Consejo Nacional campesino - Por vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la territorialidad ¡No al ALCA!

Miércoles 15 de junio de 2005, por Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

Por vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la territorialidad ¡No al ALCA!

Abril 7 y 8 de 2003

Mandato agrario

Hemos constatado la gravedad de la crisis económica y social en nuestros territorios y cómo genera el crecimiento acelerado de la pobreza y violencia del país. Enfrentamos el proceso de la llamada globalización impuesto por Estados Unidos y otros países poderosos, mediante organismos multilaterales como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, en beneficio de las empresas transnacionales, las cuales avanzan en el control mundial de la producción y distribución de alimentos y de los territorios, mediante la apropiación monopolista y la manipulación de la tecnología, el saber y el patrimonio genético, y mediante las medidas de reforma política y represión, que imponen y garantizan tanto ese control, como el dominio territorial.

Se genera un reordenamiento territorial alrededor a los grandes proyectos de inversión, considerados como núcleos en torno a los cuales se reorganiza la población y el poblamiento y se generan los nuevos procesos socioeconómicos dentro de los cuales las comunidades rurales, su diversidad, sus derechos y su integridad, social, económica y cultural, así como el medio ambiente, se subordinan a las necesidades del sector empresarial transnacional.

Gobierno y empresas tratan de desconocer la diversidad cultural que es un fundamento de la realidad colombiana reconocida por la constitución y tratados internacionales.

Se quiere hacer a cada localidad directamente dependiente de las necesidades económicas, políticas y demográficas de las transnacionales, desconociendo la vida comunitaria y los derechos democráticos, colectivos, económicos, sociales y culturales. Todo esto a nombre del “libre comercio” y la “libre empresa”, o sea de la libertad del capital internacional para disponer a su gusto de la economía nacional, las comunidades, las personas, sus tierras y su fuerza de trabajo. Se quiere también dispersar a los sectores sociales, regionales, étnicos y culturales, mediante estrategias de desplazamiento y disuasión discriminada que buscan impedir su unidad, favoreciendo el dominio externo del territorio.

En concordancia con semejante proyecto, las políticas económicas neoliberales - - íntimamente ligadas a los acuerdos internacionales de comercio y al empeño por satisfacer los intereses y requerimientos de las empresas transnacionales y sus proyectos de inversión y comercio - han demostrado ser antiagrarias y están poniendo en riesgo la supervivencia del pueblo colombiano, al debilitar su capacidad productiva, eliminar su soberanía alimentaria, desconocer el derecho a la tierra de las comunidades rurales y pretender eliminar su territorialidad. Estas políticas nefasta llegarán al extremo si entra en vigor el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA o un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos.

El ALCA en América Latina, como ocurrió con el TLCAN en México, significaría el definitivo desconocimiento del derecho inalienable a la tierra de las comunidades rurales, de manera que la tierra tratada como simple mercancía quede disponible para los megaproyectos e inversiones petroleras, eléctricas, mineras o de otras actividades extractivas requeridas por la economía de Estados Unidos y se convierta en objeto de especulación comercial en contravía de su función social y ambiental, provocando la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria y el desplazamiento forzado de las comunidades rurales.

Actualmente, las medidas económicas y fiscales a favor de los intereses extranjeros y el desplazamiento forzado, se articulan con las medidas de orden público que con el título de “seguridad democrática” eliminan o recortan las libertades democráticas fundamentales, y con la reforma política, con la que el gobierno de Uribe espera imponer un régimen abiertamente autoritario, a partir de la imposición de un referendo, a la vez que abre el paso a la eliminación de los derechos democráticos y a la subordinación de los poderes y la sociedad al ejecutivo, convierte en norma constitucional el ajuste impuesto por Fondo Monetario Internacional FMI.

Aumentan los impuestos al consumo y a la producción agropecuaria, los peajes y sobretasas, mientras nada se hace por proteger la producción nacional y al contrario, se cierran las pocas instituciones que quedan al servicio del campo, como es el caso del Incora. Miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas son desplazados de sus tierras por la violencia mientras un número grande de pequeños y medianos empresarios en quiebra ha perdido sus tierras y en cambio, se expande el latifundio especulativo.

