ESTADO DELINCUENTE, INTERVENCION IMPERIAL Y PALMA ACEITERA
(Colombia) (Autor: Agencia Prensa Rural)

Jueves 27 de julio de 2006, por Prensa - Colectivo

La reelección de Uribe Velez equivale a la legalización del
paramilitarismo como estrategia contrainsurgente y como modelo de
desarrollo regional. Se trata de la consolidación de una propuesta de
estado lumpenesco que legaliza actividades mafiosas y las pone al
servicio de estrategias encubiertas de guerra sucia, como elemento
represivo fundamental de las tendencias igualitarias y emancipatorias.
A su vez el régimen representa la pérdida casi total de la soberanía
política, económica y social de nuestro país.

Pese al obvio apoyo estadounidense a la consolidación del régimen
autoritario actual, poco se ha escrito sobre los intríngulis
regionales que evidencian la relación entre el modelo de desarrollo en
las regiones y la cooperación militar y económica de los Estados
Unidos en Colombia.

En regiones como el Magdalena Medio la negociación con los "paras" es
apoyada indirectamente por los Estados Unidos mediante la promoción de
la inversión privada en el campo.

Los proyectos agrícolas de la agencia de cooperación gringa Usaid se
ejecutan a través de inversionistas privados, asociaciones de pequeños
productores y de campesinos sin tierra organizados alrededor de un
proyecto.

Mediante el financimiento de la Usaid se promueve la organización de
los campesinos, la asistencia técnica, la implementación de cultivos y
la compra de material vegetal.

Los inversionistas privados beneficiarios de la agencia son
terratenientes que históricamente han ejercido el poder político
usándolo para beneficiarse, creando políticas públicas que promueven
cultivos agroindustriales como la palma aceitera. Tal es el caso de
Murgas, el mayor palmicultor colombiano, quien fuese ministro de
Agricultura durante la administración Pastrana.

Por su parte, los narcotraficantes y paramilitares, que en el caso del
Magdalena Medio representan un solo sector "productivo", se organizan
en asociaciones y cooperativas de productores para lograr la
legalización y cofinanciación de sus proyectos. Esto no quiere decir
que los pequeños productores que hacen parte de estas cooperativas
sean paramilitares, mas si lo son los grandes accionistas y
beneficiarios, reconocidos narcoparamilitares de la región.

En el Magdalena Medio el caso más emblemático de este modelo de apoyo
indirecto de la cooperación gringa al paramilitarismo lo constituye
Cooproagrosur, que ha recibido dineros de la Usaid a través de un
operador (ARD) para su proyecto de palma aceitera ubicado en
Monterrey, entre los municipios de San Pablo y Simití, en el sur de
Bolívar. Con este proyecto los "paras" han realizado un proceso de
lavado de dolares del narcotráfico y de otras actividades ilícitas
como el robo continuado de gasolina y de paso han logrado legalizar la
tenencia de estas tierras obtenidas bajo expropiaciones y presiones
sobre sus verdaderos propietarios.

Pese al apoyo indirecto de la Usaid a la economía paramilitar en el
Magdalena Medio, es necesario tener claro que el objetivo central de
este modelo de cooperación es introducir la economía capitalista
agrícola en el campo colombiano, algo que la élite económica y
política del país, en su incapacidad política y mental, no ha logrado
realizar.

Desafortunadamente esta modernización de la ruralidad bajo el modelo
gringo no representa bienestar para el campesinado, pues se trata de
financiar la implementación de proyectos agrícolas de rendimiento
tardío que requieren de un considerable capital de cofinanciación. Se
promueven los cultivos de palma aceitera, cacao, caucho, algunos
frutales y la explotación forestal (por eso el afán de introducir una
ley forestal "adecuada"). El papel del campesino no va más allá de la
tradicional mano de obra barata, sin garantias laborales ni sociales.
Esta relación precaria entre el capital y el trabajo rural ya se
encuentra plenamente establecida y ensayada en el modelo de las
alianzas productivas.

