DELITO Y PRESOS POLITICOS EN COLOMBIA
(Colombia) (Autor: Unidad Investigativa Popular Bolivariana y Frente de Acciones por Colombia-Alemania.)

Miércoles 11 de abril de 2007, por Prensa - Colectivo

El delito político y su penalización en Colombia se remontan a la época de la invasión española y resistencia de los indígenas y esclavos, a los cuales se les daba el tratamiento de enemigos del régimen impuesto por la corona española, a los cuales les eran infligidos todo tipo de castigos y penas que iban desde la tortura física y moral, hasta el asesinato

El delito político y su penalización en Colombia se remontan a la época de la invasión española y resistencia de los indígenas y esclavos, a los cuales se les daba el tratamiento de enemigos del régimen impuesto por la corona española, a los cuales les eran infligidos todo tipo de castigos y penas que iban desde la tortura física y moral, hasta el asesinato. Posteriormente con la guerra revolucionaria de independencia, los patriotas fueron considerados como rebeldes contra la corona española, las penas impuestas por las autoridades españolas locales contra estos rebeldes fueron entre otras: la confiscación de bienes, el extrañamiento (destierro), la extradición (prisión en el extranjero), la prisión, la tortura y el fusilamiento.
Nada refleja mejor las contradicciones de las clases sociales como la aplicación del castigo físico y moral de quienes detentan el poder con sus aparatos jurídicos represivos para mantenerse en su posición privilegiada. La cárcel como parte del aparato represivo del estado busca quebrantar la moral, la convicción y los ideales de los luchadores populares pretendiendo con ello desvirtuar la justeza de su lucha, descomponerlos y ganarlos a su favor. Por otra parte la cárcel cumple el papel de atemorizar y horrorizar al pueblo para que acepte las condiciones que le impone el actual orden y renuncie a sus anhelos de libertad y justicia. 3)
Para nosotros, dentro del concepto del preso político se ubican a todas aquellas personas que por razones de su pensamiento político-ideológico, o de sus actividades en particular en pro de los intereses del pueblo sea cual fuere su nivel de participación y compromiso, organizada o espontánea y en contravía con el actual sistema imperante en nuestro país, es víctima del aparato represivo judicial del estado, en calidad de detenido, procesado o condenado. Esta etapa inicial que caracteriza al preso político, ubica a todas las personas que participan de las distintas formas de lucha y tareas, y que como producto de su trabajo caen en la cárcel. 4)
LA CRISIS EN LAS CLOACAS Y MAZMORRAS DEL RÉGIMEN

Como respuesta a la grave crisis económica y social del país el Estado y su dirigencia han optado por la vía represiva para contrarrestar los males verdaderos de la sociedad colombiana, se ha impuesto la criminalización de la pobreza y la protesta social sindical y popular, cuyo objetivo es el de crear las condiciones de estabilidad y seguridad para que el proceso de acumulación capitalista se consolide definitivamente, para ello se ha recurrido a la vulneración de la dignidad humana y los derechos fundamentales e inalienables de los ciudadanos colombianos.

En resumen, la política criminal en Colombia tiene por blanco a los pobres y a quienes, eventualmente, podrían representar una alternativa de cambio democrático. La reacción estatal se orienta a judicializar y a criminalizar sus luchas, en la mayoría de casos de supervivencia. 5)
Esto ha traído como consecuencia el desbordamiento de la capacidad carcelaria y penitenciaria nacional, y como consecuencia directa gravísimas violaciones a los derechos más elementales de las personas privadas de la libertad.
En los últimos 15 años en las cárceles colombianas se ha vivido una situación de conflicto, caracterizada por protestas, huelgas, motines, desobediencias civiles e incidentes violentos cuyo origen es múltiple: condiciones infrahumanas de reclusión, irrespeto a la dignidad del preso, violación de derechos, y más recientemente, el traslado del conflicto Estado - Insurgencia a las prisiones, -a través del paramilitarismo-, además de la descarada injerencia gringa en la administración de justicia y carcelaria colombianas.
“ (...) Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción. Razón le asiste a la Defensoría del Pueblo cuando concluye que las cárceles se han convertido en meros depósitos de personas.

Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc.

En efecto, tanto el derecho a la dignidad como el de no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantados por el hacinamiento y las malas condiciones de la estructura física y de servicios públicos que se encuentran en los centros de reclusión; los derechos a la vida y la integridad física son vulnerados o amenazados de manera inminente por el mismo hacinamiento; el derecho a la familia es quebrantado por la superpoblación carcelaria y las deficiencias administrativas, condiciones éstas que implican que los visitantes de los reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo las inclemencias del clima, para poder ingresar al centro, y que dificultan en grado extremo las visitas conyugales y familiares(...).”6)
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas-OACNUD convocó una Misión Internacional que elaboro en el año 2004 el Informe Establecimientos de Reclusión en Colombia: Un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de derechos humanos.”
La Misión constató la existencia de un patrón de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de las obligaciones del Estado Colombiano en materia de derechos humanos en los establecimientos de reclusión y salas de retenidos de las estaciones de policía del país. Las condiciones de detención en las que se encuentra la gran mayoría de las personas privadas de libertad en Colombia, así como el trato que reciben por parte de autoridades judiciales, policiales y penitenciarias, constituyen flagrantes violaciones de sus derechos humanos.
Según datos proporcionados por el Instituto Nacional penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) al 30 de septiembre del 2004, de una población total de 50.755 los sindicados son 21.433 y los sentenciados 29.322. Datos que no son reales pues habría que añadir los que se encuentran en las detenciones y retenciones de la policía y en las cárceles municipales del país.
Las violaciones a los derechos humanos constatadas por la Misión en las cárceles, penitenciarías, estaciones de policía y salas de retención transitorias visitadas derivan de la combinación de altos niveles de saturación o hacinamiento penitenciario y malas condiciones de detención, aunados a la mala gestión penitenciaria, ingobernabilidad, corrupción e impunidad prevalentes en la mayoría de los centros.
Como caso patético de ésta situación, tenemos por ejemplo que la cárcel Modelo de Bogotá fué diseñada para albergar 1.900 internos y hay en la actualidad 4.450, los domingos, día de visitas, dentro de la cárcel alcanzan a estar simultáneamente 20.000 personas, de las cuales 10.000 son menores. 7)
SITUACION PARTICULAR DE LOS PRESOS POLÍTICOS COLOMBIANOS

En las cárceles colombianas se encuentran miles de combatientes populares en físico estado de indefensión, Durante décadas las cárceles colombianas, han sido llenadas por un sinnúmero de combatientes populares de izquierda o patriotas, que se han opuesto tácitamente a las oligarquías liberales y conservadoras; muchos han purgado largas condenas y perecido en ellas, padeciendo la atrocidad y humillación inferida por el estado oligárquico al servicio del imperialismo norteamericano.

