Cambio de estrategia en Ejecuciones Extrajudiciales

Jueves 21 de mayo de 2009, por Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Frente al carácter sistemático y generalizado que han adquirido as ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, las cuales permanecen en la impunidad en la inmensa mayoría de los casos, el Gobierno Nacional ha optado por minimizar los casos o negar su ocurrencia

Víctimas del conflicto | Abusos de la Fuerza Pública |

La situación de derechos humanos y derecho humanitario
en Colombia continúa siendo grave. En el período comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008 se registró que por lo menos 1.492 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica [1] De ellas, 182 fueron desaparecidas forzadamente. En los casos en los que se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (923 víctimas), el 82,01% de los casos se atribuyeron a la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 32,06% (296 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas
por paramilitares el 49,94% (461 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría del 17,98% de los casos (166 víctimas) [2] La Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos reportó 535 casos de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública entre
enero 1 de 2007 y junio 30 de 2008, es decir, un
caso por día.

Sin embargo, frente al carácter sistemático y generalizado
que han adquirido las ejecuciones extrajudiciales
directamente atribuidas a la Fuerza
Pública, las cuales permanecen en la impunidad
en la inmensa mayoría de los casos, el Gobierno
Nacional ha optado por minimizar los casos o
negar su ocurrencia. El Presidente Uribe recientemente
declaró, contra toda evidencia, que “solo existen 22 casos comprobados” de falsos
positivos, y que “la Fuerza Pública no se dejará
acomplejar por centenares de falsas acusaciones”.
Para el presidente Uribe las denuncias sobre
estas graves violaciones a los derechos humanos
se producen porque “mucha gente, amparada
en el tema de ‘falsos positivos’, lo que ha
hecho es crecer falsas acusaciones, para tratar
de paralizar la acción de la Fuerza Pública contra
los terroristas” [3]. Sin embargo, la propia Fiscalía
General de la Nación reporta que la Unidad
Nacional de Derechos Humanos tiene en sus manos
1.009 casos, en los que se comprenden 1.666
víctimas, de las cuales 1.507 son hombres; 108
mujeres y 51 menores de edad [4].

Por otra parte, los hechos conocidos de desaparición
y posterior ejecución de cerca de 22 jóvenes
ejecutados en el municipio de Ocaña y provenientes
en su mayoría de barrios marginados de
Soacha y el Sur de Bogotá, llevaron a la separación
del cargo a 27 oficiales del Ejército Nacional
y la renuncia del Comandante General del
Ejército y la promulgación de algunas medidas
que han llevado al Gobierno colombiano a decir
que el problema de las Ejecuciones Extrajudiciales
es un asunto superado. El Ministro de Defensa
Juan Manuel Santos ha dicho que lo que hay
es “un interés perverso de inflar las cifras” y que
"a esa práctica acuden los enemigos del presidente
Uribe, de la política de seguridad democrática y de la fuerza pública" [5] Según el Ministro
Santos, “desde octubre del año pasado no se
ha presentado ni un solo caso” [6]. Esta afirmación
tampoco es cierta, pues a pesar de un cambio en
las modalidades de las ejecuciones extrajudiciales
que buscan invisibilizar su comi sión, han
continuado apareciendo nuevas denuncias, que
involucran directamente a miembros de la Fuerza
Pública. Para mencionar solo un caso en el cual
los propios organismos judiciales han desmentido
esta afirmación, el 16 de diciembre pasado
fue asesinado Edwin Legarda, activista del Consejo
Regional Indígena del Cauca, esposo de
Aída Quilcué, líder de la Minga indígena. Edwin
Legarda fue asesinado en una emboscada del
Ejército al vehículo en que se movilizaba, por
miembros del Batallón José Hilario López, de la
III Brigada del Ejército, caso en el cual un juez
dictó medida de aseguramiento contra los siete
uniformados, luego de que el fiscal del caso expresara
que se trató de "un falso positivo planeado,
en el que se violaron todos los protocolos establecidos
para que la Fuerza Pública proteja la
integridad de la ciudadanía" [7] Algunos otros casos se muestran en el Anexo 1.

