El CAJAR ha tenido a las comunidades como su centro de atención, propendiendo por la formación y organización de las víctimas para que éstas adquieran mayor capacidad para enfrentar los cada vez más numerosos mecanismos de impunidad, siempre en una batalla abismalmente desigual en relación a los poderes que patrocinan y se benefician de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad.
El CAJAR históricamente ha sufrido una generalizada y sistemática persecución que tiene como principal responsable al Estado colombiano. Sus integrantes, mujeres y hombres, han ido víctimas de exilios, atentados, amenazas, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, falsas acusaciones, campañas de desprestigio, acciones ilegales por parte de organismos de inteligencia estatal, entre muchas otras formas de persecución.
Durante el pasado gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el el CAJAR fue una de las principales víctimas de las actividades ilegales de inteligencia por parte del DAS y demás agencias de inteligencia del Estado, las cuáles fueron promovidas desde la propia presidencia de la República que tuvo como objetivos el desprestigio y la eliminación del CAJAR como organización defensora de los derechos humanos.
Durante el presente gobierno se han incrementado los ataques y amenazas contra el CAJAR y sus integrantes, especialmente señalándonos de liderar una “guerra jurídica” contra el Estado y sus fuerzas militares. Según este malhadado concepto, la denuncia de violación de derechos humanos y la acción jurídica ante tribunales nacionales e internacionales en búsqueda de verdad, justicia y reparación constituye “guerra jurídica”, según la cual en ejercicio de “la combinación todas las formas de lucha”, el CAJAR actuaría como el brazo jurídico de las guerrillas.
Esta “guerra jurídica” tendría como objetivo “sacar del escenario de combate” a los mejores hombres que luchan contra las guerrillas y el terrorismo, y ponerlos tras la rejas, apoyados por la “guerra judicial” que lideran fiscales, jueces de la República y tribunales de instancias internacionales, los cuáles no se liberan de estos peligrosos señalamientos y difamaciones.
El Estado lamentablemente, patrocina y estimula la propagación de estos conceptos, que ponen en alto riesgo a las organizaciones defensoras de derechos humanos y desestiman las aspiraciones de justicia de la sociedad y de las víctimas. El Estado, por el contrario, tiene la obligación de reconocer que la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos, así como la lucha contra la impunidad constituyen un deber y un derecho; y de ninguna manera constituyen “guerra jurídica”. En Junio del año pasado, en reunión privada, le pedimos la Presidente Santos, que emitiera un pronunciamiento público donde condenara toda referencia a la “guerra jurídica” y que reivindicara el ejercicio jurídico de defensa de los derechos humanos como una actividad legítima. Seguimos esperando.
No sobra decir, que estos malintencionados conceptos de “guerra jurídica y guerra judicial” han sido utilizados para impulsar la reforma constitucional que pretende ampliar el fuero militar con la clara intención de poner fuera del alcance de la justicia a los miembros de la fuerza pública que incurran en graves violaciones a los derechos humanos, que consideradas en relación con el conflicto armado serán tratadas como infracciones al DIH y en consecuencia de competencia de la justicia penal militar, pese a que se excluyan los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura y las violaciones sexuales un Tribunal Especial de Garantías para la fuerza pública será quien decida cuando una investigación se sustraería de la justicia ordinaria.
Todo indica que la reforma será aprobada en detrimento de la democracia, la paz, los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana en detrimento de la garantía de no repetición de los crímenes. Aprobar esta reforma, equivale a habilitar a a la CPI para que intervenga en Colombia.
El CAJAR pese a tan aguda represión fomentada desde las más altas esferas del Estado colombiano, ha logrado un reconocimiento nacional e internacional inocultable e indiscutible. El CAJAR y sus integrantes han recibido premios internacionales como el de la República de Francia, el de la Ciudad de Weimar, el Martin Ennals, el de la barra de abogados más importante de los EEUU, el de la AFL CIO la organización sindical más grande los EEUU, entre otros.
El 2012, nos ha traído enormes satisfacciones en términos de resultados en la lucha contra la impunidad, y también por nuevos e importantes reconocimientos. Este año que está por terminar, el CAJAR recibió un premio concedido por Brigadas Internacionales de Paz en la ciudad de Londres. También el CAJAR recibió el día nacional de los derechos humanos, el Premio Nacional de Derechos Humanos versión 2012 otorgado por las agencias internacionales de cooperación y por decisión de un jurado mixto conformado por personalidades nacionales e internacionales.
En recientes días, el CAJAR fue considerada como una de las 20 organizaciones sociales más admiradas en Colombia según consulta realizada por CIFRAS & CONCEPTOS-información Inteligente, la cual goza de gran credibilidad en el ámbito periodístico, político, social y empresarial. Es un reconocimiento que indica que el CAJAR goza de un prestigio y reconocimiento en amplios e importantes sectores de la sociedad colombiana.
A pesar de la sistemática persecución y difamación en su contra, el CAJAR cuenta con un patrimonio invaluable e inajenable, su creciente credibilidad. Nuestra gratitud a todas las organizaciones y personas que reconocen nuestro indeclinable compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos. Renovamos nuestra tarea de lucha contra la impunidad, nuestro compromiso integral con la sociedad colombiana, especialmente con las víctimas y la reivindicación de sus esenciales derechos. Gracias, muchas gracias a quienes reconocen en la defensa de derechos humanos una tarea esencial en la dignificación de las personas, en la construcción de democracia y en las posibilidades de encontrar caminos sólidos para avanzar hacia la paz