La gente se ve obligada entonces a cultivar de coca y amapola que el estado declara ilegales y entonces los gobiernos aprovechan para acorralar allí al agricultor para criminalizarlo, fumigarlo y encarcelarlo en cumplimiento de la política de Estados Unidos.

Es necesario entonces que llegue la hora de la unidad pluriculltural de campesinos, indígenas, afrocolombianos y pequeños y medianos empresarios para las acciones inmediatas en defensa del derecho a vivir dignamente y a trabajar en en nuestros territorios. Es por ello que levantamos nuestra voz de aliento oponiéndonos vehementemente y llamando al pueblo colombiano en su diversidad a oponerse al neoliberalismo y a la vinculación de Colombia al ALCA, así como a la guerra y a la restricción de las libertades civiles y políticas. Pero además es por ello que asumimos unitariamente la construcción de políticas públicas, estrategias y programas alternativos, especialmente para la reconstrucción de la agricultura nacional.

No nos basta de ninguna manera el rechazo a la política imperante y la oposición a los lesivos planes y medidas del gobierno. Construimos unitariamente una política propositiva, para abrir caminos y futuro y demostrar que somos parte de la solución a los problemas claves del sector y del país. Saludamos entonces que el Congreso Nacional Agrario haya permitido la convergencia de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, en torno al siguiente Mandato Agrario, que debe ser la base para mantener esa unidad y que desde ahora proclamamos:

1. Derecho a la vida, plenas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos

Respeto al derecho inalienable a la vida de todas las colombianas y colombianos. Garantía efectiva al derecho a la vida digna y al bienestar, que exige el reconocimiento de los sujetos colectivos.

· Respeto y garantía real a los derechos de expresión, movilización, protesta, oposición política, organización y a la contratación colectiva. · Plena vigencia de los derechos y garantías individuales y colectivos.

· El estado cumplirá con todos los acuerdos pactados con las comunidades, pueblos y organizaciones, así como con la aplicación de los derechos constitucionales y legales reconocidos a ellos.

· Responsabilizar y juzgar al Estado colombiano como autor por acción u omisión, de la violación sistemática de los derechos humanos.

· No al estado autoritario, sí a un estado de democracia participativa.

· Alto al extermino y a la criminalización de las organizaciones populares sus líderes y lideresas. · Verdad, justicia y reparación completa para las víctimas de la violencia y para las víctimas históricas de la conquista de América y la trata de esclavos.

2. Soberanía y seguridad alimentaria

La soberanía alimentaria es un derecho fundamental que afianza la autonomía territorial, económica, social, política y cultural y contrarresta la dependencia.

· Que cada pueblo determine autónoma y soberanamente la producción, distribución y consumo agroalimentario para garantizar la autosuficiencia y el fortalecimiento del mercado interno mediante una estructura productiva orientada a generar bienes básicos para alimentar a la población atendiendo a las necesidades nutricionales y culturales.

· Garantía plena de acceso de toda la población a los alimentos sanos con los nutrientes indispensables completos.

· No rotundo a la producción consumo y comercialización de organismos genéticamente modificados.

· Defensa de la producción nacional de alimentos. · La economía campesina, indígena, afrodescendiente y de los pescadores artesanales, como sus saberes y prácticas culturales son la base estratégica de la soberanía y la seguridad alimentaria.

· Se dará prioridad por parte del Estado y de la sociedad en general a los procesos productivos orgánicos y de transformación de materias primas que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales, la defensa del ambiente y la biodiversidad, en virtud de que están fuertemente interrelacionados con la soberanía y seguridad alimentaría.

· Es responsabilidad del Estado y la sociedad, defender el patrimonio genético y cultural, la sabiduría tradicional así como su propiedad colectiva.

· La Protección, conservación y recuperación de las semillas nativas de cada región será una garantía para la soberanía alimentaria y la biodiversidad. · Se establecerán por parte del Estado mecanismos de control social de los alimentos comercializados y procesados, prohibiendo aquellos productos nocivos para la salud humana.

3. Alternativas al alca y a los acuerdos de libre comercio

No se aprobarán los acuerdos de comercio internacional que, al servicio del capital transnacional, vulneran la producción y distribución nacional e imponen la recolonización de América Latina y por ello no se incluirá a Colombia en el ALCA ni en un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos.

· El estado defenderá la producción nacional agropecuaria.

