Editorial

Última actualización: 27 de agosto.

  • Ante reapertura del caso, ex integrantes de la Policía implicados en la Masacre de Caloto deben ser capturados

    26 de agosto

    En consonancia con el debate que se reabre en la actualidad sobre los alcances del fuero penal militar, señaló la Corte que conforme al art. 221 de la Constitución Política, la Justicia Penal Militar solo puede conocer “de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio”. La Corte Suprema de Justicia, de la mano de la jurisprudencia constitucional, preserva su criterio acerca de que el fuero penal militar es claramente excepcional y está atado a la certidumbre sobre la existencia de una relación estricta entre la conducta punible imputada y un acto del servicio, es decir, con las tareas o acciones que necesariamente permitan el cumplimiento de la función constitucional y legal asignada a la fuerza pública, esto es la defensa y la seguridad pública, conforme a los art. 217 y 218 de la Constitución política.

  • Reflexión sobre el Tribunal de Opinión: agresión minera en la Guajira

    21 de agosto, por Lía Isabel Alvear Ramírez

    El desaforado empeño del sector financiero y económico por arrancarle a la biosfera los materiales que la constituyen para ser guardados en las bodegas blindadas de los bancos, empeño del que adolecen quienes habitan en el mundo de los negocios sostenidos por gobiernos y ejércitos, no contemplan, como lo hizo la monja, que hay otras formas de relacionarse con el ecosistema terráqueo; que existen comunidades para las cuales el banco es la propia naturaleza.

  • La FIDH y CAJAR instan al Gobierno de Panamá a reconsiderar decisión de no extraditar a ex directora del DAS a Colombia

    17 de agosto, por Ccajar, FIDH

    La FIDH y CAJAR solicitan al gobierno de Panamá que anule a través de un acto administrativo de igual jerarquía o superior, la Resolución Ejecutiva No. 3 del 3 de febrero de 2012, por la cual se rechazó la primera solicitud de extradición de María del Pilar Hurtado y en virtud de esa anulación se retrotraiga lo actuado y se apliquen las reglas pertinentes a la solicitud de extradición presentada por Colombia el 9 de diciembre de 2011. Es inadmisible que el gobierno de Panamá no respete el tratado de extradición de 1928, vigente entre los dos Estados y que las víctimas, la sociedad y la justicia colombiana sigan siendo burladas.

  • 15 años sin Jaime, 15 años sin justicia, 15 años de impunidad

    13 de agosto, por Ccajar, CCJ

    Si bien reconocemos la importancia de los recientes acontecimientos, insistimos en que la justicia colombiana debe procurar que el estamento militar no tenga injerencia sobre quienes pesan acusaciones, y así alterar el curso de las investigaciones. Existen precedentes graves sobre la injerencia de los militares en las investigaciones judiciales, valga la pena recordar lo ocurrido con el Sargento retirado Bernardo Alfonso Garzón Garzón, testigo clave en el caso del Palacio de Justicia, quien aún hoy no ha contribuido a la verdad y a la justicia.

  • 20 años de un crimen de Lesa Humanidad en busca de la justicia, la verdad y la no repetición

    8 de agosto, por Prensa - Colectivo

    A pesar de estos importantes avances, en el largo camino en la búsqueda de la justicia y la verdad, aún no se ha logrado establecer toda la cadena de mando que ordenó, planeó y ejecutó el crimen contra el Senador Manuel Cepeda. Los miembros del ejército condenados no actuaron solos, sino como parte de una estructura criminal dentro del Estado que no se ha identificado, y de la cual Narváez es sólo una pieza del engranaje. Determinar toda su composición es fundamental para el desmonte de este tipo de estructuras y la no repetición de los crímenes.

  • Discusión sobre libertad de prensa está siendo desviada para atacar un proyecto de comunicación pública al servicio de los derechos humanos

    8 de agosto, por Prensa - Colectivo

    Lo que resulta preocupante es que en ausencia de este debate serio, la reciente discusión suscitada en medios de comunicación y redes sociales sobre las situaciones presentadas en Canal Capital, ha sido utilizada nuevamente contra una apuesta de comunicación pública que tanto beneficio le ha traído a la ciudad, a los derechos humanos y a la democracia colombiana en su conjunto, con múltiples dificultades y desafíos. Canal Capital ha abierto un espacio para las minorías tradicionalmente excluidas o discriminadas, rescatando el valor de lo público, frente a los grandes intereses privados que hoy quieren desconocer y destruir la consolidación progresiva de un canal alternativo frente a los contenidos tradicionales.

  • Plazas Acevedo: Pieza clave para conocer la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia

    31 de julio, por CCajar

    El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, valora en términos de justicia para las víctimas, la captura del coronel en retiro, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, comprometido con graves crímenes cometidos en el marco de la consolidación del proyecto paramilitar auspiciado por altos mandos militares. Plazas Acevedo es coresponsable de la consolidación y expansión de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, luego Autodefensas Unidas de Colombia, y a partir de su traslado a Bogotá, de la consolidación del Bloque Capital de la misma estructura criminal.

  • Cárceles abren sus puertas para dar salida a paramilitares, sin que los derechos de las víctimas hayan sido reconocidos

    28 de julio

    Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, se desmovilizaron formalmente más de 30.000 miembros de fuerzas paramilitares en Colombia. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34, a cuyos integrantes comprometidos en violaciones a derechos humanos se les aplicó el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Esa normativa creó una serie de beneficios legales para los desmovilizados, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años sobre la base de aportar a la verdad plena sobre los crímenes cometidos, las estructuras operativas, los beneficiarios, y los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.

  • El Presidente Santos debe solicitar captura y deportación de María del Pilar Hurtado, durante su visita a Panamá

    24 de julio, por Ccajar

    El proceso de extradición se sigue dilatando de manera inexplicable, y en perjuicio de las víctimas, la justicia y la sociedad colombiana. El presidente Santos tiene el deber como jefe de Estado de contribuir a que María del Pilar Hurtado sea puesta a disposición de la justicia colombiana, de hacer cumplir las reglas del Tratado de Extradición suscrito entre Panamá y Colombia en 1928, y de pedir una rectificación urgente de la decisión de la Interpol para que se haga viable la circular roja que permita su captura.

  • Decisión de la Interpol de no tramitar circular roja sobre exdirectora del DAS es una bofetada contra el Estado colombiano

    17 de julio, por Ccajar

    Llamamos al presidente Juan Manuel Santos, en su condición de Jefe de Estado, a presentar de inmediato una nota formal de protesta y una solicitud para que se reconsidere la decisión tomada por la Interpol. El Presidente de la República debe advertir que esta decisión constituye una afrenta a la administración de justicia en Colombia que actuando con independencia y en garantía del debido proceso, ha investigado y juzga a María del Pilar Hurtado por graves delitos comunes que han lesionado seriamente los derechos humanos de las víctimas, afectado la institucionalidad colombiana y la democracia.

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