Cajar solicita que homicidio de teniente del Ejército Nacional sea declarado crimen de Lesa Humanidad

Viernes 29 de mayo de 2015, por Prensa - Colectivo

Este caso corre peligro de quedar en la impunidad debido a múltiples dilaciones injustificadas y a la inactividad investigativa y procesal. Luego de ocurrido el homicidio del Teniente Molina Guerrero, en el mes de Marzo de 1995 y ante las crecientes sospechas de los familiares, se instaura la respectiva denuncia en la cual se señala directamente a los miembros del grupo de Caballería Mecanizado Nº 5 “Hermógenes Maza”, de ser los determinadores del crimen en contra del Teniente del ejército Nacional. (Ilustración: Betto)

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El pasado 20 de Abril el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, solicitó a través de un recurso de reposición enviado a la Fiscalía primera delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta, que el homicidio del Teniente del ejército Francisco Antonio Molina Guerrero sea declarado como crimen de Lesa Humanidad. En dicho Homicidio se encuentran vinculados miembros del Grupo CAES (Comando Antiextorsión y Secuestro), adscrito al grupo de Caballería Mecanizado N°5 “Hermógenes Maza”, con sede en la ciudad de Cúcuta.

El recurso fue presentado ante el despacho como consecuencia del pronunciamiento realizado por esa fiscalía el día 19 de Marzo de 2015, mediante el cual dispuso la Preclusión de la investigación penal en contra de los procesados William Roberto del Valle, Henry Jesús Salcedo Jaimes y Hernando Albán Linares.

Al tiempo, esta fiscalía decidió no estudiar un recurso de apelación anterior interpuesto por el Cajar, en contra de la decisión tomada el 31 de Diciembre de 2014, por el despacho 56 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, con sede en la ciudad de Cúcuta que resolvió abstenerse de decretar medida de aseguramiento en contra de los miembros del ejército nacional implicados y cerrar la investigación por el Homicidio del Teniente Molina.

Como se encuentra probado en el proceso, los propios miembros del estado colombiano, en este caso miembros del ejército nacional, buscaron con este crimen obstruir la investigación llevada a cabo por el Teniente Molina Guerrero sobre los vínculos entre Narcotraficantes, Paramilitares, -específicamente un reconocido narcotraficante de la ciudad de Cúcuta, alias Papo, quien era dueño del Bar Rumichaca ubicado en la misma ciudad- y miembros del grupo Mecanizado Nº 5 “General Hermógenes Maza”.

Este caso corre peligro de quedar en la impunidad debido a múltiples dilaciones injustificadas y a la inactividad investigativa y procesal. Luego de ocurrido el homicidio del Teniente Molina Guerrero, en el mes de Marzo de 1995 y ante las crecientes sospechas de los familiares, se instaura la respectiva denuncia en la cual se señala directamente a los miembros del grupo de Caballería Mecanizado Nº 5 “Hermógenes Maza”, de ser los determinadores del crimen en contra del Teniente del ejército Nacional.

A partir de ese momento, transcurren cinco años sin que se desarrolle actividad investigativa sobre las verdaderas causas del homicidio, esto a pesar de los constantes esfuerzos de los familiares por impulsar el proceso. Solamente pasados 15 años y ante el desgaste al que se vieron sometidas las víctimas, el Cajar asumió la representación de las víctimas e hizo grandes esfuerzos para el impulso del el proceso.

Fue así como, ante las insistentes peticiones a la fiscalía, se vinculó mediante indagatoria a los miembros del grupo de Caballería Mecanizado “Maza”, Henry Salcedo Jaimes, William Roberto del Valle y Hernando Albán Linares.

Luego de obtener la efectiva vinculación de estos a principios del año 2013, por medio de varios memoriales, en repetidas ocasiones , se solicitó a la Fiscalía 56 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, la resolución de la situación jurídica de los sindicados, para lo cual se dispone de un término legal de diez días. Pero solamente después de casi dos años dicha solicitud fue atendida por la Fiscalía 56 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, el 31 de Diciembre de 2014.

Un elemento de contexto de la impunidad y falta de debida diligencia judicial en este caso es la existencia de suficientes motivos de juicio y una sentencia judicial en firme que demuestran la vinculación y pleno compromiso delictivo entre funcionarios de la Dirección Nacional de Fiscalías con sede en Cúcuta y miembros de grupos Paramilitares para la misma época de los hechos y la década posterior en que las investigaciones no avanzaron. Diferentes postulados de los grupos paramilitares que operaban en la región de Norte de Santander han hecho señalamientos claros en este sentido .

Este homicidio comparte características similares con otros hechos violentos en contra de servidores públicos, sobre los que se cuenta con amplia documentación e incluso con sanciones internacionales al estado Colombiano como en el caso del asesinato de jueces conocido como la masacre de La Rochela.

Aunque el Teniente Francisco Antonio Molina Guerrero no tenía la calidad de funcionario judicial, sí se encontraba adelantando una investigación con miras a una posible denuncia o proceso judicial, en razón de los delitos cometidos por sus superiores y compañeros de filas, motivo por el cual, según el abundante material probatorio, estos abrían atentado contra su vida.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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