· El sistema nacional de producción y distribución agroalimentaria será orientado y sostenido en función de los intereses de la población colombiana de acuerdo a sus singularidades.

· No se aceptarán normas para favorecer a las transnacionales como las que se quieren imponer en asuntos como propiedad intelectual, patentes, tecnología, medio ambiente, pesca y territorios, en perjuicio de las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y del conjunto de los colombianos.

· No se aprobarán los acuerdos de inversión que someten las normas nacionales y los contratos a normas de otros países o tratan de congelar el régimen de inversiones y los contratos privados bajo pena de indemnización.

· Todos los acuerdos internacionales que el estado colombiano suscriba y que tengan que ver con el sector rural, la economía agropecuaria, las tierras o territorios y el agua, requieren previa su suscripción el consentimiento de los sectores y comunidades directamente afectados por ellos.

· La agricultura, la tierra y la alimentación no harán parte de acuerdos de libre comercio y serán excluidos de los que ya están aprobados como los de la OMC.

· El comercio internacional y las inversiones no pueden estar sobre los intereses de los pueblos, sino que deben supeditarse a los intereses y derechos de la nación y las comunidades.

· La integración latinoamericana será practicada para fortalecer a nuestros pueblos en el escenario internacional; no sólo, ni fundamentalmente como un asunto comercial. · Todos los pueblos necesitan asociarse a partir de la solidaridad y el respeto a sus derechos políticos, económicos sociales, ambientales y culturales.

4. Derecho a la tierra

El derecho a la tierra y el territorio es parte fundamental de la vida y la cultura de los pueblos y las comunidades rurales. Se garantizará este derecho a las comunidades afrocolombianas e indígenas y a los campesinos que han carecido de tierra o la tienen en cantidad insuficiente, así como a quienes la han perdido o a quienes teniéndola estén amenazados de perderla como consecuencia de la violencia, el latifundio o la quiebra de los productores.

· Se reconocen los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afrodescendientes a sus territorios y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas y territorios de las comunidades afrodescendientes. Se completarán los procesos de titulación colectiva.

· Se garantizará el derecho inalienable, inembargable e imprescriptible a la tierra a las campesinas y campesinos, mediante la constitución y la inalienabilidad de las reservas campesinas y la priorización de las formas asociativas campesinas.

· Mediante un programa de reforma agraria integral dirigido por el movimiento campesino, afrocolombiano e indígena, que garantice el completo apoyo del Estado a los beneficiarios, se hará cumplir la función social y ecológica de la propiedad de la tierra, de manera que se aprovechen debidamente las 5 millones de hectáreas aptas para la agricultura que están intensamente subutilizadas y se revierta la concentración especulativa de la propiedad.

· Los productores y productoras [email protected] nacionales tendrán derecho a la tierra y se respetarán la pequeña y mediana propiedad rural. · Se protegerá la diversidad cultural y por ende las diversas concepciones sobre la tierra y el territorio.

· Ante la ausencia de acciones del Estado los campesinos, afrodescendientes e indígenas adelantarán la reforma agraria de hecho.

5. Reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria

No se pagará la deuda externa.

· Se condonarán las deudas a los [email protected] y demás productores rurales. Suministro de créditos abundantes, baratos y oportunos para los pequeños y medianos productores y productoras rurales, de acuerdo con las particularidades culturales.

· El estado establecerá precios de sustentación rentables y determinará prioridad y subsidios para la comercialización interna de la producción, que permita sustentar una rentabilidad que mejore la calidad de vida de las familias.

· Revocatoria de los impuestos a los productos agropecuarios y pesqueros, y de las alzas de precios de los insumos y de los servicios públicos. · Se fijaran políticas por parte del estado que consideren los seguros de cosecha.

· Se fomentarán y protegerán los mercados locales.

· Con financiación del estado se reconstruirá la generación y aprovechamiento de ciencia y tecnología agropecuaria propia. Control estatal y comunitario a la introducción de nuevas tecnologías y prohibición de las que son o puedan ser lesivas para las personas, el ambiente o el patrimonio colectivo, como es el caso actual de los transgénicos.

· Adopción de medidas que impidan o reviertan el monopolio de las transnacionales de los agroquímicos, las semillas y la biotecnología.

· Alto a la importación de productos agropecuarios que se pueden producir en el país.

