Defender la vida: Un mandato que nos concierne
XII SOS Por la paz, por la vida y las garantías de no repetición

Viernes 3 de agosto de 2018, por Prensa - Colectivo

Nuevamente, como lo hemos hecho desde marzo de 2016, tenemos que lanzar un SOS por la vida, la paz y las garantías de no repetición ante la agudización de la situación de violencia contra líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y contra las comunidades.

Paz y Derechos Humanos | Abusos de la Fuerza Pública | Ejecuciones extrajudiciales | Criminalización de [email protected]/movimientos | Paramilitarismo | Amenazas | Desaparición forzada | Desplazamiento |

En el periodo del actual SOS, entre el 27 de abril y el 30 de julio, hemos recibido denuncias sobre 145 hechos violentos, con 815 víctimas, entre homicidios: 68 hechos con 90 víctimas (tres masacres); amenazas: 26 hechos con 76 víctimas individuales y colectivas; 12 casos de abuso de la fuerza pública; seis infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra la población civil, cuatro casos de desplazamiento forzado con 601 víctimas, dos de ellos masivos en Buenaventura, Valle, y en el Cauca uno individual y uno de la comunidad de Juan Santo en el río Naya.

Por departamentos, los más afectados fueron el Cauca con 26 hechos, que incluyen la masacre de siete personas, Antioquia con 22 hechos, Valle con 16, Nariño con 9, Putumayo y Norte de Santander con 8, respectivamente. También los departamentos de Arauca y Chocó fueron escenario frecuente de graves violaciones a los derechos humanos y el DIH, con 7 y 6 hechos respectivamente.

Además del incremento en los casos de desplazamiento forzado, tres hechos atroces del periodo llaman la atención sobre la violencia generalizada que, además de los asesinatos selectivos de defensoras y defensores de derechos humanos, se cierne sobre los territorios. El asesinato de 3 integrantes del CTI que investigaban otros crímenes cometidos por alias “Guacho” jefe de una organización criminal autodenominada “Frente Oliver Sinisterra” disidencia de las Farc, en Tumaco, Nariño, la masacre de siete personas cuyos cuerpos fueron trasladados cerca al casco urbano de Argelia, Cauca y la reciente masacre de nueve personas en el casco urbano del municipio de El Tarra, Norte de Santander, donde fueron asesinadas nueve personas, una de ellas líder social y al menos tres excombatientes.

En este mismo sentido, es muy preocupante la situación de violencia que azota a municipios en particular como es el caso de Apartadó o Ituango, en Antioquia, este último además afectado por la tragedia provocada y aún sin solución efectiva para miles de damnificados por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango.

En estos 2 municipios de Antioquia se presentan 12 de los 24 hechos victimizantes en el periodo. En el caso de Ituango, cinco fueron homicidios y uno abuso de la fuerza pública por hostigamiento contra la viuda de uno de los líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, también asesinado durante el periodo. En el caso de Apartadó la agresión más frecuente sigue siendo el asedio paramilitar, las amenazas, abusos de la fuerza pública contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que llegaron a un punto máximo de agresión contra esta comunidad con el asesinato de John Manuel Martínez, un campesino habitante de la vereda.

Algo similar ocurre en el Valle, donde sólo en el municipio de Buenaventura se presentaron 6 de los 16 hechos victimizantes de todo el departamento, dos de ellos masivos desplazamientos forzados que afectaron a 550 personas, dos atentados y el asesinato del líder comunitario indígena Gonzalo Hilamo Mesa.

Por otra parte, en el norte del Cauca, en ocho de sus municipios se presentaron 18 de los 26 hechos victimizantes del departamento, incluyendo una amenaza de un grupo disidente autodenominado “Columna Móvil Dagoberto Ramos de las FARC-EP” contra las autoridades indígenas de toda esta región. Y sólo en Tumaco, por otra parte, se presentaron tres de los 9 hechos denunciados en el departamento de Nariño: el asesinato de los tres agentes del CTI, el de un indígena del Resguardo Gran Rosario del pueblo Awá y una infracción al DIH por parte del Ejército Nacional que invadió la escuela Resguardo Piguambi Palangala, del mismo pueblo Awá.
Pero también continúa el asesinato de excombatientes de las Farc que son asesinados cerca o incluso dentro de los espacios de reincorporación, una situación que pone en riesgo su proceso y lanza un mensaje de zozobra e incertidumbre a los demás excombatientes. En el periodo se registraron 6 asesinatos individuales de integrantes de la antigua guerrilla de las Farc, además de al menos tres que estarían entre las víctimas de la masacre de El Tarra.

