Carta abierta al director del periódico El Tiempo

Martes 4 de noviembre de 2014, por Asonal Judicial

La consecución pronta de los recursos necesarios para prorrogar sin solución de continuidad las actuales medidas de descongestión y la incorporación de sus 8700 servidores a las plantas permanentes de juzgados y corporaciones judiciales, es una de las seis (6) peticiones que formulamos en el marco del Paro Nacional Indefinido iniciado el 9 de octubre de este año, la cual, por cierto, aún no ha sido resuelta, como erradamente lo afirma en su escrito, dado que para mantenerlas se requieren 73.000 millones de pesos y sólo se han conseguido 43.000 millones, lo cual significa que serían suprimidas el 40% de las mismas y desvinculados 1.200 trabajadores, con el agravante que 29.000 millones provendrían del presupuesto de inversión de la Rama Judicial, es decir, sacrificando programas de construcción y dotación de salas de audiencias, conectividad tecnológica y reparación de sedes judiciales, a lo cual se añade que la prórroga hecha en agosto último fue financiada en parte con dineros de las cesantías, cuyo monto de 50.000 millones de pesos todavía no ha sido restituido a la Rama Judicial por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como se obligó en esa fecha.

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ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL “ASONAL JUDICIAL”

CARTA ABIERTA AL DIRECTOR DEL PERIODICO EL TIEMPO

Bogotá, D.C., 4 de noviembre de 2014

Señor
ROBERTO POMBO
Director General
Diario El Tiempo
Ciudad

Distinguido señor

Con el debido respeto y a fin de precisar el alcance del editorial divulgado el 30 de octubre de 2014, nos permitimos informarle lo siguiente:

1. La consecución pronta de los recursos necesarios para prorrogar sin solución de continuidad las actuales medidas de descongestión y la incorporación de sus 8700 servidores a las plantas permanentes de juzgados y corporaciones judiciales, es una de las seis (6) peticiones que formulamos en el marco del Paro Nacional Indefinido iniciado el 9 de octubre de este año, la cual, por cierto, aún no ha sido resuelta, como erradamente lo afirma en su escrito, dado que para mantenerlas se requieren 73.000 millones de pesos y sólo se han conseguido 43.000 millones, lo cual significa que serían suprimidas el 40% de las mismas y desvinculados 1.200 trabajadores, con el agravante que 29.000 millones provendrían del presupuesto de inversión de la Rama Judicial, es decir, sacrificando programas de construcción y dotación de salas de audiencias, conectividad tecnológica y reparación de sedes judiciales, a lo cual se añade que la prórroga hecha en agosto último fue financiada en parte con dineros de las cesantías, cuyo monto de 50.000 millones de pesos todavía no ha sido restituido a la Rama Judicial por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como se obligó en esa fecha.

2. La política de restricción presupuestal impuesta por los gobiernos de turno a la Rama Judicial es tan marcada que durante los últimos 15 años el déficit entre los dineros requeridos y los apropiados se ha ampliado desproporcionadamente, al punto que en el año 2014 el 40% de las necesidades del sector no contaron con la respectiva financiación, aunado a que el presupuesto de gastos en los últimos 13 años representa en promedio el 1,23 % del Presupuesto General de la Nación y el 0,31% del Producto Interno Bruto, tratamiento mezquino que contrasta con el manejo oneroso de la deuda pública, cuyo pago en el 2015 compromete 48 billones de pesos, es decir, el 22,4% de los ingresos de La Nación. Que paradoja, mientras el Gobierno Nacional, en los dos últimos años, se gastó en publicidad 2,3 billones de pesos, lo que implica el amordazamiento y manipulación de los medios de comunicación abyectos, a su turno le niega a la administración de justicia los recursos mínimos que se requieren para garantizar un servicio eficiente y oportuno a los ciudadanos de a pie, como Usted los llama. Será que es más relevante y estratégico para el interés nacional la imagen y vanidad del Presidente Santos que el derecho fundamental de acceso a la justicia. De modo que este asunto se contrae a que si la sociedad y el Estado reclaman una justicia pronta y cumplida, deben costearla adecuada y suficientemente.

3. Es inaceptable también que se insinúe que la judicatura ha sido ineficaz, si se advierte que en los últimos veinte (20) años la demanda de justicia creció en un 303%, debido en gran parte a los nuevos encargos institucionales que le ha impuesto el Constituyente y el Legislador, mientras que el número de funcionarios y empleados aumentó sólo en un 24%, no obstante lo cual la productividad se quintuplicó en el mismo lapso, pues de 2.147 procesos que en el año 1993 egresaron diariamente, en el 2013 se evacuaron 12.396 diarios, al paso que el índice de evacuación creció del 92,7% en el 2008 al 108,7% en el 2013 y el inventario de procesos bajo de 2’309.372 en el 2012 a 1’931.958 en el 2013, guarismos que por sí solos refutan su aseveración liviana y contraevidente.

4. Tampoco se trata con este movimiento huelguístico que ligeramente descalifica de ganar gabelas pensiónales ni oponernos antojadizamente a la calificación de servicios, pues es sabido que desde el año 1992, con la promulgación de la Ley 4ª, el Gobierno Nacional no ha honrado la deuda que desde entonces contrajo con los servidores judiciales de nivelar los salarios de jueces, fiscales y empleados, en los mismos términos en que la hizo a magistrados de tribunales y a sus homólogos de la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación y de la Justicia Penal Militar, amén de que la evaluación de los funcionarios y empleados judiciales debe ser un proceso de acompañamiento institucional que permita el mejoramiento del servicio y no un velado y perverso instrumento que propicie inestabilidad laboral, con la imposición de metas inalcanzables y privilegiando la eficiencia sobre la calidad y eficacia de las decisiones judiciales, pues sería un desacierto administrativo y fiscal prescindir abruptamente de unos servidores cuya selección por el sistema de méritos (concursos abiertos) y su inducción en los distintos cargos demandaron cuantiosos recursos presupuestarios.

5. Por lo demás, para su información, le adjuntamos los comunicados públicos Nos. 1 y 2, en los cuales nuestra organización sindical explica detalladamente cada uno de los temas que reivindicamos en la Jornada Nacional de Protesta que más del 80% de los judiciales colombianos impulsamos en todo el país.

De Usted, con sentimientos de respeto y consideración,

FREDDY MACHADO LOPEZ GUSTAVO MARTINEZ
Presidente Vicepresidente

FREDDY CASTELAR WILSON DELGADO
Secretario General Tesorero

MIGUEL VIVAS
Fiscal

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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