· Reconstrucción de las instituciones agropecuarias del estado con presupuesto adecuado y control de las organizaciones sociales.

· Respeto y financiación estatal de los planes de vida o planes alternativos de desarrollo de las comunidades y organizaciones de base.

· Apoyo estatal para que [email protected] campesin[email protected], indígenas, afrodescendientes y productores agropecuarios puedan controlar el conjunto de las cadenas productivas sin supeditarse a las transnacionales ni a los grupos financieros ni a los latifundistas.

· Se propiciarán formas alternativas al comercio de relación directa entre colectivos de producción y los colectivos de consumo basadas en la solidaridad mutua y en la superación de la barrera entre el campo y la ciudad.

6. Protección del medio ambiente

Recuperación y mantenimiento del equilibrio de los agroecosistemas y ecosistemas atendiendo al manejo sano de suelos y aguas que garantice su calidad y renovabilidad.

· Posicionar una amplia gama de productos competitivos y ambientalmente sostenibles.

· Mejoramiento de la calidad ambiental de la producción.

· El Estado fortalecerá la generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico aplicado a sistemas alternativos de agricultura, ganadería, pesca y acuicultura ecológicas, como los de relacionados con la minería limpia.

· Se reconocerá, promoverá y defenderá el conocimiento tradicional indígena, afro y campesino, como los sistemas propios de producción y protección del ambiente. Igualmente, la capacidad de gestión ambiental propia de las áreas protegidas en los territorios de las comunidades.

· No se privatizarán los ríos ni las playas ni zonas de bajamar ni cuerpos de agua. En estas areas el Estado aplicara el ejercicio de prelación orientado a proteger las practicas de producción de las comunidades asentadas ancestralmente en estas..

El agua es un bien social que no puede ser privatizado. Se garantizará el consumo de agua potable a toda la población.

· La protección y recuperación de los bosques y nacimientos de agua, como la reforestación con plantas nativas y diversas, serán prácticas agenciadas por el estado y las comunidades.

· Se exigirá licencia ambiental para todo proyecto de inversión y se negará en todo caso en que el proyecto amenace el ambiente o la integridad cultural, económica o social de la población.

· Colombia no aceptará desechos tóxico ni nucleares.

· Se exigirá la reparación e indemnización a los afectados, a los causantes de los daños ambientales. Se llevará a cabo el seguimiento a los efectos negativos de los pasivos ambientales con las participación de las comunidades afectadas.

7. Politica concertada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana

Cese inmediato y prohibición de las fumigaciones, otras formas de guerra química o biológica y de cualquier programa de erradicación forzada. Se indemnizará a las víctimas de estas políticas

· La expansión de cultivos de coca, amapola y marihuana son resultado y consecuencia de la crisis económica, el conflicto social, la apertura económica, la libertad de importaciones y la concentración de la propiedad; por consiguiente no pueden ser considerados ilegales ni erradicados por medios policiales o militares.

· El tratamiento criminal dado por el estado a estos cultivos ha sido funcional al control de recursos estratégicos, territorios, tierra y población, beneficiando los planes estratégicos a largo plazo de Estados Unidos mediante la llamada guerra contra las drogas.

· El uso legal de estos cultivos o su erradicación voluntaria y sustitución debe ser concertado con las comunidades respectivas mediante pactos verificables que establezcan programas financiados por el estado: de reforma agraria, reasentamiento voluntario en tierras aptas para la agricultura, construcción de infraestructura, producción, procesamiento y comercialización.

8. Derechos sociales economicos y culturales del campesinado, indigenas y afrodescendientes

La seguridad social financiada íntegramente por el estado para la población rural y los trabajadores agropecuarios, incluyendo salud, riesgos profesionales y jubilación, será una prioridad.

· Se promoverá la reconstrucción y el fortalecimiento de la red pública hospitalitaria y demás instituciones de salud del estado - preventivas y curativas- en el sector rural, como la adecuación de las mismas a la cosmovisión, prácticas tradicionales y condiciones propias de las comunidades, eliminando la intermediación financiera.

· Se Fortalecerá la medicina tradicional a partir de la promoción de médicos tradicionales, parteras y curanderos.

