De la confusión entre el abuso de la fuerza y la fuerza del abuso: ¿una nueva estrategia de represión policial?

Jueves 26 de septiembre de 2013, por Rebvelando Observatorio Juvenil

La muerte de 6 jóvenes (un hombre y 5 mujeres) en la localidad Rafael Uribe ocurrida el pasado 15 de septiembre de 2013, como consecuencia de un operativo policial, no es sólo una muestra del desproporcionado uso de la fuerza que llevan implícitas la mayoría de las intervenciones policiales frente a la sociedad civil, también nos advierte sobre la falta de profesionalismo con la que muchos de sus integrantes asumen sus tareas constitucionales; rayando en varias ocasiones en una profunda intolerancia y total falta de sentido común.

Víctimas del conflicto | Abusos de la Fuerza Pública | Colombia |

Los hechos ocurrieron cuando unidades de policía del CAI del barrio Centenario, hicieron presencia en “Night Club” con el objeto de atender una riña. Luego, hacia las 4 de la mañana un vecino del establecimiento llamó al número de emergencias 123 para reportar que ese establecimiento estaba infestado por una columna de gases que ponía en peligro la vida de sus ocupantes, al punto que algunos intentaban escapar por las ventanas.

Los gases habían sido lanzados por los uniformados que hacían presencia en el establecimiento y que al no poder ingresar (ya que funcionaba fuera del horario permitido por la ley), decidieron que la mejor manera de cumplir las disposiciones contenidas en el manual para el comando de atención inmediata CAI, sobre promover la armonía y el respeto por la ley, era arrojando gases lacrimógenos al interior de un local cerrado y lleno de personas.

¿Cómo es que un procedimiento, que en condiciones normales debía arrojar un saldo de algunos detenidos y un local sellado, termina resultado en la lamentable muerte de 6 personas y más de 10 heridas? ¿Cómo unos policías terminan confundiendo un operativo normal de disuasión, con otro que implica el uso de armas antidisturbios para generar más daño del que iba a prevenir? La novedad de los hechos no nos permite hacer ningún juicio concluyente, pero quizá el observar las actuaciones recientes del Ministro de la Defensa nos hacen pensar que la defensa nacional parece vivir en una gran “confusión”.

Entre finales de agosto y principios de septiembre de 2013 vivimos en Colombia uno de los periodos más álgidos de movilizaciones que la gran mayoría de la sociedad civil adelantó en el marco del paro agrario y popular. Sin embargo, estas movilizaciones de la ciudadanía colombiana también estuvieron acompañadas por una de las escaladas más violentas y masivas de la fuerza pública contra la población civil. Gracias a las redes sociales y a algunos medios de comunicación, estos abusos fueron puestos en evidencia ante toda la opinión pública y pese a las declaraciones paliativas de las autoridades, se reveló la ilegalidad con que muchos cuerpos de la defensa publica como el ESMAD operan diariamente.

Pero al igual que los policías que operaron esa trágica noche en el Night club, el Ministro de Defensa también “confundió” los hechos. En medio del debate sobre el irrespeto mostrado por la Fuerza Pública hacia el estamento civil, donde muchos sectores reclamaban investigación, desmonte o reducción sobre los cuerpos de seguridad involucrados, y del que se esperaba un pronunciamiento del ministro anunciando investigaciones internas o reordenamientos administrativos, resultó radicada en la Cámara de Representantes una ley que propone penas de tres a cinco años de prisión para quienes participaran de manifestaciones públicas, bloquearan vías o vistieran capuchas, así como declaraciones públicas en las que anuncia la duplicación del ESMAD

Ante esta desproporción entre los estamentos militares y el poder civil no podemos más que sospechar de estas “confusiones”. Por ejemplo, en el caso del Nigth Club en Rafael Uribe las grandes cadenas de noticias de Colombia no tardaron en asumir el problema, no como un caso de abuso de fuerza por las autoridades, sino como un caso de mala adecuación e ilegalidad de los sitios de rumba.

Nosotros como colectivo rebvelamos la clara intención del régimen político encabezado por Juan Manuel Santos por criminalizar todas las manifestaciones populares, como actos contra el Orden Público. Es una mentalidad con la que se adoctrina a las fuerzas militares para defender un establecimiento que se siente amenazado por el despertar popular. Los hechos de Rafael Uribe no son sino una muestra de la combinación de las formas de lucha que el establecimiento está librando en contra de la manifestación popular y que involucra estrategias jurídicas como el endurecimiento de las penas contra los manifestantes y otras coercitivas como la militarización de los barrios populares donde soldados se pasean campantes por las calles con armas automáticas de calibres solo aptos para la guerra, nos preguntamos qué pasará con estos soldados en el caso que se presente una nueva riña u acto similar ¿dispararan a todos los que se encuentres alrededor? Deberíamos preguntarnos si el mantenimiento de algo tan abstracto como el Orden Público justifica el aplastamiento de nuestras garantías constitucionales como la vida, la integridad o la libertad.

Es momento de entender que la policía es un arma de guerra en manos del Ministerio de Defensa, que no ejerce control disciplinario sobre sus efectivos y se señorea en el campo y la ciudad, como si nosotros, la ciudadanía, les debiéramos obediencia y silencio ante sus crímenes. Rebvelando invita a las personas que han sido sujeto de abusos por parte de las Fuerzas Públicas a que se comuniquen con el colectivo y tejamos una red de veeduría ciudadana para que no haya más impunidad por parte de estos funcionarios, de otro modo “¿quién vigila a los vigilantes?”

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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