12 Informe asturiano sobre Colombia en la Semana Negra de Gijón

Lunes 18 de julio de 2016, por Delegación Asturiana

Se está usando a la justicia para perseguir a defensores-as de los Derechos Humanos y a opositores-as que son privados-as de la libertad por años, sin juicio, sin pruebas o con meros indicios, para castigar sus denuncias a la fuerza pública y a las empresas beneficiarias de la guerra. Se criminaliza la legítima protesta social con las reformas al Código de Policía que coarta libertades básicas, permite allanamientos sin orden judicial y apresamientos arbitrarios de dirigentes sociales y manifestantes.

Defensores de derechos humanos | Víctimas del conflicto |

La 12 Delegación Asturiana presentó en la Semana Negra de Gijón y de la mano de Soldepaz Pachakuti, el Informe Estado de los Derechos Humanos en Colombia, tras su visita a seis departamentos del país entre el 18 de febrero y el 6 de marzo del 2016.

La visita, que forma parte del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia que a lo largo de 16 años ha acogido en refugio temporal a 104 personas defensoras de los derechos humanos y sindicalistas, realizó trece audiencias públicas de trabajo con habitantes, organizaciones sociales, víctimas e instituciones civiles y militares en los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima, Norte de Santander, Arauca, Casanare y Bogotá D.C.

Las entrevistas institucionales incluyeron al Embajador de España en Colombia; la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUDH; la Delegación de la Unión Europea en Colombia; la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; la Unidad Nacional de Protección; los comandantes de la estación de la Policía Nacional de Gaitania, Planadas-Tolima; el Personero municipal de Tibú; el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta; mandos de la Fuerza de Tarea Vulcano de la II División del Ejército Nacional en Cúcuta, y de la Brigada 16 del Ejército Nacional en El Yopal; la Defensoría del Pueblo del Casanare; el Senador de la República ALBERTO CASTILLA y el Representante a la Cámara por Bogotá ALIRIO URIBE MUÑOZ, así como con ALONSO CAMPIÑO BEDOYA, Asesor de Paz de la gobernación de Arauca.

En la charla se documentaron los siguientes hallazgos:

Colombia sigue afectada por el conflicto armado interno al que se busca por parte del gobierno y de las FARC-EP una salida negociada que está cerca tras la declaración, hace menos de un mes, del cese bilateral e indefinido del fuego y de las hostilidades. Sin embargo, no se han iniciado los diálogos con el ELN y ni siquiera se contempla esa vía con el EPL.

Constatamos que el cese unilateral del fuego por las FARC-EP y la reducción de las acciones ofensivas del estado desde marzo del 2015, han tenido un impacto positivo en esas regiones controladas por esa insurgencia, pero se está incrementando la guerra en las zonas con presencian del ELN y del EPL.

“El Programa Somos Defensores y la Oficina documentaron el asesinato de 63 defensores. La Oficina verificó 41 de estos casos y sigue monitoreando los demás. Las cifras superan el promedio de homicidios de los últimos 20 años” afirmó el ACNDUH en su Informe del 15 de marzo/16.

Entre enero y abril/16 van 32 defensores-as asesinados-as.Continuaron los ataques sistemáticos contra las personas que reclaman la restitución de sus tierras despojadas mediante la violencia, al menos 78 han sido asesinados con impunidad.

Se está usando a la justicia para perseguir a defensores-as de los Derechos Humanos y a opositores-as que son privados-as de la libertad por años, sin juicio, sin pruebas o con meros indicios, para castigar sus denuncias a la fuerza pública y a las empresas beneficiarias de la guerra. Se criminaliza la legítima protesta social con las reformas al Código de Policía que coarta libertades básicas, permite allanamientos sin orden judicial y apresamientos arbitrarios de dirigentes sociales y manifestantes.