· Se garantizará el derecho a la educación pública de calidad en todos los niveles para la población rural, totalmente financiada por el estado, de acuerdo con la cultura propia y con las condiciones y necesidades del sector rural. La educación enfatizará en los valores culturales y territoriales propios.

· El conocimiento y la producción artística son un patrimonio y un recurso de poder y una condición para el desarrollo de modelos alternativos de construcción de la ruralidad y de los valores de la nación.

· Para garantizar el derecho al trabajo, se formularán planes concretos para combatir el desempleo, estableciendo el pago de subsidios a los desempleados rurales.

· Se garantizarán el ejercicio de los plenos derechos laborales para los obreros y jornaleros rurales.

· Respeto prioritario a los derechos de los niños y atención a sus necesidades básicas en el campo.

· Se establecerán políticas públicas para los adultos mayores que garanticen atención especial, vida digna y no discriminación

· El estado y la comunidad promoverán el reconocimiento, apoyo y protección especial a la juventud en quien recae el futuro de la sociedad rural, .

· Reconocimiento del derecho a la recreación. Las actividades deportivas tendrán financiación del estado.

· Toda la población rural es sujeto de estos derechos sin que se puedan condicionar mediante estratificaciones o segregaciones.

9. Reconocimiento político al campesinado

Reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social diferenciado, con identidad propia, pluricultural.

· Retribución justa de su significativa e indispensable contribución a la nación para el logro de la soberanía y seguridad alimentaria y la sostenibilidad integral.

· Participación efectiva y representación política propia plena del campesinado, con autonomía voz y voto decisorio en las instancias de planeación, gestión y ejecución de las políticas y programas que se relacionen con el sector agropecuario, el territorio y la vida rurales. Se garantizará también este derecho a la participación a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas.

· Derecho a la inversión social del estado sin que se condicione a la participación en alianzas, asociaciones o cadenas productivas con grandes empresas o grandes propietarios, las cuales deben ser simplemente opciones de contratación de acuerdo con la conveniencia de los agricultores y agricultoras en los casos en que se garantice la participación favorable y equitativa de los campesinos organizados.

· La reglamentación de la ley de mujer rural debe visibilizar y reconocer los derechos y aportes de las mujeres campesinas.

10. Reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus derechos

Reconocimiento y contabilización del aporte económico de las mujeres a la producción en el campo y a la reproducción de la fuerza de trabajo.

· Reconocimiento y protección del papel de las mujeres en la construcción de la identidad cultural, en la defensa permanente de la integridad de las comunidades y como gestoras de vida.

· Se tomarán medidas concretas contra la discriminación hacia las mujeres, al igual que se desarrollarán acciones positivas de reparación integral por la discriminación histórica y social que tiendan a una efectiva equidad de género.

· Garantías para la participación decisoria de las mujeres rurales en las instancias de planeación, gestión y ejecución.

· Protección especial para las mujeres cabezas de hogar.

· Las mujeres no son botín de guerra; protección especial para las mujeres víctimas de la violencia.

11. Derecho a la territorialidad

Se reconocerá la diversidad e identidad cultural regional, local, étnica y la relación con la naturaleza y el ambiente como partes esenciales de la territorialidad.

· La territorialidad no es solamente un concepto que hace referencia a lo local y propio, sino que incluye las relaciones con otros sectores y la capacidad de unidad con y entre las diferentes comunidades, pueblos y sectores sociales.

· Los pueblos indígenas, el pueblo raizal, las comunidades afrodescedientes y campesinas, tienen derecho al gobierno autónomo de sus territorios y a definir sobre él mismo, sus prioridades y sus planes de vida y a participar en las decisiones que les afectan.

· Se pondrán en funcionamiento previa concertación y acuerdo con las comunidades respectivas, las entidades territoriales de régimen especial que se adecuen a la realidad étnica, social, cultural, económica, ecológica y geográfica, de manera que se ponga en práctica un nuevo ordenamiento territorial en beneficio de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas y del pueblo colombiano, que fortalezca la soberanía y unidad de la nación en la diversidad y proteja las culturas y las regiones..

· La explotación de los recursos en cada territorio debe partir de la vida, necesidades, aspiraciones y decisiones de las comunidades titulares de los derechos sobre el respectivo territorio.

12. Fin al desplazamiento forzado

Cese del desplazamiento forzado. El estado concertará con las comunidades vulnerables y afectadas medidas efectivas para prevenir y poner fin al desplazamiento y el despojo de sus tierras en el campo.