La idea central de Usaid es condicionar a los empresarios para que
inviertan en el campo en proyectos previamente priorizados y
focalizados por el Banco Mundial, el Departamento de Estado, la
embajada gringa y la Usaid, con base en intereses obvios, por ejemplo,
bajar el precio de las materias primas para la industria alimentaria
del imperio y diversificar las fuentes de materias primas como en el
caso del cacao. En la actualidad estos proyectos se financian con
dineros de los contribuyentes norteamericanos hasta con un 15 ó 20%
del monto total. Antes la contribución era de hasta un 50%.

Las agencias operadoras de los proyectos son empresas constituidas y
controladas por los norteamericanos como por ejemplo: Fupad (Fundación
para el desarrollo), ARD (Asociación para el desarrollo rural),
Chemonics, ACDI - VOCA, entre otras.

Estas operadoras se encargan de ejecutar programas como: ADAM, Midas,
CAPP, DLG (Democracia y gobernabilidad local) e IDP. Tanto las
operadoras como los programas tienen como objetivo estratégico
fomentar la inversión de capital privado en el campo para garantizar
la producción de materias primas estatégicas para el sector industrial
alimentario de los Estados Unidos, algo que ya se encuentra claramente
concebido en el "acuerdo" alcanzado en el tratado de libre comercio.

Los programas de cooperación gringa al desarrollo son
contrainsurgentes en la medida en que complementan la estrategia de
intervención militar en el conflicto (Plan Colombia) en las regiones,
buscando la promoción de una base social y empresarial afecta a la
institucionalidad del régimen. A la vez se da la paulatina captación
de ONG y organizaciones sociales a través del financiamiento de
proyectos condicionados. Los inversionistas y los "cooperantes"
presionan la militarización de las regiones allí donde se vea puesta
en riesgo la inversión. Tal es el caso del Catatumbo, donde se está
exigiendo la ubicación de una brigada móvil del ejército para proteger
los cultivos de palma aceitera. Estos programas buscan consolidar las
políticas de los Estados Unidos en el país, encarnadas nítidamente en
el actual gobierno.

Curiosamente la mayoría de los nuevos empresarios beneficiados por los
dineros de la cooperación gringa son de origen antioqueño, "son
personajes oscuros", según una de las fuentes de este artículo, y
gozan de buenas y directas relaciones con el gobierno de Uribe.

Uno de los elementos preocupantes que encierra este modelo de
cooperación impuesto por los Estados Unidos es la pérdida de
institucionalidad y de soberanía del estado colombiano. Los dineros
que ejecutan las operadoras se invierten directamente, esto quiere
decir que las instituciones colombianas no participan ni en la toma de
decisiones ni en la ejecución de los programas. Es decir que las
políticas agrarias, la modernización del campo colombiano y su
instrumentalización en lo político, económico, social y militar
obedecen a una estrategia pensada lejos de nuestras fronteras y de
nuestros intereses como pueblo.

Todo parece indicar que la "ayuda" de los Estados Unidos está
circunscrita a dos ejes de intervención territorial militar y
socioeconómica. En el mapa "Geographic focus of the USAID / Colombia
program for the period 2006 -2008"
<http://bogota.usembassy.gov/wwwfai02.pdf> , elaborado por la Usaid, se
puede observar que toda la intervención económica, política y social
está planificada para las regiones comprendidas desde la cordillera
oriental hacia el norte. Incluyen los programas zonas rurales de
Putumayo, Nariño, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Quindio,
Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Magdalena, La
Guajira, Cesar, Bolívar, Norte de Santander, Santander y parte de Boyacá.

Estas son regiones de operación de los bloques Sur, Central,
Occidental, Caribe y Magdalena Medio de las FARC, donde se han
realizado grandes operaciones militares y donde hay una fuerte
presencia y control paramilitar en cascos urbanos. En los lugares que
concuerdan con los corredores que comunican estos bloques guerrilleros
citados no se planea ninguna inversión, así como en los lugares
supuestamente liberados de la presencia guerrillera como Cundinamarca.

El segundo eje de intervención estodounidense, estrictamente militar,
lo constituye el sur del país, desde la cordillera Oriental hasta las
fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, donde se ha
desarrollado en mayor volumen el Plan Colombia y donde se desarrolla
actualmente el Plan Patriota.

