentando a los subversivos.

El día 12 de noviembre de 2010, a las 9 y 35 A.M., mientras se dirigía al Juzgado Promiscuo de Corinto-Cauca, a adelantar gestiones en su calidad de desplazado, Rafael Ulcue, fue abordado por un hombre corpulento trigueño que se movilizaba en una moto azul DT 175 sin placas y con un casco azul, quien le dijo en tono amenazante que: “de modo que se confabularon para sacar al estado de la región. Tenga cuidado que le puede pasar algo”.

El sujeto que vestía de bluejean y una chaqueta morada de rayas blancas portaba también un chaleco de motociclista naranja sin identificación. Luego de proferir la amenaza, el individuo se fue en la moto con rumbo hacia el centro de la población.

El sábado 19 de febrero de 2011, a las 15:00 horas cuando Rafael Ulcue realizaba sus labores de transportador, su chiva [vehículo] fue inmovilizada y sus documentos personales fueron retenidos por parte de miembros del Ejército Nacional. Luego de hacer descender del vehículo a los cerca de quince campesinos y someterlos a registro, Rafael fue conducido donde el Teniente Mejía quien se encontraba en compañía de un sujeto armado de fusil que vestía prendas de uso privativo de las fuerzas militares, que se presentó como un reinsertado de la guerrilla y se identificó como alias “El Gusano”. El presunto reinsertado le manifestó a Rafael que su cédula de ciudadanía era falsa y que además tenía orden de captura en su contra, y que si no lo había “cogido” era gracias a él. Dijo además que su verdadero nombre no era Rafael, sino que éste era su alias.

Pasadas cerca de dos horas, cuando la esposa de Rafael reclamó por la retención de que eran víctimas, Alias “Gusano” le dijo a ésta que si no confesaban los supuestos vínculos con la guerrilla, llamarían al helicóptero para que se los llevara con rumbo desconocido. Siendo las 17:20 horas Rafael y su familia fueron dejados en libertad luego de haber exhibido documentos oficiales que lo acreditan como dirigente campesino e indígena.

El 11 de abril de 2011 a las 11:00 AM, Rafael Ulcue, recibió una llamada a su celular de parte del individuo conocido con el alias de “El Gusano” quien le reclamó por haber denunciado ante las autoridades la retención de que aquel fuera víctima por parte de él y el Ejercito Nacional el pasado 19 de febrero. Rafael Ulcué le manifestó que “ese es el trabajo que la comunidad viene desarrollando como forma de protegerse”, a lo que el individuo en tono amenazante le contestó “No sé cómo vamos a hacer pero eso no se queda así”. El nombre verdadero de alias “El Gusano” es Luiyit Ramirez Montoya, quien según él mismo es un desmovilizado de la guerrilla que ahora presta servicio militar en el Ejército y según testigos, este señor viene adelantando acusaciones contra miembros de la comunidad como participes de grupos armados ilegales.

El martes 15 de febrero de 2011 en el Barrio El Bolito de Pradera-Valle, apareció un volante suscrito por el Ejército Nacional en el cual se hace un llamado, entre otros a “Alias: Sergi [y[ Rafael” de la “Vereda El Pedregal” para que se acojan al programa de desmovilización.

Como consecuencia de los hechos mencionados, los convocantes se han visto sometidos a desplazamientos forzados. En el año 2000, en la zona montañosa del municipio de Pradera-Valle, de donde son oriundos los convocantes, el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, causó numerosas amenazas, secuestros y asesinatos de niños, mujeres y hombres, con la práctica de descuartizamiento que sembraron terror en su momento y generaron el desplazamiento forzado de decenas de familias indígenas y campesinas, entre las que se encuentran los capturados y sus familias, los que luego de más de doce años no han podido retornar a sus lugares de origen. La agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional, acción social, les otorgó el status de desplazados a los convocantes

No obstante que todos los hechos mencionados han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, el ente investigador no ha adelantado una pronta y eficaz investigación, de manera minuciosa y con la debida diligencia, que garantice y proteja los derechos fundamentales de los campesinos. La Sección de Protección de la Fiscalía no dio concepto favorable solicitud de Rafael Ulcue ni como víctima ni como testigo de las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH que este viene denunciando.

El Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio DDHH 250 8921 de 29 de abril de 2011, reconoce estar enterado de la solicitud de protección para los señores Rafael Ulcue y Sergio Ulcue no obstante, a la fecha, no se le ha brindado.
Es de anotar que estos campesinos se encuentran desplazados, forzadamente desde el mes de noviembre de 2011, reconocimiento que ha hecho el mismo Estado a través del Ministerio del Interior mediante el reconocimiento de ayudas económica temporales para reubicación.

Este montaje judicial contra los lideres RAFAEL ULCUE y SERGIO ULCUE responde a una estrategia militar, de la Fiscalía y de la Cancillería quienes por acción y omisión pretenden dejar en la impunidad más de 37 casos de graves violaciones a los derechos Humanos y al DIH, debidamente denunciadas y documentadas, cometidas por el Ejercito contra la población civil. La estrategia estatal pretende también desestimular, deslegitimar y desprestigiar el otorgamiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana a favor de las familias campesinas de las veredas El Vergel y El Pedregal y del Sistema Interamericano en general. Por otra parte el Estado está enviando un mensaje claro que quien se atreva a denunciar, exigir verdad, justicia y reparación en graves violaciones es los DDHH será duramente reprimido y castigado con todo el peso del establecimiento.

Exigen al Estado de Colombia

  • Garantizar el derecho a la libertad de los campesinos Rafael Ulcue Perdomo y Sergio Ulcue Perdomo.
  • Brindar todas las garantías del debido proceso y de recurso judicial efectivo, y garantizar el derecho de defensa a los líderes campesinos Rafael Ulcue y Sergio Ulcue a quienes de manera ilegal se les pretende adelantar la audiencia preliminar en las instalaciones de la Tercera Brigada.
  • Garantizar y respetar el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las 179 familias campesinas de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca. E impedir cualquier intento de represión, deslegitimación y desprestigio en contra de los beneficiarios y peticionarios de las mismas.
  • Solicitamos a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a las organizaciones sociales y populares respaldar nuestra denuncia, brindar solidaridad a los afectados y a la comunidad a la que pertenecen, divulgar nuestras peticiones y exigir al Estado plenas garantías para la defensa de los derechos humanos.
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