Caso Jaime Garzón, 16 años sin justicia

Sábado 15 de agosto de 2015

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) consideran que este caso sí es un delito de lesa humanidad por su gran impacto y afectación para la sociedad colombiana, y porque el asesinato del comunicador y periodista hizo parte de una práctica sistemática y generalizada contra amplios sectores de la sociedad civil organizada, ejecutada por grupos paramilitares bajo la determinación de altos mandos militares.

Hoy se cumplen 16 años del homicidio del periodista Jaime Garzón Forero. El 13 de agosto de 1999, cuando se dirigía a la emisora Radionet en la ciudad de Bogotá, fue interceptado y asesinado por sicarios bajo las órdenes del Bloque Capital de las Autodefensas.

La muerte de Garzón dio inicio a una de las épocas más violentas y difíciles para la prensa colombiana, pues entre 1999 y 2002 fueron asesinados 32 periodistas, 13 de los cuales murieron por acciones de grupos paramilitares. Todos estos casos se encuentran en la impunidad.

Después de un largo proceso judicial e investigativo, los resultados para sancionar estos hechos son mínimos, ya que hasta la fecha sólo se ha condenado al ex jefe paramilitar Carlos Castaño. Esta decisión se tomó en 2004, fecha en la que ya estaba muerto, por lo que nunca cumplió la condena. Además, las investigaciones no han develado toda la verdad sobre los móviles del crimen y los determinadores del homicidio del periodista.

Un lento avance judicial que incluye un montaje

Video: Análisis del abogado Luis Guillermo Pérez

En el desarrollo del proceso judicial se ha logrado establecer que los paramilitares del Bloque Capital, bajo las órdenes de Carlos Castaño, fueron quienes cometieron el crimen. Sin embargo, las investigaciones también han dejado en evidencia la participación de agentes del Estado de alto nivel quienes actuaron como determinadores y, posteriormente, contribuyeron a desviar la investigación.
Durante las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía, que involucran a Castaño, a Juan Pablo Ortiz, alias ‘Bochas’, y a Edilberto Antonio Sierra, alias ‘Toño’, se evidenció que todo correspondió a un montaje judicial en cabeza del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con testigos falsos e información errada que buscaba encubrir a los verdaderos responsables del crimen.

Después de la única condena en 2004, el proceso estuvo estancado, debido a que las investigaciones para encontrar a los verdaderos culpables se paralizaron. Solo hasta el 2009 la Fiscalía vinculó al ex director del DAS, José Miguel Narváez, quien para la fecha del asesinato era oficial de la reserva e impartía cursos en la Escuela Superior de Guerra.

Pero Narváez no es el único funcionario involucrado en el caso. El 17 de julio de 2014, la Fiscalía dictó resolución de acusación contra el Coronel (r) Plazas Acevedo, quien se encontraba prófugo de la justicia. El 31 de julio el ex Coronel fue detenido y se espera que a finales de agosto de este año inicie su juicio.

Nuevas vinculaciones a miembros de la Fuerza Pública

Después de tres años de su última declaración, hace dos días, Diego Murillo, alias ‘Don Berna’ ante una comisión de la Fiscalía vinculó al General (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presidencia de la República, y al General (r) Rito Alejo del Río. Según ‘Don Berna’, estos oficiales participaron en la estrategia para desviar el caso, que incluyó el asesinato de varios miembros de la banda “La Terraza”, autores materiales del homicidio.

Crimen de lesa humanidad

En junio de este año, la Fiscalía reiteró que el asesinato de Garzón no podía ser declarado como un crimen de lesa humanidad, porque en su concepto este homicidio no ocasionó “un perjuicio directo a una colectividad con características étnicas, religiosas o políticas”. Esta es la cuarta vez que la Fiscalía se niega a hacer esta declaración ante la solicitud de los familiares.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) consideran que este caso sí es un delito de lesa humanidad por su gran impacto y afectación para la sociedad colombiana, y porque el asesinato del comunicador y periodista hizo parte de una práctica sistemática y generalizada contra amplios sectores de la sociedad civil organizada, ejecutada por grupos paramilitares bajo la determinación de altos mandos militares.

Además, reiteran su llamado a la Fiscalía General de la Nación para que los juicios contra José Miguel Narváez y el Coronel (r) Plazas Acevedo sean llevados de manera concentrada y sin dilaciones. Igualmente, insisten en la necesidad de que las diferentes autoridades involucradas esclarezcan los hechos e identifiquen y sancionen a todos los responsables.

Con motivo de este aniversario y en memoria del periodista Jaime Garzón, compartimos la infografía que contiene la información y momentos más importantes de este emblemático caso.

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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