Cronología del despojo en la Finca Bellacruz

Jueves 11 de octubre de 2012, por Movice

La historia del despojo en la Hacienda Bellacruz empieza en 1986, cuando 70 familias campesinas solicitan la adjudicación de baldíos al INCORA. Estos predios se encuentran dentro de la Hacienda La Gloria (anteriormente Bellacruz) y son propiedad de la familia Marulanda.

Desplazados | Víctimas de Crímenes de Estado_ |

Posteriormente, en el año de 1987, la familia Marulanda realiza las gestiones necesarias para que finalmente, mediante resolución 0054 del 15 de Abril de ese año, se declare la zona como Reserva forestal protectora de la cuenca alta del caño Alonso, en jurisdicción de los municipios de La Gloria y Pelaya, ocupando una extensión de 485 hectáreas. Esta reserva coincide con la ubicación de las familias campesinas en el predio Alonso dentro de la misma hacienda.

A pesar de la declaración de la reserva forestal en este lugar, sólo 60 de las 485 Has correspondían a coberturas de bosque, las hectáreas restantes correspondían a cultivos de arroz. En la actualidad, una gran extensión de esta zona se encuentra sembrada en palma aceitera, cultivos de propiedad de la empresa Dolce Vista, de la cual, uno de sus principales socios es el señor German Efromovich.

En 1989 el INCORA inicia el proceso de compra de 4 predios a la familia Marulanda para adjudicarlo a 70 familias campesinas. En este mismo momento la Procuraduría inicia un proceso de clarificación de propiedad de predios baldíos al interior de la Hacienda y encuentra que efectivamente existen bienes que no contaban con una cadena de títulos suficientes para demostrar la propiedad privada sobre los mismos.

En el año de 1995 el INCORA compra 4 lotes de la Hacienda Bellacruz que ocupan un total de 2059 hectáreas. Sin embargo, los campesinos manifestaron que dichos predios no cumplían con las condiciones que les permitiera generar ganancias por más de 2 salarios mínimos a cada familia y adicionalmente sostuvieron que en dos de los predios (San Carlos y Santa Helena) se encontraban aproximadamente 500 has de sabanas comunales.

Ya en Febrero de 1996, empiezan a presentarse los primeros desplazamientos en la zona. 49 de las 70 familias campesinas salen desplazadas como consecuencia de la incursión del grupo Héctor Julio Peinado al mando de alias "Juancho Prada". Se sabe, por medio de las versiones libres presentadas por alias "Rancho", alias "Juancho Prada" y alias "El Bachiller", así como denuncias presentadas por la comunidad ante la fiscalía 34 de DDHH de Bucaramanga, que estos grupos paramilitares fueron contratados por parte de la familia Marulanda Ramírez para desalojar los campesinos que se encontraban en la Hacienda.

En este mismo año, este grupo paramilitar instala su base de entrenamiento en predios que se encuentran al interior de la Hacienda Bellacruz.

En el 2002 el INCORA realiza nuevas adjudicaciones a 21 familias de las 70 que iniciaron el proceso solicitud de tierras baldías, 6 de ellas quedan fuera del mismo. Esta adjudicación se hace inicialmente sobre el predio Los Cacaos, sin embargo, el número de hectáreas adjudicadas excedían el total que ocupa este predio, razón por la cual, las 21 familias terminan ocupando zonas del predio San Antonio, que de acuerdo con el certificado de libertad y tradición es propiedad del INCODER.

En Febrero de 2010, 52 de las 70 familias que inciaron el proceso de adjudicación de tierras deciden organizarse y, junto con otras familias de población desplazada y campesina conforman ASOCOL. Posteriormente las y los integrantes de ASOCOL solicitan al INCODER estudiar su caso e iniciar las acciones correspondientes que les permitiera la restitución de sus tierras. En este mismo año, los campesinos solicitan iniciar el trámite de recuperación de baldíos, atendiendo a
la resolución 1551 de 1994 del INCORA y la 01125 de 1996. Gracias a la entrega de estos documentos se comprueba la responsabilidad del Estado frente al desplazamiento de Manuel Narváez, integrante de esta comunidad campesina, actualmente exiliado en Bélgica.