Nos están matando, judicializando y amenazando

En relación con los líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, en el periodo registramos que 99 de los 145 hechos del periodo, 56 asesinatos. Nuevamente tenemos que registrar que líderes y lideresas están siendo asesinados en sus casas o cerca de ellas, en presencia o muy cerda de sus familiares, con armas de fuego cuyo porte no es usual ente ciudadanos del común, y que se comienza a implementar la práctica del secuestro o la desaparición forzada del lider social por varios días antes de que su cuerpo sin vida sean encontrados, como sucedió con el caso de Ibes Trujillo en Buenos Aires, Cauca.

Por otra parte, en el periodo se presentaron 8 atentados contra las y los defensores, como los que se cometieron contra el senador Alexander López Maya, reconocido defensor de los derechos de los trabajadores desde su labor parlamentaria, contra el del dirigente sindical de la USO, Luis Alberto Galvis, la destacada lideresa María Ruth Sanabria y el del líder indígena José Antonio Mojica, este último ocurrido tres días después de un acto en el que el Estado colombiano reconocía su responsabilidad y pedía perdón por la masacre de El Limón, comunidad del pueblo Wiwa, cometida en 2002.

En relación con las amenazas, de nuevo los panfletos debajo de las puertas o a través de las redes sociales son el pan de cada día para las organizaciones sociales, y más recientemente para la prensa y los periodistas. En el periodo, las y los defensores fueron víctimas de 20 amenazas individuales y colectivas, entre las que debemos registrar tristemente una dirigida contra medios de comunicación, periodistas y organizaciones de derechos humanos, y que incluye entre sus blancos al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -Cajar. Ante estas amenazas exigimos de la Fiscalía voluntad política y celeridad para identificar a los responsables, como ocurre cuando estas amenazas se dirigen a personalidades de la vida política nacional.

En el periodo también se presentó un caso de desplazamiento forzado del líder social José William Orozco de Popayán, así como 6 casos de hostigamiento dentro de los cuales se encuentra el robo de información a abogados defensores de jóvenes incriminados por los hechos del Centro Comercial Andino, una detención arbitraria del Secretario Técnico y miembro de la Comisión Internacional del Congreso de los Pueblos, Julián Andrés Gil.

A los ataques contra líderes comunitarios y sociales se sumaron en el periodo, los dirigidos a promotores de la campaña Colombia Humana. El audio intimidante contra una educadora del Sur de Bolívar que generó la indignación en redes sociales y medios de comunicación es el reflejo de ese clima de zozobra para quienes promovieron esta campaña. Entre el 1 de mayo y el 30 de julio, recibimos seis denuncias de agresiones contra 17 víctimas, 4 de homicidio, y una amenaza contra 12 de sus integrantes en San Juan del Cesar, Guajira. En Buenos Aires, Cauca, fue asesinado un concejal de Alianza Verde y Colombia Humana, y en Cáceres, Antioquia, la docente Ana María Cortés Mena, quien había sido amenazada desde el número telefónico de la estación de policía del municipio, según denuncia periodística de Noticias UNO. Los otros dos promotores de la campaña Colombia Humana fueron asesinados en los municipios de Puerto Gaitán, Meta y La Argentina, Huila.

Quiénes son

Por presunto autor, 88 de los 145 hechos tienen autor desconocido, 26 tiene como presunto autor a paramilitares, en particular las amenazas de las denominadas “Águilas Negras” de las cuales no se conoce estructura alguna, pero también otras suscritas por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Urabeños, Clan del Golfo, la de alias “Carlos Mario” contra la docente en el sur de Bolívar y una suscrita por el denominado Comando Popular de Limpieza Social en Argelia, Cauca.

Otros 11 hechos del periodo se atribuyen a la fuerza pública, 5 a disidencias de las Farc, 3 al ELN y 2 al EPL y fuerza pública consistentes en violaciones al DIH por combates que ponen en peligro a la población civil en la región del Catatumbo. También 1 donde la misma víctima recibe amenazas del ELN y de sujetos que se identifican como disidencia de las Farc, en Almaguer, Cauca.

