Decisión de la Corte Suprema de Justicia devela montaje contra senador Iván Cepeda

Viernes 23 de febrero de 2018, por Prensa - Colectivo

La Sala de casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación penal en contra del senador Iván Cepeda Castro quien había sido denunciado por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez desde 2012, por los delitos de abuso de la función pública, calumnia, fraude procesal y falso testimonio en calidad de determinador.

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La Corte encontró que no hay mérito para investigar al Senador Cepeda por tales delitos, y que, en cambio, sí lo hay para ordenar la investigación contra al senador Álvaro Uribe Vélez por, presuntamente, haber manipulado testigos contra Cepeda. De igual forma solicitó al magistrado ponente un informe sobre los avances en la investigación del caso con el radicado 45.110, masacre de La Granja, en el cual se investigan las actuaciones Uribe Vélez cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia, y que se encuentra engavetada en el despacho del magistrado Malo Fernández desde el año 2014.

La Corte también ordena que esta decisión sobre el caso de falsos testigos sea remitida al proceso contra el ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por vínculos con el paramilitarismo. Así mismo, ordena proteger la vida de todos los testigos en este caso, investigar a los falsos testigos y establecer qué pasó con grabaciones cruciales dentro del proceso que no aparecen.

A diferencia de otros procesos contra el senador Álvaro Uribe, en este caso la Corte cuenta no solo con testimonios sino con pruebas fotográficas y audios que comprometen al Senador, obtenidos mediante la sala de interceptaciones Esperanza de la Fiscalía General de la Nación a paramilitares involucrados en el montaje. Por otra parte, la orden de investigación no se dirige a la Comisión de Acusaciones donde reposan sin resultado alguno, cientos de órdenes similares, sino a la misma Corte, dado que se trata de actuaciones de Uribe Vélez como senador y no como presidente.

El montaje

Las acusaciones contra el congresista Cepeda tienen como origen la labor parlamentaria que emprendió como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes para documentar la situación carcelaria, la que expuso en múltiples informes y comunicaciones al INPEC, a la Defensoría y la Procuraduría, así como en un debate de control político sobre esta materia realizado en 2011.

En el marco de esta actividad, el entonces Representante a la Cámara Iván Cepeda comenzó a recibir solicitudes de entrevista a través de abogados por parte de paramilitares que querían denunciar hechos graves sobre el origen y la conformación del paramilitarismo, los que en su momento remitió a la Fiscalía y desembocaron en nuevas investigaciones.

Dos de esos testimonios fueron los de Juan Guillermo Monsalve, hijo del antiguo administrador de la Hacienda Las Guacharacas, Oscar Monsalve, donde Álvaro Uribe Vélez, junto con sus socios Gallón Henao y Villegas Uribe habrían conformado el grupo paramilitar "Bloque Metro" autor de masacres y asesinatos en el municipio de San Roque, Antioquia.

La otra, de gran repercusión en los medios y redes sociales, fue la del paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias, Alberto Sierra quien se refirió a Uribe en 2013 como “un hombre activo en el paramilitarismo”. Por esta afirmación fue denunciado por injuria y calumnia por el senador Uribe, y absuelto en primera y segunda instancia.

En agosto de 2014 cuando el senador Cepeda anunció la realización de un debate de control político donde revelaría pruebas de vínculos del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares, las conversaciones sostenidas al menos dos años atrás se convirtieron en el sustento de la defensa de Uribe, consistente en acusar a Iván Cepeda de ir a las cárceles a ofrecerle dinero a paramilitares para que atestiguaran en su contra.

Como se recuerda, ante las cámaras de televisión y en medio del debate, Uribe afirmó que se retiraba del recinto para ir a la Corte Suprema de Justicia a entregar las pruebas de dichos montajes por parte de Cepeda, que no eran otras que declaraciones de los paramilitares Ramiro Henao Aguilar, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda.

Esos testimonios que tenían el propósito de desvirtuar los de Monsalve y Sierra, habían sido obtenidos por el abogado del paramilitar Luis Arnulfo Tuberquia, alias “Memín”, Wilser Molina, integrante del Centro Democrático, hoy alcalde de Amagá Antioquia, a quien la Corte también ordena investigar por su actuación en este caso.

Las pruebas

Todo esto lo estableció la Sala después de una exhaustiva investigación de cuatro años durante los cuales llamó a declarar a los involucrados y ordenó la interceptación de los paramilitares relacionados con el caso, del abogado Wilser Molina y de Juan Guillermo Villegas Uribe de quien tuvo noticia el tribunal por el control permanente que ejercía sobre la familia de Juan Guillermo Monsalve –hijo del administrador de Las Guacharacas- para evitar que sus declaraciones afectaran a Uribe Vélez y su círculo más cercano.

