Política energética conduce a criminalizar la protesta
Argentina

Lunes 2 de noviembre de 2015

En Argentina Hace algunos días comenzó el juicio contra Relmu Ñamku, una mujer Mapuche que podría ser condenada a 15 años de prisión por defender su territorio de las actividades hidrocarburíferas.

América Latina | Derecho a la tierra | Ambientalistas |

Su caso pone de manifiesto una tendencia: mientras las empresas de combustibles fósiles llegan a extremos ecológicos en busca de nuevas fuentes de petróleo y gas, las acciones políticas también avanzan hacia extremos reprimiendo a comunidades y organizaciones sociales que se oponen al extractivismo.

El proceso de privatización de la industria del gas y del petróleo de los años 90 en Argentina, la sobreexplotación de sus yacimientos, la alta dependencia del país a los combustibles fósiles (90 % de la matriz energética) y la inexistencia de alternativas viables, crearon condiciones para que el país experimente una grave crisis de desabastecimiento que desde mediados de la pasada década le obligan a importar miles de millones de dólares en combustibles para satisfacer las necesidades de su población.

Sin embargo, en los últimos años, las noticias de que Argentina cuenta con un enorme potencial de hidrocarburos no convencionales, han impulsado al gobierno a reformar las leyes hacia una nueva política energética basada en la explotación de petróleo y gas de esquisto. La nueva política también contempla el rejuvenecimiento de yacimientos maduros de hidrocarburos convencionales, es decir, la recuperación secundaria y terciaria de yacimientos agotados o de baja presión. El objetivo es producir suficientes combustibles para abastecer el mercado interno y generar excedentes para la exportación.

No obstante, esta nueva política está exacerbado los conflictos entre el estado y las organizaciones sociales y comunidades indígenas Mapuche, que rechazan los impactos socio-ambientales de la extracción de hidrocarburos, así como la presencia de corporaciones como Chevron, y otras, que llegaron al país para extraer petróleo y gas de esquisto mediante la Fractura Hidráulica o Fracking.

Este rechazo viene acompañado de denuncias de hostigamiento y criminalización de la protesta social que es promovida desde el estado y que busca silenciar la voz de quienes cuestionan la nueva política energética en el país.

Un caso que ha cobrado mucha relevancia en los últimos meses, es el de Relmu Ñamku, una mujer indígena Mapuche de la comunidad Winkul Newen, en la provincia de Neuquén, que está siendo procesada por defender su comunidad del desalojo en favor de una corporación petrolera, que pretendía expandir sus actividades en su territorio.

Relmu es acusada de intento de homicidio bajo la ley anti-terrorista que rige en el país, y si es declarada culpable, podría enfrentarse a una pena de 15 años de prisión. El juicio comenzó el lunes 26 de Octubre en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, y concluirá el 5 de Noviembre, cuando un jurado decida si es culpable o inocente. Una condena en contra de Relmu no sólo significaría un atentado en contra de su vida y la de toda su familia, sino también un peligroso precedente para todo aquel que quiera oponerse a los proyecto extractivos del estado argentino y de sus socios corporativos.

Relmu Ñamku y el delito por el que se la acusa

Relmu Ñamku es una mujer Mapuche que se encuentra en la primera línea de la criminalización de la protesta social en Argentina. Su comunidad, Wikul Newen, se encuentra en la zona central de la provincia Neuquén, en la Patagonia. En una entrevista con el Centro para la Democracia, Relmu nos dijo que la explotación petrolera y minera son actividades centrales en toda la región en donde vive, y a la que resisten: “Nuestra comunidad viene resistiendo el avance de la actividad hidrocarburífera por más de 10 años, lo que nos ha llevado a distintas instancias de enfrentamientos, principalmente con las empresas, debido a que ni el gobierno provincial ni nacional nos brindan garantías en el marco de los derechos que tenemos como pueblo Mapuche”. De hecho, afirma, es el estado Argentino el primero en vulnerar sus derechos desde el momento en que otorga concesiones hidrocarburíferas en territorio Mapuche sin ningún tipo de consentimiento, violando, como es de conocimiento público, el derecho a la consulta previa, libre e informada al que tienen las comunidades y que se encuentra respaldado por la constitución y las leyes argentinas, y por el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Si bien Argentina ha incorporado en su constitución y sus leyes la normativa internacional sobre derechos de Pueblos Indígenas, éstos no se aplican de manera efectiva. Por el contrario, existen informes que afirman que los conflictos socio ambientales con comunidades indígenas han aumentado debido a que sus tierras, que a menudo contienen valiosos recursos naturales, como maderas, recursos de biodiversidad, agua, minerales e hidrocarburos, han sido afectadas considerablemente por las actividades extractivas.

En ese contexto es que los habitantes de Winkul Newen vienen resistiendo por varios años los embates de la expansión de las actividades hidrocarburíferas en su territorio, en donde se encuentra el Yacimiento Portezuelo Norte, que ya contiene en su interior varios pozos perforados de gas y petróleo convencionales. Según Relmu, estas actividades ya han provocado contaminación en el agua, la tierra y el aire, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la comunidad. Por esa razón decidieron oponerse a la expansión de las operaciones. Pero las compañías y las autoridades decidieron hacer uso de recursos legales y de la fuerza para intentar desalojarlos de la zona. La situación fue empeorando el 2012, año en el que incluso en una ocasión las mujeres decidieron rociar sus cuerpos con gasolina y amenazaron con prenderse fuego para evitar ser desalojadas por la fuerza.

Luego, el 28 de diciembre de ese mismo año (2012), la oficial de justicia Verónica Pelayes llegó a la zona acompañada de efectivos policiales e integrantes de la petrolera estadounidense Apache Corporation (hoy de propiedad de Yacimientos del Sur, subsidiaria de YPF), que quería expandir sus actividades en la zona. Presentaron una orden de desalojo e intentaron ingresar al lugar con la ayuda de retroexcavadoras. La comunidad no tuvo más opción que defenderse con lo que pudo, y desafortunadamente Pelayes sufrió lesiones al recibir un impacto de piedra en el rostro, un hecho que se le atribuye a Relmu.

A pocos días de lo sucedido, la comunidad pidió disculpas públicas a la oficial de justicia mediante un comunicado, en el que la identifican como una víctima más de un conflicto que el gobierno se niega a resolver. Pero el caso siguió su curso.

La peor parte de esta historia, según nos cuenta Relmu, es que durante el proceso y sin ninguna justificación, la fiscalía de Zapala cambió la acusación original, de lesiones graves, a tentativa de homicidio y daño agravado, por el cual piden una pena de 15 años de prisión. “Esta es una causa que se inició por lesiones, y sin haber incorporado nuevas pruebas en el expediente se transformó en una causa máxima, que es tentativa de homicidio”, afirma.

En este juicio también son procesados Martín Maliqueo, que también pertenece a la comunidad Winkul Newen, y Mauricio Rain, de la comunidad Wiñoy Folil. Ellos son acusados de daño agravado.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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