Masacre de la Rochela

Lunes 11 de mayo de 2009, por Prensa - Colectivo

El 18 de enero de 1989, trece funcionarios judiciales fueron asesinados en la vereda de La Rochela, jurisdicción del municipio de Simacota, departamento de Santander. Igualmente sobrevivieron a los hechos tres investigadores del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial.

La masacre fue perpetrada por un grupo de hombres fuer¬temente armados pertenecientes al grupo paramilitar denominado “Los Masetos”, que operaba en el sur de la región del Magdalena Medio, con la aquiescencia, colaboración y operación conjunta con miembros de la fuerza pública. Los integrantes de la Comisión judicial fueron asesinados, mientras investigaban algunas graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas en esa zona, entre ellas la desaparición forzada de 19 comerciantes, ocurrida el 6 de Octubre de 1987.

Los autores de la masacre intentaron simular que la misma había sido cometida por la guerrilla, fue así como pintaron en la superficie exterior de los vehículos “Fuera el MAS, fuera los paramilitares”. Antes de emprender la retirada se apropiaron de veintitrés de los veinticinco expedientes que portaba la Comi¬sión Judicial, lo que evidencia que uno de los motivos principales de este atroz crimen, era impedir que la Comisión Judicial esclareciera varios hechos de violencia que habían ocurrido en la región del Mag¬dalena Medio en los dos últimos años.

1.2 Trámite del Caso ante el SIDH:

Procedimiento surtido ante la CIDH

La petición original fue presentada el 8 de octubre de 1997. El informe de admisibilidad No. 42/02 fue aprobado el 9 de octubre de 2002. El informe de fondo No. 29/05 fue emitido el 7 de marzo de 2005, de conformidad con el artículo 50 de la Convención , en el cual estableció la responsabilidad del Estado por la violación de ciertos derechos consagrados en la Convención Americana y se formularon recomendaciones dirigidas al Estado .

El 28 de Febrero de 2006 la CIDH determinó que no se había dado cumplimiento a la totalidad de las recomenda¬ciones, por lo que el 10 de marzo de 2006, sometió el caso a jurisdicción de la Corte IDH para que ésta estableciera la responsabilidad internacional del Estado, por incumplir con su obligación internacional de respetar y garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judi¬cial, en razón de los hechos de la masacre y la posterior denegación de justicia.

Sentencia proferida por la Corte IDH

Una vez agotado el procedimiento previsto, la Corte Interamericana profirió el 11 de Mayo de 2007, sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado Colombiano por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los miembros de la comisión judicial (artículo 4), el derecho a la integridad perso¬nal en perjuicio de las víctimas y sus familiares (artículo 5.1 y 5.2) el derecho a la libertad personal en perjuicio de las víctimas (artículo 7), y por la violación de los derechos las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8.1 y 25).

En esta decisión, la Corte determinó que la masacre tuvo lugar en el marco de un contexto de violencia generalizada en contra de funcionarios judiciales y a su vez en aplicación de un contexto normativo expedido por el Estado, que permitió la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, lo cual incidió en que el grupo armado ilegal conocido como “Los Masetos” apoyado en las fuerzas regulares del Estado, consumaran la masacre. A su vez consideró la especial gravedad de estos hechos, por cuanto el Estado es responsable de una masacre ejecutada contra sus propios funcionarios judiciales cuando se encontraban investigando violaciones de derechos humanos los cuales fueron cometidos brutalmente.
La Corte IDH homologó el acuerdo parcial de reparaciones concertado entre el Estado y los representantes de las víctimas y ordenó otras medidas de reparación, para satisfacer de manera integral ese derecho. Las medidas de reparación consisten entre otras en: investigar, juzgar y sancionar a los responsables, la adecuación de los programas de protección de víctimas, testigos y funcionarios judiciales, prestar atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas, la ubicación de una placa conmemorativa en el Palacio de San Gil y en el complejo judicial de Paloquemao y la publicación de un documento sobre la Masacre de La Rochela.

En la actualidad, el Colectivo y Cejil , organizaciones representantes de las víctimas y sus familiares, adelantan un proceso de concertación con las distintas entidades del Estado, para implementar y dar cumplimiento adecuado a las diferentes medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH.

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