Si bien en la mayoría de los ataques no es fácil establecer con certeza la autoría de los mismos, lo que puede entorpecer las investigaciones y desmantelamiento de estructuras criminales, no se puede decir lo mismo de los abusos de la fuerza pública que las comunidades y líderes enfrentan constantemente en defensa de derechos. En el periodo recibimos denuncias de 10 casos con 13 víctimas, individuales y colectivas, 4 de estos cometidos por el Ejército Nacional y 4 por la Policía, 1 por el ESMAD y 1 en actuación conjunta entre el ESMAD y la Policía.

Dos de los casos de abuso de la fuerza pública ocurrieron en Cauca, dos en Nariño y los restantes en Atlántico, Antioquia, Nariño, Putumayo y Risaralda y Boyacá, todos relacionados con represión a la protesta social, como sucedió en el caso de la comunidad de Sáchica, Boyacá, atacada por el ESMAD cuando se oponía pacíficamente a un proyecto petrolero en su territorio. O la manifestación de taxistas en Barranquilla donde un agente de la Policía intentó detener arbitrariamente al líder de la protesta.

De igual forma se denuncian otros abusos como el robo de alimentos de una huerta en un resguardo indígena en el municipio de Barbacoas, Nariño, o la continuidad de los ataques contra el Pueblo Nasa, en su proceso de Liberación de la madre tierra que no es otra cosa que recuperar tierras sembradas con cultivos de caña, reemplazándolos por pancoger, con base en sus derechos y convicciones ancestrales.

Ataques contra la vida y contra la implementación

Este nuevo ciclo de agudización de las agresiones contra defensoras y defensores, pero también contra campesinos comunidades y pobladores de aquellas zonas donde la consolidación de la paz territorial es más urgente y desafiante, tiene un claro inicio en la etapa posterior a las elecciones presidenciales, como se aprecia en la gráfica.

En anteriores SOS, registramos ya preocupantes promedios de un asesinato cada dos o tres días, mientras que en el actual y en particular después del 17 de junio, día de los comicios para la segunda vuelta presidencial, llegamos a registrar un asesinato diario, en promedio, con un leve descenso posterior a las manifestaciones del 6 de julio, interrumpido por la masacre de El Tarra.


Homicidios 1 de mayo al 30 de julio de 2018

Esta escalada violenta, sin lugar a dudas, va de la mano de una campaña de opinión pública que quiere entorpecer el proceso de paz y atribuirle la situación actual, cuando la realidad indica que son los ataques contra el mismo y a las deudas en materia de implementación, los principales factores que siguen desencadenando la violencia en los territorios.

En el nuevo panorama político, esta campaña contra la paz se hace evidente también en la implementación legislativa. Un proceso que debería fluir con normalidad al estar soportado en un Acuerdo de carácter vinculante y basado en la Constitución y los tratados internacionales, se ve seriamente amenazado por anuncios de reformas inadmisibles a lo pactado en La Habana y luego modificado y suscrito en el Teatro Colón, o por reformas como las introducidas a la Ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

En esta última materia, y en lo concerniente a los mecanismos de juzgamiento de los militares, son un claro ejemplo los cambios introducidos por el partido Centro Democrático en cuanto a la conformación de una sala particular para juzgar a los militares, así como la limitación del papel de la JEP en los casos de extradición, al de corroborar la fecha de los hechos. Reformas que, como hemos señalado son inconstitucionales.

Muy preocupantes es también la situación actual que atraviesa la Unidad Nacional de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas, UBPD (1) que no ha recibido el total de los recursos que requiere para ejercer su mandato de encontrar a las personas dadas por desaparecidas en cumplimiento a los derechos de las víctimas, el Acuerdo de paz y las garantías de no repetición.

En relación con los otros puntos de la implementación, sigue siendo crucial avanzar y cumplir con las metas trazadas en materia de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. El desamparo de las comunidades que aún derivan su sustento de la hoja de coca las ha dejado a expensas de imperios criminales trasnacionales como el que encabeza alias “Guacho” en la región fronteriza con Ecuador y que también dominan otros territorios de la geografía nacional.

Los esfuerzos normativos como la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la prohibición constitucional del paramilitarismo, las leyes de sometimiento para las Bandas Criminales que han tenido eco en estas organizaciones, según recientes anuncios de dos de sus cabecillas, aún encuentran un obstáculo en la falta de voluntad política para pasar de los acuerdos a la realidad, de las cifras de investigaciones a la verdad sobre las estructuras, de los datos sobre defensores y periodistas con esquemas de seguridad a la atención eficaz a las alertas tempranas, de las judicializaciones individuales a la desestructuración de los aparatos criminales detrás de esta violencia, incluyendo la investigación y sanción de agentes estatales involucrados.