Normalmente los revolucionarios y combatientes populares que ingresan a las cárceles, lo hacen en condiciones de total indefensión: No tienen abogados que los representen en los debidos procesos; algunos se encuentran enfermos o heridos, Muchos de estos combatientes provienen de zonas urbanas muy populares o de regiones rurales distantes a los sitios de reclusión. Otros son de la clase media, pero en general, sin ningún recurso económico que les garantice una defensa justa y una permanencia respetuosa y digna en las cárceles.
“En las cárceles de Colombia cerca de 7.000 personas cumplen condenas por motivos políticos, el Gobierno, sin embargo, no les concede el status de presos políticos al negar la existencia de un conflicto armado en el país, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos tienen censados alrededor de 6.800 detenidos por razones políticas, ésta cifra significa un aumento con respecto a años anteriores y esto se debe a la enorme represión que se ha acentuado con éste gobierno. Mucha población civil, desde sindicalistas hasta defensores de derechos humanos, han sido privada de la libertad”. 8)
A partir de la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, con la aplicación de su mal famosa política de “seguridad democrática” especialmente con su estrategia de “detenciones masivas y arbitrarias”, según distintas Ong’s de derechos humanos, puede afirmarse que la cifra de detenidos por razones políticas y/o con ocasión del conflicto hoy en día es de 12.000 personas aproximadamente.
La política criminal colombina ha estado orientada a reprimir y criminalizar, sin reparos, la protesta popular y por ésta vía a consolidar la pobreza, bien sea "apaciguando" a los que se levantan, o eliminándolos o encarcelándolos.
Así se ha judicializado y penalizado indiscriminadamente a defensores de los derechos humanos, desplazados internos, ecologistas, cultivadores de cultivos de uso ilícitos; opositores a la impunidad, al modelo de desarrollo y a la intervención militar de los Estados Unidos, en igual forma a los que han investigado y denunciado a los corruptos que han conducido a la nación a la bancarrota, a la inestabilidad económica, a la recesión, al desempleo y al hueco fiscal.
En Colombia ningún sector social o sindical se ha escapado a la penalización, represión y restricción indebida de la protesta social, pero quizá los más golpeados sean los campesinos, los indígenas, los afro-colombianos y los trabajadores petroleros, del sector financiero y de las telecomunicaciones.
Actualmente la expresión más aberrante de la penalización de la protesta social y popular se ha desarrollado en el marco de la política de “seguridad democrática” aplicada por el Narco-presidente Álvaro Uribe Vélez, que se ha traducido en la persecución y judicialización de cientos de dirigentes de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, las detenciones masivas y todo tipo de desmanes contra el pueblo y sus organizaciones.

Es evidente cómo a través del Plan Colombia y con ocasión de los convenios firmados por el estado con el Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos y siguiendo las órdenes de ese gobierno, se construyen en Colombia una serie de penitenciarías de máxima seguridad, como por ejemplo la de Cómbita, en el departamento de Boyacá, a más de tres horas al norte de Bogotá. La prisión está ubicada en el altiplano a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar con temperaturas diurnas de un promedio de 4 a 6 grados Celsius, y por debajo de cero en las noches. Los prisioneros no tienen acceso a la calefacción, ni a la luz solar. Cómbita, en el departamento de Boyacá, es el segundo sitio de reclusión más peligroso en el hemisferio occidental después de la prisión de Gitmo ubicada en Guantánamo-Isla de Cuba.
Estos sitios reproducen el esquema de cárcel predominante en ese país y que es asimilado a un campo de concentración, el cual, ha sido motivo de enérgicos cuestionamientos a nivel internacional, pues es una realidad que allí se desconocen abiertamente todos los derechos inherentes a la persona humana. El gobierno colombiano ha decidido implementar éste modelo de cárcel desconociendo imperativos constitucionales y los compromisos asumidos por el Estado a nivel internacional en lo que respecta al tratamiento a las personas privadas de la libertad.

Los presos y presas políticos colombianos como parte de la población carcelaria colombiana, además de sufrir las inhumanas condiciones que afrontan los casi 60.000 presos del país, soportan una carga adicional por su condición de presos políticos, la estigmatización, la segregación y el trato discriminatorio por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias hacen más gravosa la carga de nuestros compañeros y compañeras. Con la supresión del delito político la mayoría de nuestros compañeros están siendo procesados y condenados por Terrorismo, homicidio, secuestro y por todo tipo de delitos menos por rebelión.
Urge de la comunidad internacional la puesta en marcha de medidas concretas para conocer y ayudar a nuestros compatriotas injustamente encarcelados en Colombia.

Todas las personas, hombres y mujeres que protejan los intereses del pueblo, son merecedores del más profundo respeto y admiración. Son meritorias de la mayor solidaridad y fraternidad cuando las circunstancias y lugar lo requieran.

1) Álvaro Uribe en reunión con todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia Palacio de Nariño Bogotá 31 de enero de 2005.
2) Patriotas, rebeldes y terroristas UAC Bogotá Colombia 2005.
3) Ladrillo Sólido Nueva Arquitectura Bogotá 1996.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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