La estrategia de intervención de Estados Unidos buscaría afectar al
proyecto guerrillero en el norte mediante la condicionada (por el
abastecimiento de materias primas y el TLC) modernización del campo en
sitios donde la guerrilla estaría, según ellos, debilitada y donde
exista una "clase empresarial" dispuesta a apostarle al modelo. Está
estrategia aseguraría la zona andina, parte de la frontera con
Venezuela y las costas Pacífica y Atlántica, por donde son exportados
los productos, materias primas e hidrocarburos colombianos. En este
escenario es imprescindible la captación de las bases sociales
mediante la generación de empleo precario en cultivos agroindustriales.

Por su parte hacia el sur de la cordillera Oriental, territorios de
operación de los bloques guerrilleros oriental y sur, la intervención
netamente militar buscaría romper la resistencia de lo que han llamado
el núcleo duro de las FARC, su retaguardia estratégica. La combinación
de las diferentes estrategias en el sur y en el norte tendría como
resultado el hipotético escenario centroamericano de una guerrilla
debilitada en una mesa de negociación.

A manera de conclusión podemos afirmar que los niveles de intervención
estadounidense en el conflicto, político social y armado colombiano
son multidimensionales y determinantes. El conflicto se da en un
contexto, no necesariamente nuevo, de creciente lumpenización de la
élite económica y política colombiana por la vía de la legalización
narcoparamilitar. La ley de justicia y paz constituye la consolidación
de un modelo de Estado delincuente, desinstitucionalizado y sin
soberanía. La guerra, como prolongación extrema de la política,
desafortunadamente y pese a los entusiastas análisis postelectorales,
será la que determine el futuro de los colombianos, para bien o para mal.

FINALIZARON NEGOCIACIONES DEL PLIEGO DE PETICIONES
EN LA EMPRESA NESTLE DE COLOMBIA S.A.

Después de una larga jornada y a pocas horas de la huelga, el 15 de Junio de 2006, se llegó a un acuerdo entre los trabajadores afiliados a SINALTRAINAL y la transnacional NESTLE en COLOMBIA. El acuerdo pone fin al conflicto colectivo suscitado con la presentación del pliego de peticiones el pasado 11 de Abril. La nueva convención colectiva tiene una vigencia de 3 años (1 de junio de 2006 - 31 de mayo de 2009)

La lucha de los trabajadores y el apoyo irrestricto de familias, sectores populares, Comité de solidaridad de la CUT y Gobernación del Valle del Cauca, personalidades democráticas, el Concejo y Alcaldía del municipio de Bugalagrande, contribuyeron a lograr este acuerdo que permitió mantener vigente derechos adquiridos, recuperar algunas reivindicaciones y obtener mejores condiciones de trabajo y de vida para quienes laboran para esta transnacional en Colombia.

Fue muy importante la solidaridad internacional expresada por compañeros y compañeras que durante varios años han venido acompañando nuestras luchas de resistencia y proyectos de vida.

Con este acuerdo colectivo, SINALTRAINAL logra que los trabajadores, familias, proveedores, Bugalagrande y la población en general se beneficien, no solo por que el salario de los trabajadores es invertido en la economía municipal, regional y nacional, sino por que este proceso fue una oportunidad para fortalecer nuestros lazos con la población, mostrar los proyectos sociales que adelantamos, expresar la solidaridad y demostrar que unidos podemos lograr la patria que queremos. Nos mostró que solo la unidad popular nos permite abrir nuevos caminos de soberanía y libertad.

Reiteramos nuestro agradecimiento por la solidaridad recibida y expresamos nuestra voluntad y compromiso para seguir trabajando en beneficio de la población y los trabajadores; a seguir luchando por las transformaciones que necesita Colombia para que desparezca la desigualdad social, se acabe la opresión y conquistemos el bienestar para que podamos vivir dignamente.

En esta vía esperamos contar con el apoyo irrestricto que nos brindaron en esta negociación, para lograr que esta misma transnacional respete los derechos de organización, movilización y negociación colectiva de los trabajadores de DAIRY PARTNERS AMÉRICAS -DPA- (NESTLÉ - FONTERRA) en Valledupar, ya que persiste en mantenerlos empobrecidos, precarizados y sin derechos.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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