Declaración política de Centro Oriente de Colombia - Jornada nacional de movilización

Se habla de la paz, el reconocimiento y el derecho de las víctimas
como prioridad del Estado mientras se dilata el cumplimiento de los acuerdos
mínimos efectuados con la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular
para entrar a un proceso de interlocución nacional y regional que permita dar
solución al pliego de exigencias.

Derecho a un ambiente sano | Desplazamiento | Despojo de tierras | Destrucción ambiental | Paz y Derechos Humanos |

El pueblo colombiano ha venido sufriendo el abandono en la inversión social, el
poco acceso a la educación y la mala calidad de la misma que se suma además a la
nula garantía de transporte y alimentación escolar, el no cubrimiento de los
servicios administrativos en las instituciones, la falta de profesores y la escasa
posibilidad con que cuentan los jóvenes bachilleres para acceder a la educación
superior; el riesgo inminente de la vida y la integridad por la carencia de una salud
aplicada como un derecho fundamental que ha llevado a que las personas se
mueran esperando una atención integral, los pocos tratamientos no se compadecen
con la gravedad de las enfermedades y los medicamentos no se suministran de
manera oportuna y acorde al padecimiento de los pacientes, la inexistencia de
unidades de atención especializadas en la mayoría de los municipios del país,
aunado a la violación sistemática de los derechos laborales de las y los trabajadores
de la misión médica; el acaparamiento de las tierras en manos de la oligarquía y las
empresas transnacionales producto del despojo y la adjudicación para el desarrollo
de megaproyectos minero-energéticos, de infraestructura y agro-combustibles, y
no para la producción de alimentos y agua para la vida.

La hecatombe ambiental, social y humanitaria producto de la actividad extractiva
para el saqueo y expoliación de nuestros recursos que ha llevado al desplazamiento
forzado en grandes masas de campesinos, indígenas y afro-descendientes, la
vulneración de sus derechos ancestrales y la pérdida de identidad, valores y
costumbres.

Penurias compartidas por la mayoría de los sectores populares, oprimidos y
empobrecidos del país, que afrontan además, el desempleo, subempleo,
marginación y exclusión.

Todo ello consecuencia de los dictámenes y misiones que el sistema capitalista le
impone a los países mal llamados subdesarrollados o del tercer mundo.
En esa dirección, el gobierno nacional para profundizar el sistema y su estado
actual, el modelo neoliberal, propone su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018,
que terminará la tarea de entrega total de la soberanía, los recursos y la
privatización de los derechos económicos, sociales y culturales.
Para garantizar el cumplimiento de esos dictámenes, se arrecia la estrategia
criminal de agresión contra el pueblo, aumentando la militarización de los campos y
ciudades con una fuerza mercenaria al servicio de los intereses del capital
transnacional que contraría el legado de lucha por la independencia, libertad y
soberanía adelantada por el ejército de Bolívar del cual dicen descender; aumenta
el desplazamiento, judicialización y muerte a las personas que se atreven a
reclamar su derecho a la tierra y a una vida digna; y persigue y estigmatiza el
movimiento social.

Sin embargo, se habla de la paz, el reconocimiento y el derecho de las víctimas
como prioridad del Estado mientras se dilata el cumplimiento de los acuerdos
mínimos efectuados con la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular
para entrar a un proceso de interlocución nacional y regional que permita dar
solución al pliego de exigencias.

Con base en todo lo anterior declaramos:

Que rechazamos contundentemente el Plan Nacional de Desarrollo, por ser un
instrumento encaminado a afianzar el sistema económico imperante en detrimento
de la vida, la dignidad, la soberanía y la paz.

Que reiteramos nuestras apuestas por una paz con justicia social, que conlleve a la
superación de las causas estructurales que generaron el conflicto político, social y
armado en el país.

Que denunciamos las sistemáticas agresiones y amenazas contra la vida, la
integridad y la libertad de los campesinos y campesinas que retornaron a sus
tierras despojadas por el Estado y la OXY en el complejo Caño Limón, y como
Movimiento Político de Masas nos dispondremos a desarrollar las acciones
pertinentes en defensa de sus derechos.
Que es la movilización y la lucha social las principales herramientas para la
transformación de la sociedad.

Que reiteramos nuestra solidaridad con los campesinos movilizados en el Sur de
Bolívar, los indígenas del Cauca y el hermano pueblo de la República Bolivariana de
Venezuela.

Exigimos al Estado colombiano:
Se cumplan los acuerdos hechos en el marco de la Cumbre Nacional Agraria,
Campesina, Étnica y Popular, y los pactados en la mesa de interlocución regional.
Se desmilitaricen los territorios indígenas, campesinos, afro-descendientes y las
universidades.

Se deje de dar un tratamiento de guerra a la movilización y la protesta social,
dejando en libertad de manera inmediata al dirigente social, compañero
ALEXANDER TIBACUY LAGUADO, presidente de la Federación Departamental de
Juntas de Acción Comunal de Arauca, así como a todas y todos los líderes sociales
y populares judicializados en ese marco.

La reversión del campo Caño Limón a la estatal petrolera y la mitigación de la
histórica deuda social, ambiental y humanitaria de la OXY con el pueblo araucano.
El Gobierno Nacional instale con el movimiento social y las comunidades rurales,
quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus
peores manifestaciones la tercera mesa de diálogo nacional que posibilite discutir
los problemas sociales desde cada una de las regiones

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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