La guerra contra la restitución

Miércoles 11 de julio de 2012

Estos grupos se conformaron en el Cesar y esta es su historia.El 7 de diciembre de 2011, se produjo un retén de 10 minutos sobre la carretera entre el corregimiento de Casacará y el municipio de Becerril, donde miembros del Frente 41 de las FARC-EP incineraron tres vehículos de carga pesada y ocasionaron daños a otros vehículos particulares. El 10 de diciembre de 2011, ese mismo frente incursionó a la finca ‘Buenos Aires’ en el corregimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Codazzi, de propiedad del ganadero y comerciante Luis Ernesto Araújo, donde dinamitaron parte del predio y repartieron propaganda del grupo guerrillero.

Víctimas de Crímenes de Estado | Derecho a la tierra |

Aunque militarmente estas acciones no tienen un significado grande al comprarlas con lo que ocurre en el Cauca o Nariño, eran de gran impacto en la región, ya que desde 2005 no se presentaban este tipo de hechos.

Según pudo establecer la Corporación Nuevo Arco Iris, miembros del sector ganadero y algunos políticos locales se alarmaron sobre la situación de seguridad y el aumento de las acciones armadas de las FARC-EP en el departamento yse reunieron el sábado 17 de diciembre en una finca próxima al municipio de Becerril, donde acordaron financiar un ejército privado que los protegiera de los ataques de las FARC-EP y les permitiera dejar de pagar las extorsiones que este grupo les venía cobrando mensualmente.

Esta primera reunión contó con la participación de grandes terratenientes del Cesar, de familias políticas influyentes y de algunos funcionarios públicos de anteriores gobiernos regionales y se pactó la realización de un segundo encuentro donde se establecería la estrategia de financiación del nuevo grupo armado. En un segundo encuentro, el 13 de enero de 2012 en el corregimiento de Casacará, municipio de Codazzi, surgió la propuesta de buscar el respaldo de los empresarios y políticos prestantes, además se dijo que dicha estructura armada debía “combatir a los guerrilleros que se disfrazan de víctimas y desplazados y no nos quieren dejar trabajar”[1], es decir se opondrían a la restitución de tierras. Así, de esta reunión salió la idea de un grupo contrainsurgente y anti-restitución de tierras

Obviamente la pregunta en este punto, es por qué estos sectores del gremio de los ganaderos y latifundistas de la región no acudieron a los Urabeños, quienes controlan gran parte del departamento, y se han encargado de la defensa de varios de los testaferros que dejó Jorge 40; sino que prefirieron crear una estructura armada propia. La respuesta es que estos sectores sienten desconfianza de los Urabeños, ya que ven con recelo la intención de retaliación de algunos de ellos contra el gobierno nacional. Además, si contrataran con los Urabeños, quedarían en medio de la guerra que estos tiene con Los Rastrojos, y eso les implicaría un mayor aporte de dinero a dicha estructura.

La última reunión, se dio el 4 de febrero, en una residencia cercana a Valledupar, reunión a la que además acudieron personas de La Guajira y el Magdalena, así como algunos pocos miembros de la región de los Montes de María, particularmente de San Onofre. Igualmente la Corporación Nuevo Arco iris tuvo acceso a información que indicaría, que algunos comerciantes de Córdoba ya han contratado el servicio de estas estructuras.

Sin embargo, aunque la amenaza de estos grupos anti-restitución es latente, la violencia no será ni masiva ni intensa; por el contrario será selectiva, y parafraseando uno de los métodos que más critican estos grupos que financian los grupos anti-restitución, combinaran todos los métodos de lucha.

Dos serían estos métodos, por un lado, en las mismas reuniones donde se formaron del grupos anti-restitución, se plantearon hacer una “guerra jurídica” contra las víctimas, contratando abogados encargados de torpedear los procesos de restitución. El panorama para las víctimas no es para nada alentador. En el Carmen de Bolívar mientras los “terceros de buena fe” cuentan con 4 o 5 abogados, las víctimas no conocen la ley, no tienen ni siquiera para el trasporte de Cartagena al Carmen de Bolívar, y aunque la ley prevé la inversión de la carga probatoria, aun la institucionalidad es bastante débil.

El panorama en los Montes de María se repite en otras zonas del país, por ejemplo, las oficinas regionales de la Unidad de Restitución es la encargada de elaborar los formularios de registro con las víctimas, pero hasta ahora el proceso está arrancando y por momentos pareciera que se ven desbordados. Se avecina entonces una verdadera guerra jurídica contra las víctimas.

A esta guerra jurídica se le suma una guerra organizativa, que en general tiene tres aspectos. Por un lado, bajo la premisa de que el gobierno dialoga directamente con la víctima y no busca intermediarios, decenas de organizaciones sociales se han visto obligadas a cerrar debido a la falta de recursos financieros. Muchas de estas organizaciones eran las que asistían jurídicamente a las víctimas, realizaban talleres de inducciones y socialización de normatividad, y en general eran un apoyo para la visibilidad de estas víctimas. Actualmente estas organizaciones han desaparecido paulatinamente y el diálogo entre Estado y víctima sólo es parte del discurso pero no una realidad.

Por otro lado, aunque las organizaciones sociales que existieron y existen agrupaban una buena cantidad de víctimas, la mayoría de estas no estaban adscritas a organizaciones sociales y en muchos casos no las conocen. A pesar de esta realidad las campañas para buscarlas o para que se asocien son inexistentes.

Por último, en varias regiones del país, pero especialmente en Montes de María, se han presentado casos donde empresarios agrarios han comenzado a dividir el movimiento social. Cooptan líderes sociales, les ofrecen empleos o los sobornan, para que estos limiten a las comunidades y las controlen, con lo que los conflictos en el interior de las comunidades se han multiplicado. Por si fuera poco a estos conflictos internos se han sumado conflictos generacionales, donde las disputas familiares y vecinales son comunes por el retorno a los predios y la reparación.

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