CIDH ordena al Estado colombiano proteger a defensor amenazado en Puerto Gaitán

Jueves 9 de febrero de 2017, por Prensa - Colectivo

El 19 de diciembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares (1) a favor del líder comunitario Héctor Sánchez Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Rubiales del municipio de Puerto Gaitán, Meta e integrante de la Unión Sindical Obrera, USO. Estas medidas obligan al Estado colombiano a realizar todas las acciones necesarias para garantizar efectivamente la vida e integridad personal y demás derechos individuales y colectivos del líder y ambientalista

Defensores de derechos humanos | Ambientalistas | Amenazas | Sindicalistas | Meta |

El 19 de diciembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares (1) a favor del líder comunitario Héctor Sánchez Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Rubiales del municipio de Puerto Gaitán, Meta e integrante de la Unión Sindical Obrera, USO. Estas medidas obligan al Estado colombiano a realizar todas las acciones necesarias para garantizar efectivamente la vida e integridad personal y demás derechos individuales y colectivos del líder y ambientalista, y fueron solicitadas por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” en consideración a los diversos actos de amenaza, hostigamiento y persecución en contra del líder sindical y social.

A pesar de la asignación de un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, compuesto por un chaleco blindado, un medio de comunicación y un apoyo económico para trasportes, la situación de riesgo del señor Sánchez no había mejorado, entre otras razones, porque las investigaciones judiciales por hechos de amenazas y hostigamiento no han tenido ningún avance hasta la fecha.

Cabe recordar que como líder sindical de la USO en el año 2011. Héctor Sánchez fue vinculado a diferentes procesos penales por la supuesta comisión de delitos en el marco de protestas sociales, en las cuales las comunidades y los trabajadores del Campo petrolero Rubiales y Quifa exigían sus derechos laborales y ambientales a la empresa Pacific E&P. En este sentido, aunque es claro que la participación en manifestaciones sociales legítimas y pacíficas es un derecho fundamental, las empresas petroleras insisten en su ejercicio de denuncia e incitación a la persecución penal en contra de ambientalistas como el señor Sánchez.

El 8 de marzo de 2016, el Comité Ambiental, Agrario y Comunitario de Rubiales, representado por el señor Héctor Sánchez Gómez, presentó una acción popular civil contra Pacific E&P, Ecopetrol, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y otros, por la sismicidad presentada en Campo Rubiales desde abril de 2011, como consecuencia de los altos volúmenes de inyecciones de aguas en el proceso de extracción petrolera.

La acción popular interpuesta por el Comité Ambiental de Puerto Gaitán, solicitó en primera medida la suspensión de la licencia ambiental, en atención además a la falta de regulación por parte de las autoridades ambientales.

El impacto en los derechos laborales y ambientales de estas actividades extractivas que Héctor ha contribuido a visibilizar, también está documentado en el informe El Costo Humano del Petróleo, publicado por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, en julio de 2016.

Héctor ha sido objeto de constantes hostigamientos y amenazas por su labor de defensa de los derechos laborales y ambientales en su región. Sólo en el 2016 ha se han presentado cuatro episodios de seguimientos, tomas de fotografías y amenazas en su contra.

El 18 de mayo de 2016, por ejemplo, el líder recibió a su whatsapp, un panfleto en el que un llamado “Grupo de Limpieza Social”, lo amenazaba de muerte junto a otros líderes como Alex Castrillón, Hugo Mejía, Nesler González, Claudia Fierro Camacho, Neiret Escobar, señalándolos de obstaculizar “la labor de otras personas y empresas”. Luego, el 14 de septiembre cuando se dirigía a la vereda Rubiales desde Puerto Gaitán, en la camioneta que ha sido asignada como esquema de protección temporal al líder comunitario y ambientalista, se percató de que empleados de la empresa de seguridad privada Fidelity, que presta servicios en el campo petrolero salieron a la vía para anotar las placas de su vehículo. Esta empresa está siendo investigada por la Superintendencia de vigilancia y seguridad.

Posteriormente, el 28 de noviembre anterior, circuló en la vereda Rubiales un panfleto amenazante en contra de Héctor Sánchez, suscrito por el grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Campesinas – Estado Mayor Del Bloque Meta –Vichada – Juaviare (M.V.J) (Sic)”.

En audiencia pública, realizada el día 7 de diciembre pasado en el Congreso, por crímenes contra defensoras y defensores de derechos humanos en el contexto de las conversaciones de paz, Héctor presentó su denuncia directamente al Fiscal General de la Nación, enseñando al auditorio el panfleto mediante el cual fue amenazado.

Nota:

1. Las medidas cautelares son medidas preventivas que buscan salvaguardar derechos o evitar que se consume algún peligro o daño contra una persona. Por lo general las medidas operan en medio de un proceso ante instancias internacionales o nacionales, pero también operan en casos de extrema gravedad o urgencia que requieran una decisión inmediata.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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