No es posible dejar de señalar las investigaciones abiertas por la Corte Suprema de Justicia por dos casos de soborno y fraude procesal en contra del senador Álvaro Uribe Vélez. Una decisión valerosa de la Corte y sustentada en sólidos indicios, que esperamos que el senador asuma con entereza ante su juez natural, como lo ha anunciado en redes sociales. Hacemos un llamado al nuevo gobierno para que mantenga el respeto por la separación de poderes y se abstenga de intervenir o suplantar con declaraciones, la actuación del tribunal supremo.

Como lo ha señalado la misma Corte, de comprobarse estos graves hechos, también dejarían al descubierto otros crímenes aún mayores que pareciera pretender encubrir el ex gobernador de Antioquia y ex presidente de la República, en cuanto a su relación con la conformación de estructuras paramilitares: Verdades que necesita hoy el país para construir paz con garantías de no repetición.

A defender la vida

En respuesta a este momento de transición en medio de incertidumbres, es alentador ver cómo crece un consenso social de rechazo ante los asesinatos de líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos. A la indignación antes marginal, se han ido sumando masivas expresiones como la velatón mundial del 6 de julio pasado, y la convocatoria para movilizarnos en todo el país el próximo 7 de agosto a la cual nos sumamos activamente, las crecientes expresiones de rechazo en los medios de comunicación, la campaña de opinión pública lanzada en alianza entre las organizaciones sociales y el canal Caracol Televisión (2), los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación (3) y la Defensoría del Pueblo (4), el Pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales (5), las palabras del presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (6) durante la entrega del informe Defender la Vida (7). Y otros pronunciamientos de carácter internacional como los de congresistas estadounidenses (8), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (9) y la Misión de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz. Todas estas expresiones valiosas y esperanzadoras han ido convirtiendo en imperativo ético y acuerdo nacional, la defensa de la vida.

Y en ese sentido, no es una opción retroceder. El presidente Juan Manuel Santos tiene el deber, hasta el último día de su mandato, de garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos lo que incluye emitir la resolución del protocolo de garantías a la protesta social acordado con organizaciones sociales, e implementar el Acuerdo de Paz, dotando de todas las herramientas jurídicas y financieras necesarias al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y las demás instancias pactadas en el Acuerdo para su cabal funcionamiento.

El presidente electo Iván Duque hereda un acuerdo que es política de Estado y no de gobierno, así como el compromiso de avanzar hacia una paz completa manteniendo la búsqueda de la paz con el ELN. También el de garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo el país, incluyendo el derecho a la protesta social, a defender la vida y los derechos humanos en Colombia.


Notas

1. “Unidad de Búsqueda de Desaparecidos está funcionando con 14 personas” https://www.semana.com/nacion/articulo/unidad-de-busqueda-de-desaparecidos-esta-funcionando-con-14-personas/576567
2. Sitio de la campaña: https://noticias.caracoltv.com/lidera-la-vida
3. Procuraduría investigará supuestos vínculos de Fuerza Pública con crímenes a líderes sociales https://www.elespectador.com/noticias/judicial/procuraduria-abrira-investigacion-contra-fuerza-publica-por-crimenes-lideres-sociales-articulo-799513
4. Protección a líderes sociales ha sido tardía: Vicedefensor https://www.bluradio.com/nacion/proteccion-del-estado-lideres-sociales-ha-sido-tardia-defensoria-del-pueblo-183339-ie430
5. Santos convoca a un pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales https://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-convoca-un-pacto-de-rechazo-la-violencia-contra-lideres-sociales-articulo-799090
6.“En otros países serían héroes nacionales. Aquí los matamos”: Francisco De Roux sobre líderes asesinados https://www.semana.com/nacion/articulo/en-otros-paises-serian-heroes-nacionales-aqui-los-matamos-padre-de-roux-sobre-lideres-asesinados/574240
7. Comisión de la Verdad recibe el primer informe sobre líderes sociales https://colombia2020.elespectador.com/verdad-y-memoria/comision-de-la-verdad-recibe-el-primer-informe-sobre-lideres-sociales
8. Congresistas estadounidenses, preocupados por asesinato de líderes sociales en Colombia https://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/congresistas-estadounidenses-preocupados-asesinato-lideres-sociales-colombia
9. CIDH pide medidas urgentes para proteger defensores y líderes http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/cidh-pide-a-colombia-medidas-para-proteger-lideres-BF9025056

Anexo de hechos del periodo

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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