Capturados militares por magnicidio de esposo de Consejera Aida Quilcue.
¿Coincidencias, Justicia, o más de lo mismo?

Miércoles 6 de mayo de 2009, por ACIN

Esperamos que el magnicidio -que fuera un mensaje de terror contra la Minga de Resistencia Social y Comunitaria- no se convierta ahora en un pretexto absurdo para que unas condenas insuficientes lleven a la aprobación de Tratados de Libre Comercio que le den la absolución política a un Gobierno que debe responder por estos hechos. Sería como el caso del hijo que después de asesinar a sus padres le pide al juez que lo absuelva en consideración a que se trata de un huérfano.

Indígenas | Abusos de la Policía |

El 16 de diciembre de 2008, se conmemoraba el 17 aniversario de la masacre de El Nilo. Al amanecer, una extraña noticia se escuchó en las cadenas radiales comerciales: una camioneta o ambulancia con armas se dirigía hacia Popayán desde Tierradentro en el Departamento del Cauca. Luego recogimos una noticia en la voz de un testigo presencial: un indígena que se encontraba en el lugar de hechos criminales. El ejército había disparado sin provocación contra el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) Aida Quilcué. Edwin Legarda, su compañero, quien conducía el vehículo, había sido trasladado, gravemente herido a Popayán. Recibió tres impactos de fusil de frente. El vehículo había recibido 17 impactos de bala. 3 de frente y el resto a ambos lados. No hubo retén ni se hizo señal alguna para que se detuviera. Edwin falleció en Popayán. El atentado era, según toda la evidencia, un intento de magnicidio por parte del Ejército colombiano contra la líder máxima del CRIC

La W, una emisora con enorme audiencia, fue informada por el Tejido de Comunicación de la ACIN sobre los hechos, para que se dieran a conocer al país de manera directa y sin distorsiones. Dimos las coordenadas de un testigo local. Prometieron llamarlo y dar la noticia. Durante un segmento de homenaje al ejército nacional, el General Justo Eliseo Peña, Comandante de la Tercera División con sede en Cali, estaba al aire dando su versión. Fue la versión inicial que escuchó el país. La W y el periodista Julio Sánchez Cristo, no permitieron que la versión de los testigos fuera la primera en ser presentada. El General prometió investigar, pero aseguró que el vehículo no se había detenido en un retén.

Uno de los voceros del Tejido de comunicación de la ACIN, quien intentó presentar la versión de testigos directos: un atentado del ejército sin provocación alguna contra un vehículo plenamente conocido e identificado como el de la Consejería Mayor del CRIC, fue señalado falsamente al aire, de tener vínculos con las FARC. Intentaron en la W, desvirtuar al aire un testimonio. Extrañamente, esta entrevista nunca apareció en la página electrónica de la emisora. Se le daba la palabra al ejército, se validaba de manera anticipada la versión oficial. ¿Cómo era posible que un vehículo que no se detuvo en un retén militar tuviera impactos de fusil de frente y de lado y ninguno por detrás? ¿Pasó el retén militar en reversa?

La comunidad y la Guardia Indígena retuvieron a los militares implicados en los hechos y hallaron dos fusiles AK 47 en su poder, sin que pudieran explicar los soldados a quienes pertenecían. Exigieron y obtuvieron dos compromisos antes de liberar a los soldados a manos de la justicia. 1. La justicia ordinaria se ocuparía de la investigación. No la justicia militar. 2. La falsa versión del retén militar inexistente, sería reemplazada por la verdad de los hechos.

Todo apuntaba a un intento de magnicidio encubierto como un falso positivo para implicar al CRIC y a su Consejera Mayor con las FARC. La Consejera regresaba ese día de Ginebra a una evaluación de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. El Presidente Uribe pasaba por encima de los compromisos adquiridos por su Gobierno con el esclarecimiento de la verdad y la justicia.

En declaración pública, al día siguiente, el 17 de diciembre, reiteraba la versión del retén violentado, después de que fueran entregados los soldados a la justicia, después de que se llegara a los acuerdos mencionados entre las autoridades militares y las autoridades indígenas. Esa versión insostenible que ya no defendía ni el propio ejército en el lugar de los hechos, era presentada como la versión oficial por el propio Presidente de la República.

¿Coincidencias, justicia o maniobras?

1. Voceros de reconocidos Organismos de Derechos Humanos, de Gobiernos e instituciones diversas del ámbito internacional, horrorizadas ante el atentado y el atroz asesinato de Edwin Legarda y ante la evidencia y testimonios que parecen involucrar directamente al Estado y al Gobierno colombiano, reaccionaron con firmeza y declararon su compromiso de no cesar en su empeño de exigir que se hiciera justicia. Este atentado magnicida no podía quedar en la impunidad.