A través de la resolución 02294 del 5 de septiembre de 2011 el INCODER inicia el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados (predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidr y San Miguel) luego de estudiar el recurso de reposición interpuesto por la familia Marulanda a través de la resolución 03246 del 2 de diciembre de 2011

Sin embargo, ya desde Mayo de este mismo año, las víctimas empiezan a rendir declaraciones ante la fiscalía delegada de Justicia y Paz de Bucaramanga y Aguachica, por los hechos que dieron origen a su desplazamiento de la Hacienda Bellacruz. En el mes de Noviembre la oficina del Proyecto de protección de tierras manifiestan que se encuentran haciendo un diagnóstico del despojo para entregárselo más tarde a la Unidad Administrativa especial de Restitución de Tierras.

En la actualidad las familias desplazadas se encuentran dispersas en diferentes municipios del país y cerca de la mitad se encuentran en condiciones socioeconómicas de enorme vulnerabilidad, pues no cuentan con una fuente de ingresos fija y muchos de sus integrantes pertenecen a la tercera edad o son madres cabeza de familia. Adicionalmente 17 de las 22 familias que se encuentran dentro del predio (a las cuales se les adjudicó menos de la UAF) atraviesan serios problemas de sostenimiento por la calidad y extensión de la tierra adjudicada.

De otro lado, es importante mencionar que en Noviembre del 2011 sucede la reaparición del señor Francisco Alberto Marulanda en la zona. Este señor fue condenado a 18 años por conformación de grupos paramilitares y recuperó su libertad a mediados del 2010. Hoy cursan denuncias en su contra por los cargos de: La desaparición forzada de Elger Castilla y Ricardo Julio Cagua denuncias presentada ante Justicia y Paz. El asesinato de Pedro León Martinez, Aldemar Trujillo, Fanny Guerrero miembros de la vereda Caño Alonso y Edinson Donado y Jaime Laguna Collazos de la vereda 20 de Noviembre.

Según integrantes de ASOCOL, Francisco Alberto Marulanda fue visto en la cabecera municipal de Pelaya hacia mediados de Noviembre predicando en la Iglesia “Cristo vive” y recorriendo la zona. Por las mismas fechas se lo vio acompañado del paramilitar alias “El Guajiro” en El corregimiento San Bernardo (Pelaya). El último culto lo hizo en la Iglesia Cristiana “Cristo Vive” de Simaña el domingo 11 de Diciembre.

Coincidiendo con la reaparición de Marulanda se reactivó la presencia de paramilitares y se ha incrementado el asesinato a pobladores. En el Corregimiento Pueblo Nuevo (Pelaya y Tamalameque) fue asesinado un joven menor de edad en horas de la tarde, el grupo paramilitar “Los Urabeños” que opera en la zona reunió la comunidad, lo asesinaron en el centro del corregimiento, le abrieron el cuerpo para extraerle sus órganos y lo lanzaron al Rio Magdalena; El cuerpo fue encontrado en inmediaciones del Municipio de Tamalameque donde fue enterrado. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio del Interior.

En el último año se realiza una visita de la Unidad de Tierras de INCODER que no se permitió por parte de los guardias de seguridad privada que están en la hacienda. La diligencia fue coordinada por el Dr Jaime Martinez de la oficina de procesos agrarios.

Posteriormente se notifica la siguiente visita de peritaje para la recuperación de baldíos. Existe una nueva apelación por parte de la Dolce Vista, la empresa que actualmente ocupa este predio.

Esta información ha sido sistematizada gracias a los esfuerzos realizados desde la Coordinadora Nacional Campesina.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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