Las comunidades que viven en zonas de conflicto armado denunciaron la continuidad de la práctica del minado incluso de áreas de uso de la población civil: Norte de Santander, Nariño, Cauca, Arauca, Tolima, Casanare. Durante 2015 se registraron 222 víctimas de minas y otros artefactos de las cuales murieron 66 víctimas incluidos 27 niños y niñas.

Según la ONIC: “Los pueblos indígenas estamos muy golpeados por las violencias. Este año tuvimos 3.481 indígenas desplazados, 1.081 fueron confinados en sus territorios, 225 fueron heridos en acciones de recuperaciones de tierras, 34 fueron asesinados, 30 amenazados y 5 comunidades amenazadas colectivamente; riesgos hay muchos, protección muy poca. En La Guajira a noviembre del 2015 iban 2.223 niños muertos por desnutrición y había 525 con desnutrición severa, en el Chocó es igual. El gobierno no le cumple a los pueblos indígenas.”

Hay más efectivos para la seguridad, pero no hay garantías para la defensa de los Derechos Humanos.

La violencia política fue elevada en el 2015, año de elecciones: Misión de Observación Electoral registró 179 hechos en 112 municipios de 28 departamentos, 124 amenazas, 29 atentados, 20 asesinatos, 4 secuestros y 2 desapariciones, siendo las víctimas candidatos-as de la oposición, funcionarios-as y líderes-lideresas políticos-as.

Por la experiencia de persecución y exterminio de la Unión Patriótica, El Frente Popular, y A Luchar, estas cifras ilustran la falta de garantías para la oposición política y el peligro para guerrilleros después de que se incorporen la vida civil.

A pesar de la responsabilidad de la fuerza pública el Departamento de Estado de los EUA certificó que Colombia cumple requisitos para recibir ayuda militar por US 280 millones.

La impunidad sigue siendo estructural incluidos delitos muy graves como ejecuciones extrajudiciales sobre los que el Consejo de Estado en sentencia del 7 de sep/15 reconoció como práctica sistemática.

Hay una fuerte re-paramilitarización en todas las regiones visitadas. La insistencia del gobierno y fuerza pública en negar esta realidad dificulta su combate y es una seria amenaza para la terminación del conflicto armado, la reconciliación y el desarrollo del conflicto social en auge. Estudios del Centro de Memoria Histórica indican que en 339 municipios del país hay paramilitares. . Se recibieron denuncias de la convivencia de la fuerza pública y la persistencia de estructuras políticas y económicas de apoyo.

Hay miedo en las comunidades rurales con presencia de las guerrillas por la creciente llegada de paramilitares. En El Playón, zona del Alto Mira nos dijeron: “Si ahora no hay garantías después de la desmovilización habrá menos, porque los paramilitares están en la carretera esperando el momento para entrar y golpearnos, controlar el territorio y a las organizaciones comunitarias. Hasta ahora no han podido porque están las FARC con el Frente 29, la Columna Móvil Daniel Aldana y la Mariscal Sucre, pero después ¿Quién nos va a dar garantías? ¡Es que lo que se acuerda en La Habana aquí no se ve!”[1]. En las regiones visitadas los paramilitares ejercen control social, económico, político y militar, amenazan, violan, asesinan, desplazan y desaparecen a quien denuncie la corrupción, a opositores del gobierno o del modelo económico neoliberal y de los grandes proyectos de inversión.

La cifra de personas desparecidas cambia según la institución consultada. Para la Fiscalía son más de 70.000. Para el Registro Nacional de Desaparecidos son 22.366 de las cuales 2.511 son mujeres. Para la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas son 45.515.

Las cifras oficiales registran que en Colombia hay 6.897.450 personas en situación de desplazamiento forzado, una cifra que en el 2016 superó a la de Siria (ACNUR), seguidas por seguidas por Irak (3,6 millones), la República Democrática del Congo (2,8 millones) y Sudán (1,5 millones).

