Pronunciamiento

Este 6 de marzo se conmemoran 17 años de la gran movilización nacional impulsada en 2008 por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Aquel histórico evento no solo denunció y visibilizó la violencia y los crímenes perpetrados sistemáticamente por el Estado colombiano, también reivindicó el papel fundamental de las víctimas en la lucha por la verdad, la justicia, la memoria y las garantías de no repetición.

El avance del fascismo a nivel global, en gran medida, se ha expresado a partir de la implementación de políticas que restringen y eliminan derechos humanos y fundamentales. Estas medidas excluyentes han venido aparejadas de narrativas y discursos que retrotraen ideas, símbolos y prácticas propias de dictaduras y regímenes autoritarios, tanto en nuestra región como en el mundo. Esta tendencia no se limita a países donde la derecha y la extrema derecha han logrado triunfos electorales. En Colombia, recientemente, han recobrado fuerza iniciativas que, más que negar la existencia del conflicto armado y político, imponen el relato de perpetradores y máximos responsables de crímenes de Estado y de lesa humanidad, justificando así violaciones a los DD.HH como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada violencia policial, entre otros.

En este sentido, los sectores reaccionarios han desplegado múltiples esfuerzos para controlar las narrativas, los nombres y los criterios que determinan el reconocimiento de la violencia colectiva. Esta disputa por imponer una versión oficial de la historia, busca, además de legitimar su visión particular sobre el conflicto y sus actores, restringir el acceso a relatos que cuestionen el papel del Estado en la guerra y la responsabilidad de los máximos perpetradores.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), junto con organizaciones defensoras de derechos humanos, ha desarrollado diversas estrategias de visibilización que, a través de expresiones artísticas y manifestaciones callejeras, buscan reivindicar la memoria colectiva de las víctimas de crímenes de Estado y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos.

En 2021, múltiples murales con la frase ¿Quién dio la orden? y los rostros de generales implicados en ejecuciones extrajudiciales fueron sistemáticamente censurados en diferentes regiones del país. En 2023, en el marco de la elaboración del mural ¿Quién dio la orden para…?, miembros de organizaciones de derechos humanos y víctimas que participaban en su realización fueron intimidados, y posteriormente la obra fue censurada. Este tipo de ataques contra la memoria y la denuncia de las víctimas persiste, un ejemplo de ello ocurrió en noviembre de 2024, cuando el representante a la Cámara del partido Centro Democrático, Miguel Polo Polo, atentó contra la memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. A través de un video publicado en sus redes sociales, retiró la exposición de las Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) y arrojó en una bolsa de basura las botas dispuestas en la Plaza Rafael Núñez, las cuales simbolizaban la ausencia y el reclamo de justicia por parte de las familias. Asimismo, en 2025, los murales con la frase Las Cuchas Tienen Razón, que buscan reivindicar la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, han sido censurados y borrados por grupos de militares retirados y simpatizantes de sectores de derecha. Estos hechos evidencian la persistente persecución y negación del derecho a la memoria de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia.

La censura, en estos casos parece ser una extensión de estrategias históricas que buscan minimizar o erradicar cualquier iniciativa que denuncie crímenes de Estado. Ejemplos como la Operación Orión o las ejecuciones extrajudiciales, que fueron parte de la estrategia de la política de Seguridad Democrática, evidencian cómo, a pesar de su impacto y su condena en la memoria de las víctimas y los colectivos sociales, las fuerzas reaccionarias persisten en reducir estas denuncias a su mínima expresión. El orden que buscan imponer se basa en una política negacionista, antidemocrática y profundamente reaccionaria, que rechaza el reconocimiento de las violencias sistemáticas y deslegitima las voces críticas; intentando hacer de la impunidad un principio sagrado, mientras profanan a quienes se atreven a cuestionarla.

Por su parte, a lo largo de los  años, las víctimas de crímenes de Estado han sostenido un esfuerzo incansable por disputar la memoria histórica, resistiendo intentos de negacionismo y manipulaciones que buscan encubrir las responsabilidades de los perpetradores. En esta ocasión, queremos exaltar sus luchas y reconocer la memoria como derecho; como  herramienta de resistencia y como muestra de dignidad, pues comprender el pasado no es solo un ejercicio de rememoración, sino una condición esencial para orientarnos en la confusión del presente y afrontar con claridad los desafíos del futuro.

La memoria no es neutra ni ajena a disputas políticas. En un contexto donde persisten discursos que intentan justificar la violencia estatal o diluir su responsabilidad en el conflicto armado, reafirmamos la importancia de escuchar y amplificar las voces de quienes han padecido y denunciado estas injusticias. Conmemorar este 6 de marzo es ratificar nuestro compromiso con la verdad, con la lucha contra la impunidad y con la construcción de un país en donde los crímenes de Estado no se repitan Nunca Más.

Las víctimas de crímenes de Estado, junto con organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad comprometidos con la justicia, han demostrado que, pese a los intentos por silenciar sus voces, la verdad sigue abriéndose camino. Así, frente a los intentos de quienes buscan imponer la impunidad como norma y el miedo como estrategia, reafirmamos la exigencia de  justicia y la necesidad de visibilizar las memorias que incomodan  a los poderes que históricamente han sido responsables de la violencia. Este 6 de marzo, tras décadas de luchas, desde nuestro lugar, damos cuenta de que no hay brochazo que borre la verdad.

Hoy recordamos que la verdad no se negocia, la justicia no se posterga y la memoria sigue viva en cada acto de resistencia de las víctimas y sus organizaciones.