Desaparición forzada de 19 Comerciantes: 27 años de incertidumbre e impunidad

Martes 7 de octubre de 2014, por Comisión Colombiana de Juristas, CCJ

Se cumplen 27 años de la desaparición forzada de 19 personas en el Magdalena Medio. El 4 de octubre de 1987, 17 comerciantes salieron de sus hogares en Cúcuta (Norte de Santander) con rumbo a Medellín (Antioquia) para transportar electrodomésticos y productos de miscelánea para la venta. En la tarde el 6 de octubre, luego de ser requisados por militares en el caserío de Puerto Araújo (Santander) fueron desaparecidos forzadamente cerca de la finca “El Diamante”, por el grupo paramilitar de Puerto Boyacá al mando de Henry de Jesús Pérez Baquero.

Derecho a la Justicia | Masacres |

Álvaro Lobo Pacheco
Gerson Rodríguez
Israel Pundor Quintero
Ángel María Barrera
Antonio Flórez
Víctor Manuel Ayala
Alirio Chaparro Murillo
Álvaro Camargo
Gilberto Ortiz
Reinaldo Corzo Vargas
Luis Hernando Jáuregui
Luis Domingo Sauza
Rubén Emilio Pineda
Carlos Arturo Riatiga
Juan Bautista
Alberto Gómez
Huber Pérez
Juan Alberto Montero
José Ferney Fernández

Se cumplen 27 años de la desaparición forzada de 19 personas en el Magdalena Medio. El 4 de octubre de 1987, 17 comerciantes salieron de sus hogares en Cúcuta (Norte de Santander) con rumbo a Medellín (Antioquia) para transportar electrodomésticos y productos de miscelánea para la venta. En la tarde el 6 de octubre, luego de ser requisados por militares en el caserío de Puerto Araújo (Santander) fueron desaparecidos forzadamente cerca de la finca “El Diamante”, por el grupo paramilitar de Puerto Boyacá al mando de Henry de Jesús Pérez Baquero.

Los familiares, preocupados por no tener noticias, organizaron “comités de búsqueda” y viajaron a esa región. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Unos familiares fueron interceptados y amenazados por el mismo grupo paramilitar, obligándolos a salir de la zona; mientras que otros dos familiares, Juan Alberto Montero y José Ferney Fernández, quienes habían salido separadamente corrieron la misma suerte de los primeros 17.

Las investigaciones señalan que los 19 comerciantes desaparecidos fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Así mismo, que en la época de estos hechos, el grupo paramilitar de Henry Pérez que operaba en la región del Magdalena Medio actuaba con la colaboración y apoyo de diversas autoridades militares de los Batallones de dicha zona, especialmente el Batallón de Bomboná de Puerto Boyacá y la Brigada XIV de Puerto Berrío. Los paramilitares contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las víctimas y en la comisión de los crímenes en su contra.

Investigaciones e impunidad

Desde octubre de 1987 los familiares de los 19 comerciantes han sido constantes en la búsqueda de verdad y justicia. Después de agotar todas las instancias nacionales, dónde predominó la impunidad total, los familiares decidieron acudir al Sistema interamericano de Derechos Humanos donde se reconoció su caso hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana condenó al Estado Colombiano por la desaparición forzada de los 19 comerciantes.

En 2014 se cumplieron 10 años de la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el Estado aún no ha cumplido a cabalidad las medidas de reparación en materia de investigación y juicio a los responsables, búsqueda de los restos de las víctimas y atención en salud a los familiares:

. En cuanto a la investigación de los hechos sólo se han proferido condenas contra algunos paramilitares, pero ninguno de los altos militares vinculados y a quienes se les alcanzó a ordenar la detención preventiva en 1996 - como el General Farouk Yanine Díaz, el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, el Mayor(r) Óscar de Jes&uacute! ;! ;s Echandía Sánchez y el Sargento(r) Otoniel Hernández Arciniegas- han sido condenados. Además, en el caso del General Yanine y del Teniente Coronel Navas, las investigaciones precluyeron con razón de su fallecimiento y respecto de los otros militares aún no hay juicio ni condenas.

·En relación a la búsqueda de los restos de las víctimas, en el año 2009 el Estado presentó un “Plan de búsqueda” que no ha arrojado ningún resultado hasta la fecha. De hecho, en estos cuatro años los familiares no han recibido ningún informe por parte de las autoridades y aún los 19 comerci! ! antes continúan desaparecidos.

·En la atención en salud, la Corte ordenó al Estado proveer tratamiento médico y psicológico a todos los familiares desde una perspectiva psicosocial. La corte ordenó también que este tratamiento sea dado de forma gratuita; individual, familiar y colectivamente; en lugares cercanos a su residencia; con el consentimiento de los fam! ! iliares y con atención especializada por parte de las instituciones y el personal. Sin embargo, estas condiciones no se han cumplido, y varios familiares de las víctimas han fallecido sin recibir reparación efectiva en esta materia.

Ante esta situación, los familiares denuncian que 10 años después de la sentencia de la Corte Interamericacana de Derechos Humanos, que condenó al Estado Colombiano por la desaparición y masacre de los 19 comerciantes, las medidas de reparación no se han cumplido plenamente. No existe justificación para que el Estado no haya cumplido con la totalidad de lo ordenado por la Corte, manteniendo los hechos en un estado de impunidad que afecta significativamente a los familiares de las víctimas.

Asimismo, los familiares manifiestan su indignación por la falta de interés de la Fiscalía para cumplir lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana, como se reflejó el pasado 17 de septiembre de 2014 cuando Generoso Hutchison Lugo, Fiscal 28 de la Dirección de Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sin previa justificación desatendió la reunión de seguimiento de la Sentencia a la que habían sido convocados todos los familiares. Los familiares exigen un informe sobre los resultados del “Plan de búsqueda” de los restos de las víctimas, que fue presentado hace cuatro años.

La Comisión Colombiana de Juristas exalta la constancia que los familiares de los 19 Comerciantes han mostrado durante estos 27 años exigiendo verdad, búsqueda, justicia y reparación integral. Seguiremos acompañándoles integralmente y elevando sus voces nacional e internacionalmente.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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