La situación de 122.000 personas presas es ilegal, de ellas casi 46.000 están detenidas sin haber sido juzgadas por dos o más años. Prisioneros de guerra de las FARC y del ELN recluidos en máxima seguridad en la cárcel Picaleña (Ibagué), aislados en un pabellón de extraditables, alejados de sus familias, sin acceso a servicio médico incluso mediando orden judicial, sin información sobre los diálogos de La Habana, represaliados, sin defensa jurídica. Algunos llevan más de dos años presos sin juicio.

La violencia contra las mujeres es un problema generalizado pues el 85,57% de las víctimas de violencia de pareja y el 85,08% de los delitos sexuales, son mujeres.[2] Se espera que la situación mejore con la Ley 1751/15 que tipifica el feminicidio.

Preocupa el ocultamiento de las reformas del sector de inteligencia. No se ha reconocido que el DAS fue disuelto por estar infiltrado por narcotraficantes y paramilitares, y por ejecutar actividades ilegales dentro y fuera de Colombia.

Los grupos humanos más vulnerables siguen siendo defensores-as de ddhh, sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas y de las comunidades afros, periodistas, activistas comunitarios, opositores-as políticos, ambientalistas, defensores-as de la economía campesina y de los territorios sobre los que hay proyectos mineros y agroindustriales en curso, dirigentes de organizaciones de estudiantes, gente LGBTI, mujeres, niñas/os y ancianos habitantes de las calles y de las zonas con conflicto armado.

Se agravó la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado.

Los pueblos indígenas con territorios en zonas de conflicto armado denunciaron ataques graves por las partes enfrentadas.

Hay combates en amplias zonas con graves violaciones de los ddhh: fronteras con Venezuela, Ecuador, departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Sder., Arauca, Casanare, Sur de Biolivar, Antioquia, Chocó…

Persecución, abusos policiales a los vendedores-as ambulantes en todo el país, a pesar del fallo de la C.C. que prohíbe desalojos por la fuerza, retención de mercancías y que ordena la transición a otra actividad.

Parte importante de la estigmatización que propicia ataques viene de los medios masivos de comunicación: PRISA, PLANETA, Grupo Ardila Lulle-RCN, monopolios que ocultan la responsabilidad de la fuerza pública y la existencia del paramilitarismo.

A DANIEL ABRIL lo mataron el 13 de noviembre/15 en Trinidad-Casanare. Era líder campesino, ambientalista, representante en la Mesa Nacional de Garantías.

CARLOS ALBERTO PEDRAZA desapareció el lunes 19 de enero de 2015 en el centro de Bogotá. Su hermano estuvo aquí con el PAV. Era del MOVICE, y del Congreso de los Pueblos. “La investigación la lleva la Fiscalía 98 de Derechos Humanos pero no hay resultados, un año y medio después de su muerte la impunidad es total.”

La protección del gobierno a los grupos más vulnerables es inexistente, insuficiente o ineficaz.

Continuaron las ejecuciones extrajudiciales. “Durante 2015, la Oficina documentó 10 casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida a manos de efectivos militares en Antioquia, Cauca, Tolima, Arauca, Meta, Norte de Santander y Caquetá. El Ejército calificó 5 de ellos como “errores militares”, sin esclarecer las causas operacionales, de mando y control, de indisciplina táctica y/o de inobservancia de procedimientos

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Gran parte de las grandes empresas, nacionales y extranjeras, que operan en Colombia no respetan las normas laborales ni ambientales, y se benefician del terror antisindical, de la pérdida de derechos de los-as trabajadores-as, del desplazamiento forzado de personas y del despojo territorial a campesinos-as, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.