Para reforzar este montaje el senador del Centro Democrático Ernesto Macías utilizó como prueba contra Iván Cepeda un cheque que supuestamente el congresista Cepeda le había girado a la familia Monsalve. El cheque, en realidad, había sido emitido por una organización de derechos humanos para facilitar el sustento temporal de la familia Monsalve en la ciudad de Bogotá, obligada a desplazarse por amenazas y hostigamientos, como lo reconoció la Corte.

El Tribunal encontró también inconsistencias y contradicciones en los testimonios de alias “Simón” y alias “Castañeda”, y obtuvo grabaciones de conversaciones constantes entre el senador Uribe y Wilser Molina, y de Uribe con Villegas, tendientes a la presunta manipulación de testigos que deberá ser investigada por la misma Corte. El Alto Tribunal también ordena investigar por qué hay conversaciones en días cruciales que aún no se sabe si no fueron grabadas o cuyas grabaciones desaparecieron.

Por otra parte, la Corte obtuvo registro fotográfico de una reunión en un establecimiento comercial en Medellín entre Villegas, Uribe y Humberto Gómez Garro.

En su declaración ante la Corte, Wilser Molina aceptó que visitó al menos dos veces la finca del senador Uribe en el municipio de Rionegro, Antioquia, quien le pidió que por favor recogiera esos testimonios. También reconoció haber pagado a un investigador privado exagente del Das para esa tarea. Por todo lo anterior, la Corte ordena investigar al senador Uribe Vélez así como Juan Guillermo Villegas, Humberto Gómez Garro y Wilser Molina, con quienes tuvo contacto personal.

Otro de los falsos testigos que ahora involucran al senador Uribe, es el expolicía Pedro Manuel Benavides Rivera, señalado de participar en la conformación del grupo paramilitar “Los doce apóstoles” y quien recientemente, declaró en el caso contra Santiago Uribe alegando no recordar nada. En el caso de los falsos testigos, Benavides afirmó que el senador Cepeda le había ofrecido una suma de dinero a su compañero el exagente Alexander Amaya, señalado de pertenecer a “Los doce apóstoles”. La Corte determinó que dicho ofrecimiento nunca se realizó y que el policía Amaya no tuvo ningún tipo de contacto con el senador Cepeda, y ordena investigar a Benavides Rivera por falso testimonio.

Una tercera línea del montaje de Uribe contra el senador Cepeda que deberá investigar la Corte es la participación del paramilitar Carlos Enrique Areiza Arango, quien en 2015 divulgó una carta en la dirigida al proceso contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos donde afirmaba que el senador Cepeda le había ofrecido 100 millones de pesos por declarar en contra de Álvaro y Santiago Uribe Vélez, de Luis Alfredo Ramos y de José Obdulio Gaviria. Ahora la Corte ordena investigar la autenticidad de dicha carta, ya que fue obtenida durante una visita de Jaime Restrepo Restrepo, emisario de José Obdulio Gaviria, quien le hizo suscribir a Areiza dos hojas en blanco.

El ofrecimiento, decía la carta, se habría dado durante el recorrido de Bello a la cárcel de Itaguí, cuando Cepeda medió en la entrega de Areiza posterior a su fuga, autorizado por el Inpec y el Ministerio de Justicia. Llamado por la Corte a declarar, Areiza negó contundentemente que Cepeda le hubiese ofrecido alguna prebenda.

Cabe recordar que como testigo en el caso contra Luis Alfredo Ramos, el paramilitar Carlos Areiza declaró en su contra pero luego se retractó, después de ser visitado por el abogado de Luis Alfredo Ramos, Gustavo Moreno, quien denunció a Areiza por extorsión y le ofreció un preacuerdo por falso testimonio en el caso de Ramos.

Análisis del fallo por parte del abogado del senador Iván Cepeda, Reynaldo Villalba

Con la decisión de la Corte y las órdenes de investigación que se derivan de ella queda develada la existencia de un montaje contra el senador Iván Cepeda, tendiente a desprestigiar su labor parlamentaria y sus denuncias sobre el paramilitarismo. La verdad sobre este caso debe conducir que se establezcan todas las responsabilidades en dicho montaje y a resarcir el buen nombre del senador Cepeda, víctima constante de ataques y calumnias.

Así mismo, el acatamiento de la decisión debería impulsar otras investigaciones cruciales en este sentido, como la masacre de La Granja, la conformación del grupo paramilitar “Los doce apóstoles” y el papel que jugó en ella el hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, así como el proceso por parapolítica contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos. La sociedad colombiana tiene derecho a conocer la dimensión del paramiltiarismo en Antioquia, sus máximos responsables y sus repercusiones a nivel nacional como garantía de no repetición.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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