· Reconocimiento legal a los derechos territoriales de las comunidades y las familias.

· El estado atenderá integralmente a las familias desplazadas por la violencia mediante programas de alimentación, salud, educación, recuperación sico-social, vivienda y empleo y garantizará en condiciones de dignidad, seguridad y estabilidad, su retorno o su reubicación voluntaria en tierras adecuadas para la producción agropecuaria.

· El estado garantizará la reparación completa, indemnización y compensación a todos los [email protected] por la violencia.

· Serán anuladas las transacciones de tierras hechas mediante coacción y serán restituida la tierra a los campesinos, indígenas o afrodescendientes desplazados.

· Los beneficiarios y autores de desplazamientos causados directa o indirectamente por megaproyectos u otros proyectos de inversión asumirán la responsabilidad por la reparación integral y el retorno.

· Nuestras organizaciones tratarán siempre a los desplazados como parte de ellas y de nuestras comunidades.

13. Solución política del conflicto social y armado

El conflicto armado colombiano solamente tiene una solución política negociada de cara al país.

· El logro de una paz sólida y durable exige, además de los pactos entre las partes, la soberanía nacional, transformaciones del régimen político y la solución de los conflictos económicos y sociales que originaron y mantienen por décadas la confrontación armada y por lo mismo exige la participación decisoria de las organizaciones populares.

· La solución del problema de la concentración de la propiedad de la tierra es un elemento fundamental de la solución del conflicto armado colombiana.

· Se rechazará la doctrina de la seguridad nacional.

· No más intervención de Estados Unidos en Colombia. El Plan Colombia se suspenderá definitivamente. Colombia rechazará las agresiones a otros países.

· Esclarecimiento y castigo a los autores intelectuales, materiales , auspiciadores y financiadores de las acciones paramilitares..

· Mientras dure el conflicto armado se propiciará la suscripción y cumplimiento acuerdos humanitarios.

· No a las zonas de rehabilitación, las redes de informantes, ni a las medidas que involucran a la población civil en el conflicto. O al reclutamiento forzado u obligatorio.

· Construir una agenda de paz del movimiento popular.

14. Unidad

Llamamos a las compatriotas y los compatriotas de otros sectores populares y sociales y a los que aun ocupando hoy una posición privilegiada no han perdido su conciencia nacional ni han renunciado a su condición de seres humanos libres a que nos acompañen en el reconocimiento, lucha por este mandato por la vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la territorialidad.

Ofrecemos para esta lucha nuestra memoria, mártires y experiencia y el proceso de convergencia de nuestras organizaciones y nuestra movilización en conjunto con el pueblo colombiano hasta lograr llevar a la práctica el Mandato.

¡Que vengan todas y todos, que no falte nadie!

ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS - Conferencia Nacional Afrocolombiana

ORGANIZACIONES CAMPESINAS - Acción Campesina Colombiana ACC - Asociación Colombiana de Beneficiarios de la Reforma Agraria Acbra - Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, negras e indígenas de Colombia Anmucic - Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC - Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción Anuc-ur - Central de Cooperativas del Sector Agropecuario Ltda. Cecora - Coordinador Nacional Agrario CNA - Coordinadora Nacional de Desplazados CND - Federación Agraria Nacional Fanal - Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias Fenacoa - Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria Fensuagro - Federación de Trabajadores Agrícolas de Colombia Festracol - Organizaciones Regionales Fundación San Isidro Instituto Mayor Campesino Imca, Buga

ORGANIZACIONES INDÍGENAS - Autoridades Indígenas de Colombia AICO - Otganización Nacional Indígena de Colombia ONIC

ORGANIZACIONES SINDICALES - Central Unitaria de Trabajadores CUT - Confederación de Trabajadores de Colombia CTC - Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia CGTD - Sindicato de Trabajadores del Incora Sintradin

OTRAS ORGANIZACIONES - Asociación Nacional de Ayuda Solidaria Andas - Censat Agua Viva - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Democracia y Desarrollo - Indepaz - Instituto Sindical María Cano Ismac - Mesa Agraria de la Universidad Nacional - Planeta Paz - Plataforma Colombiana de Derechos Humanos - Vamos Mujer

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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