Sin embargo, uno de los fenómenos que las
organizaciones que hacen parte de la Mesa sobre
Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa
Estados
Unidos han
denunciado es que el escándalo que se generó en
el mes de octubre de 2008 por la magnitud que
adquirieron las ejecuciones extrajudiciales en
todo el país (denunciadas a partir de los hechos
de Ocaña Soacha,
pero que permitieron
conocer de múltiples denuncias de casos
similares en una gran cantidad de regiones del
país), ha sido seguido de medidas contradictorias
sobre el tratamiento de estas acciones
criminales, así como la aparición de nuevas
modalidades de comisión de las ejecuciones
extrajudiciales que buscan adaptarse a los nuevos
criterios y directivas emanadas del Ministerio de
Defensa, y que buscan dar la sensación de que se
estaría acatando la orden de poner fin a las
ejecuciones, pero continuando la práctica de las
mismas, solamente que ahora poniendo especial
cuidado en que las nuevas ejecuciones no sean
reportadas (públicamente) y los cadáveres sean
diligentemente ocultados, para no dejar rastros
de la responsabilidad de los autores de estos
hechos ilegales. Como ejemplo de ello, el día 2
de abril Monseñor Francisco Antonio Nieto,
Obispo Auxiliar de Ciudad Bolívar, denunció a
Caracol Noticias TV, que cadáveres de 11
jóvenes asesinados en Ciudad Bolívar habían
sido ocultados por personas que llegaron en
camionetas para retirarlos del sector.

Entre las medidas contradictorias hay que
mencionar la promulgación de directivas que de
manera pública mandan a la Fuerza Pública
evitar los homicidios en persona protegida, pero
que conviven con directivas que, de manera
secreta, ofrecen remuneración económica por la
presentación de personas reportadas como
muertas en combate. Quiere decir que frente a
las ejecuciones extrajudiciales existe una estructura dual y ambigua de sanciones y
beneficios que mientras anuncia públicamente
sanciones si se producen, ofrece secretamente
premios por producirlas.
Consecuente con ello, lo que se ha venido
observando en muchas regiones es que las
acciones de privación del derecho a la vida de
líderes sociales, opositores políticos y miembros
de organizaciones sociales y sectores vulnerables
han venido siendo adelantadas de manera
prioritaria a través de acciones de desaparición
forzada,como
modalidad de ocultamiento de las
ejecuciones extrajudiciales y, mediante la
reanudación de los casos de ejecuciones
extrajudiciales con responsabilidad indirecta de
la Fuerza Pública a través de la comisión de las
mismas por parte de paramilitares que actúan
con complicidad o aquiescencia de los
uniformados. En la mayor parte de los casos, las
desapariciones forzadas tienen siempre como
finalidad una posterior ejecución extrajudicial,
sólo que en los últimos meses las previsiones
han estado orientadas a que cuando estas
ejecuciones extrajudiciales suceden ya no se
reporten (de manera pública) como “positivos”
de guerra y que no se dejen rastros de los
cadáveres. Esta modalidad ya había sido
demostrada a partir de la detención, desaparición
y ejecución del dirigente sindical Guillermo
Rivera, del Sindicato de la Contraloría, detenido
por la Fuerza Pública en Bogotá el 22 de abril de
2008 y enterrado, luego de su desaparición, en la
ciudad de Ibagué, de manera anónima, sin
reportar su detención ni mucho menos su
ejecución como un “positivo” de la seguridad
democrática, permaneciendo como un caso de
desaparición forzada hasta que su cuerpo fue
descubierto con señales de tortura el pasado 16

Nuevas estrategias en Ejecucioens Extrajudiciales

Notas

[1“En el mismo período, 1.007 personas murieron en combate”..

[2Datos de la Comisión Colombiana de Juristas..

[3“Uribe dice que solo existen comprobados 22 casos de ’falsos
positivos’”. Caracol Radio. Marzo 23 de 2009.
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=782914

[4“Fiscalía investiga más de mil casos de homicidios que
involucran a militares”. El Espectador, 30 de abril de 2009.
http://www.elespectador.com/falsospositivos/
articulo138578fiscaliainvestigamasdemilcasosdehomicidiosinvolucranmilitar

[5“Cifras sobre ‘falsos positivos’ han sido infladas, según
Mindefensa”. En: El Espectador. 21 de Abril de 2009.
http://www.caracoltv.com/noticias/politica/articulo136288cifrassobrefalsospositivoshansidoinfladassegunmindefensa.

[6“La esencia de la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas es el
apego a la ley y el respeto absoluto a los DDHH, Ejército.mil.co,
22 de abril de 2009. http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=222162

[7“Muerte de indígena en Cauca fue un ’falso positivo’, asegura la
Fiscalía”. El Tiempo. 2 de mayo de 2009.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/muertedeindigenaencaucafueunfalsopositivoaseguralafiscalia_
51143271

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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