Comunicado al término de la XI Delegación Asturiana de verificación de DH en Colombia
21 de febrero al 8 de marzo de 2015

Viernes 13 de marzo de 2015, por Delegación Asturiana

reconocemos el esfuerzo del gobierno colombiano por pactar una paz negociada con las guerrillas y trasladamos la preocupación de los líderes sociales de todas las regiones visitadas ante el Plan Nacional de Desarrollo -discutido actualmente en el Congreso- al no contemplar recursos de inversión ni las políticas sociales correspondientes, en contraposición con los puntos pactados en la Mesa de Diálogo de La Habana. Así mismo, instamos al gobierno colombiano a que abra un proceso de negociación con el ELN y el EPL y a que ordene un cese bilateral del fuego lo antes posible, sumándose al establecido por las FARC-EP el 17 de diciembre de 2014, con el objetivo de parar el dramático conteo de muertes y no desestabilizar el proceso de diálogo, a la vez que pedimos a los medios de comunicación responsabilidad aportando una información objetiva de los hechos.

Defensores de derechos humanos | Sindicalistas | Despojo de tierras | Paramilitarismo | Criminalización de [email protected]/movimientos | Antioquia | Cesar | Magdalena | Santander | Bogotá D. C. | Cárceles | Amenazas |

Rueda de Prensa XI Delegación Asturiana y 10 años de MOVICE

Finalizada la XI Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, compuesta por representantes de organizaciones sociales y políticas del Estado español, y realizada en el marco del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, presentamos una valoración previa a la emisión del Informe Final, a presentar en los próximos meses a las instituciones oficiales de Asturias, España y la Unión Europea (en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo), los organismos de Naciones Unidas y al público en general.

Con carácter previo queremos agradecer al conjunto de personas defensoras de Derechos Humanos, sindicalistas, comunidades campesinas, activistas políticos, representantes de organizaciones sociales, feministas, del movimiento indígena y afrodescendiente en los departamentos del Meta, Cesar, Magdalena, Santander, Antioquia y Bogotá D.C., su disponibilidad, la información y documentación aportada, aún a riesgo en algunas ocasiones de su propia seguridad. Asimismo, agradecemos a las instituciones del Estado colombiano que han aceptado reunirse con la Delegación.

De las informaciones recibidas podemos extraer las siguientes consideraciones:

1. Colombia, desgraciadamente, está lejos de vivir una situación de posconflicto, manteniéndose las violaciones de los Derechos Humanos y la impunidad en el marco del conflicto social y armado que vive el país. Aunque se ha reducido el número de personas asesinadas, ha aumentado el número de personas estigmatizadas y judicializadas, como mecanismo para generar miedo entre quienes defienden derechos humanos y/o se oponen a los planes de inversión de las multinacionales. La Delegación asturiana ha recogido denuncias de violaciones al Derecho Internacional Humanitario por violación del principio de distinción entre combatientes y civiles, entre otros.

2. En todas las regiones visitadas persiste la amenaza paramilitar bajo diferentes nombres y modos de actuar: Los Rastrojos, Los Urabeños, Águilas Negras, Cuerpos de la Serpiente Negra, Ejército antirestitución, EPRAnticomunista, los Rudos, los Paisas, los Machos, Clan Úsuga, Guardias del Espacio Público, o Los Botalones. En reiteradas ocasiones se nos ha señalado que las denominadas por el Estado "Bandas Criminales (BACRIM)", mantienen la estructura paramilitar y se siguen rearmando y reforzando con la liberación de jefes paramilitares que han cumplido las penas previstas en la Ley de Justicia y Paz.

Los paramilitares están profiriendo amenazas masivas y muy graves contra sindicalistas de los sectores minero, energético y agroalimentario, como USO, Sintramienergetica, Sintraime, Sinaltrainal, Sintraimagra, Fensuagro, y contra procesos y dirigentes campesinos y comunitarios. Dichas amenazas no se investigan y, en el peor de los casos, terminan con el asesinato. En el caso de Sintrainagro Valle los directivos sufrieron atentado a pocas horas de haber recibido amenaza.

3. En todos los encuentros mantenidos con personas amenazadas, se ha denunciado repetidas veces la insuficiente o ineficaz protección que brinda el gobierno a sindicalistas y personas defensoras de los Derechos Humanos.