2. El Gobierno del Reino Unido anuncia el pasado miércoles 29 de abril de 2009, mientras el Presidente Uribe se encuentra en Europa, que da por terminada la ayuda militar bilateral a Colombia por las grotescas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas: para el Gobierno colombiano este es un baldado de agua fría, un “terrible golpe” por parte de “un gran aliado”.

3. El Presidente Uribe se encuentra en proceso de negociar un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que espera completar en el mes de junio. Tratado en el que hace concesiones aún mayores a las que hiciera a los EEUU en otro tratado que no ha sido ratificado por el Congreso y el Gobierno Demócrata de los EEUU, precisamente por las violaciones a los derechos humanos que involucran al Gobierno colombiano. A través del TLC con la Unión Europea (y otro que se debate ahora mismo en el Parlamento Canadiense), el Gobierno Uribe pretende obtener una absolución política por los crímenes de lesa humanidad, la parapolítica, los “falsos positivos” y la corrupción. Ello (talvez) le permitiría reabrir la posibilidad de ratificar el TLC con EEUU y protegerse de las investigaciones y cuestionamientos contra su Gobierno.

4. En este contexto, hoy, 30 de abril de 2009, mientras se reúne el XIII Congreso del CRIC bajo el liderazgo de la Consejera Aida Quilcué, quien entrega su mandato, se anuncia la captura de 5 soldados y dos suboficiales involucrados en lo que los medios ahora denominan abiertamente como un “asesinato”.

El 16 de diciembre seguirá siendo una fecha dolorosa de conmemoración del horror del Estado contra los pueblos indígenas del Cauca. Esa fecha fue escogida para cometer un magnicidio que hoy parece reconocerse. Parece, porque acá falta mucha verdad y toda la justicia. ¿Quién dio la orden de que se cometiera el magnicidio? ¿Qué sabían los altos mandos militares y el propio Presidente Uribe? ¿Por qué insistió el Presidente Uribe en reiterar la versión del retén militar cuando esta ya había sido desvirtuada? ¿Qué papel jugaron a raíz del atentado los medios comerciales de comunicación y qué papel pretenden jugar ahora? ¿Por qué se capturan únicamente suboficiales y soldados, acaso pretenden decirnos que actuaron solos, sin mandos, sin órdenes? ¿Qué tiene que ver la gira del Presidente a Europa, la negociación del TLC y el anuncio de finalizar la ayuda militar bilateral por parte del Reino Unido por este tipo de hechos con la decisión súbita de capturar a los soldados?

Esperamos que se haga justicia. Exigimos que se haga justicia. Esperamos que no se busquen chivos expiatorios o que todo esto termine con autores materiales de bajo rango mientras la autoría intelectual se encubre. Esperamos que los 7 capturados digan y puedan decir de donde vinieron sus ordenes.

Esperamos que el magnicidio -que fuera un mensaje de terror contra la Minga de Resistencia Social y Comunitaria- no se convierta ahora en un pretexto absurdo para que unas condenas insuficientes lleven a la aprobación de Tratados de Libre Comercio que le den la absolución política a un Gobierno que debe responder por estos hechos. Sería como el caso del hijo que después de asesinar a sus padres le pide al juez que lo absuelva en consideración a que se trata de un huérfano.

Recordamos que la Minga de Resistencia Social y Comunitaria rechaza los Tratados de Libre Comercio porque despojan a nuestros pueblos, nos empobrecen, nos niegan libertades, nos expropian y se sirven del terror para sus fines egoístas.

Los medios que encubrieron, que repitieron la versión oficial del retén inexistente, hoy hablan de asesinato. Puede ser un buen comienzo si quienes obedecieron las órdenes de cometer un delito atroz, confiesan y asumen su participación en un crimen y ayudan a esclarecer toda la verdad. Un buen comienzo si se les permite hablar. Un buen comienzo si no fuera porque en Colombia, hasta por los delitos confesos comprobados con evidencias como el de cohecho (hecho entre dos), terminan en condenas a la parte que confiesa y en impunidad para la contraparte del alto Gobierno que soborna y presiona. Un buen comienzo, si empezara por fin el camino hacia la justicia por la verdad.

Solamente la presión permanente desde Colombia y el mundo hará que este camino se haga realidad. Un comienzo del camino hacia la paz y la democracia en Colombia, si los Gobiernos de la Unión Europea, del Canadá y de los Estados Unidos, que se proclaman como defensores de la justicia y de los derechos humanos, no se hacen cómplices de un Gobierno que debe responder por delitos atroces.

Edwin Legarda y las víctimas del Nilo, no habrán sido asesinados para que se siga por el camino del exterminio, la pobreza y el engaño para alimentar la codicia y la exclusión.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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