La Delegación recibió denuncias contra Anglo Gold Ashanti, que se sigue beneficiando de las amenazas de muerte de los paramilitares contra los opositores de la gran minería; Oleoductos del Norte, por impago de salarios y de cuotas de la seguridad social; Halliburton, por imponer a los obreros del petróleo condiciones ilegales de trabajo, jornadas de 12 horas, bajos salarios, violación de los derechos de asociación sindical y de contratación colectiva al perseguir a los obreros que protestan; Occidental Petroleum, por beneficiarse del terror y obligar a los obreros a viajar de noche con la tropa en zonas de guerra donde son usados como escudo por el ejército; PERENCO, por amenazar a personas que denuncian sus vertidos a las fuentes de agua; CERREJON que explota las minas de carbón en territorios del pueblo wayúu y en cuyo entorno están muriendod e hambre y sed miles de niños-as y ancianos-as wayúu; Forest First de los Estados Unidos que se está beneficiando del despojo violento de tierras que deforesta.

Según la Escuela Nacional Sindical, en Colombia el 48.6% de los trabajadores son pobres, ganan un salario mínimo o menos; 12´573.409 trabajadores no tienen protección en riesgos laborales, 3 millones de trabajadores del campo no tienen contrato laboral, son jornaleros; 64% de trabajadores carece de alguna protección en seguridad social; y 3´700.000 personas padecen de relaciones laborales ilegales.

Récords:

Colombia sigue siendo el país más peligroso para el ejercicio actividad sindical; con más víctimas de minas antipersona; con más refugiados internos, por encima de Siria; con altos niveles de violencia sexual; uno de los países del mundo con mayor desigualdad en tierras, ingresos, rentas y riqueza; tercer país más peligroso para quienes defienden el medio ambiente; país de América con mayor número de prisioneros políticos, de guerra y de conciencia; país de América con más casos de ejecuciones extrajudiciales; uno de los países con mayor impunidad.

RECOMENDACIONES

Al gobierno colombiano:
Otorgar garantías y proteger de manera efectiva a los-as líderes sociales y a quienes defienden los Derechos Humanos, sin los cuales no será posible la democracia plena ni la creación de vías de diálogo para atender las demandas legítimas expresadas en el conflicto social, económico y político.

Entablar diálogos para el cese del conflicto con el EPL.

Declarar el cese bilateral e indefinido del fuego y de las hostilidades con todas las guerrillas.

Combatir de manera efectiva el paramilitarismo y sus estructuras económicas y políticas.

Establecer planes de democratización política y económica, en particular una reforma agraria integral y masiva, y mecanismos de redistribución de la riqueza y del ingreso.
Resolver la impunidad atacando las causas estructurales que la originan.

A la Unión Europea y al Gobierno de España

Incluir como prioridad en la etapa de post-acuerdos el apoyo a los planes de desarrollo social y económico propios de las comunidades con participación directa de sus organizaciones.

La 12 Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia está integrada por:
· TANIA GONZÁLEZ PEÑAS Eurodiputada de PODEMOS, miembro del Parlamento Europeo, integrante del Grupo de Izquierda Unitaria Europea GUE-NGL; Vicepresidenta de la Delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina, portavoz de la XII Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia.
· LUCIA MONTEJO ARNAIZ, Diputada de PODEMOS en la Junta General del Principado de Asturias, JGPA; Presidenta de la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales de la JGPA.
· BELÉN GARZÓN SÚCAR, Representante de la ONG Ingeniería Sin Fronteras Asturias.
· AQUILINA FUEYO GUTIÉRREZ, Profesora de Ciencias de la Educación, Facultad de Pedagogía, Universidad de Oviedo.
· JAVIER ARJONA MUÑOZ, Integrante de la Asociación de Derechos Humanos y Cooperación Internacional Soldepaz Pachakuti.
· CARLOS MARIA MEANA SUÁREZ Abogado laboralista, expresidente de ACSUR Las Segovias.
· JAVIER OROZCO PEÑARANDA, Coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos.

Agradecimientos:
A los Ayuntamientos de Oviedo y Langreo, a IMPULSA2; a Soldepaz Pachakuti; a las nueve organizaciones del Comité de Selección del Programa Asturiano en Colombia: Derechos Humanos CUT, CPDH, ANDAS, FCSPP, CAJAR, Derechos Humanos ONIC; CNA, FENSUAGRO, MOVICE.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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