4. En todos los encuentros mantenidos, se nos ha confirmado el cumplimento del cese unilateral del fuego por parte de las FARC-EP tal y como informaron en la mesa de diálogo de La Habana. No obstante, se nos ha informado repetidas veces de las operaciones ofensivas que el ejército está realizando contra las insurgencias y se documentaron casos en el Magdalena Medio de ejecución extrajudicial por el ejército de guerrilleros heridos que estaban fuera de combate.

5. Dos periodistas regionales han sido asesinados en el tiempo de permanencia de la delegación. Han disminuido los asesinatos de civiles por la fuerza pública, pero se han incrementado los montajes judiciales y las detenciones masivas como método de retaliación contra quienes se niegan a cooperar con el ejército, usando como prueba el testimonio de desmovilizados, o datos aportados por las tropas que no llegan ni a ser constitutivos de indicio de actividades ilícitas. Las detenciones masivas también se están produciendo contra opositores de los proyectos mineros y energéticos.Un plan sistemático contra Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, y sus organizaciones integrantes en las regiones, lo que resulta muy preocupante por antecedente de exterminio de la UP e imprescindible detener como garantía de no repetición dentro de proceso de paz.

6. Persiste la práctica ilegal del ejército de realizar redadas para forzar el reclutamiento de jóvenes campesinos, violando sentencias de la Corte Constitucional y el derecho de objeción de conciencia, en lugares como el Magdalena Medio, Sur de Bolívar o sureste del Cesar.

7. Las empresas multinacionales están ocupando enormes territorios generando graves conflictos por tierras con campesinos y pueblos indígenas, y se van erigiendo en una suerte de “estados dentro del Estado”. Violan con impunidad normas laborales, ambientales y tributarias e imponen a la población restricciones de movilidad como ocurre con Pacific Rubiales en el departamento del Metaque traslada a las comunidades su “crisis” aumentando pobreza, desempleo, además de represión y destrucción ambiental histórica.o las multinacionales del carbón (Drummond, Goldman Sachs, Cerrejón-Glencore-BHP y otras) en el Cesar.

8. La Delegación ha recogido en la cárcel de La Picota los testimonios de Huber Ballesteros y David Ravelo sobre la dramática situación carcelaria que se vive en Colombia. Continúa el estado inconstitucional de cosas, hacinamiento, trato inhumano y degradante y la violación de los derechos de los internos, siendo además inexistente cualquier posibilidad real de actividades de reinserción. Nos reiteran la estigmatización, hostigamiento y discriminación que sufren los prisioneros políticos. Nos alertan de la necesidad de ser respetadas las medidas especiales de seguridad para no poner en riesgo su vida dentro del penal y la importancia para la vida de los presos del cumplimiento de las dietas por prescripción médica y la entrada de medicamentos. La prisión política de estos dos dirigentes sociales persiste desconociéndose las pruebas de su inocencia lo que lo hace más injusto y arbitrario.

9. La Delegación ha podido constatar, un año más, la parálisis de los programas de constitución de Zonas de Reserva Campesina y de restitución de tierras, así como el incremento de las amenazas de paramilitares contra quienes exigen cumplimiento en estos programas, como en el caso de las comunidades de Aguachica, o en las haciendas Bellacruz y Pitalito en el Departamento del Cesar.

En última instancia, reconocemos el esfuerzo del gobierno colombiano por pactar una paz negociada con las guerrillas y trasladamos la preocupación de los líderes sociales de todas las regiones visitadas ante el Plan Nacional de Desarrollo -discutido actualmente en el Congreso- al no contemplar recursos de inversión ni las políticas sociales correspondientes, en contraposición con los puntos pactados en la Mesa de Diálogo de La Habana. Así mismo, instamos al gobierno colombiano a que abra un proceso de negociación con el ELN y el EPL y a que ordene un cese bilateral del fuego lo antes posible, sumándose al establecido por las FARC-EP el 17 de diciembre de 2014, con el objetivo de parar el dramático conteo de muertes y no desestabilizar el proceso de diálogo, a la vez que pedimos a los medios de comunicación responsabilidad aportando una información objetiva de los hechos.

Integrantes de la XI Delegación Asturiana de Verificación del estado de los derechos humanos en Colombia:

• Javier Couso, Europarlamentario, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
• Javier Arjona y Lucía Rodríguez, Soldepaz Pachakuti.
• Ignacio Cuartas, Ingeniería Sin Fronteras.
• Beatriz Gil, Plataforma Justicia por Colombia.
• Javier Orozco Peñaranda, Coordinador Programa Asturiano de Derechos Humanos.
• José Manuel Fernández, Partido Comunista de Asturias.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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