Eduardo Pizarro no amerita postulación al fondo fiduciario de la CPI: Mesa de Víctimas

Lunes 26 de octubre de 2009, por Ccajar - Mesa de Víctimas

Se reabra un nuevo término de inscripciones para el cargo de miembro del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de la Corte Penal Internacional, - CPI -, al cual el gobierno nacional postuló el 21 de septiembre a Eduardo Pizarro Leongómez, solicitaron, varias organizaciones defensoras de derechos humanos, que hacen parte de la Mesa del Encuentro de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, al manifestar su desacuerdo por dicha postulación.

Colombia | Víctimas de Crímenes de Estado |

El comunicado que va dirigido en especial a los Estados parte del Estatuto de Roma, enfatiza que dicha postulación se realizo por parte del gobierno, “de manera reservada, sin invitación a otras ramas del poder público, diferente a la ejecutiva”, contrariando los principios de publicidad e impulso de participación de la sociedad civil de los Estados parte del Estatuto de Roma, en los procesos que involucran a dichos Estados en relación con la CPI.

Manifiestan igualmente que esta postulación unilateral e inconsulta, “desconoció las permanentes objeciones, de desde la inmensa mayoría de las organizaciones de víctimas sociales y de derechos humanos colombianas, se hace al trabajo que desarrolla Eduardo Pizarro”, actual presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR –y quien ha sido contrario a la defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Es así como, en lugar de tener en cuenta en el proceso de reparación a las víctimas de crímenes de Estado, las desconoció, asumiendo además este derecho, no como deber de respeto, protección y garantía del Estado, sino como simple deber de solidaridad del mismo.

Sin tener en cuenta los derechos de las víctimas, Pizarro incentivó un programa de reparaciones administrativas que no considera “medidas de reparación colectivas, ni de satisfacción, rehabilitación o restitución”, a lo que se le suma, el no haber realizado ninguna incidencia con el fin de fortalecer el Fondo de Reparación a las víctimas.

Por considerarlo de fundamental importancia, transcribimos el comunicado.

Organizaciones rechazan postulación de Eduardo Pizarro a la CPI

Comunicado Público

A propósito de la reciente nominación realizada por el Gobierno colombiano el pasado 21 de septiembre de 2009, del señor Eduardo Pizarro Leongómez, para integrar el Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI), la Mesa del Encuentro de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, se permite manifestar a la opinión pública y en especial a los Estados parte del Estatuto de Roma, a través de sus delegaciones en Colombia y en La Haya (Holanda), lo siguiente:

Que contrariando los principios de publicidad y de participación de la sociedad civil que deberían aplicarse en los procesos de elección de funcionarios de la CPI, el gobierno colombiano realizó la postulación del señor Pizarro de manera reservada, sin invitación a otras ramas del poder público diferente a la ejecutiva y sin que la sociedad civil tuviera ocasión de participar.

Que como resultado de la ausencia de un proceso incluyente, la postulación del señor Pizarro, aunque hecha a nombre del Estado colombiano, es una postulación unilateral e inconsulta del gobierno que desconoció las permanentes objeciones, que desde la inmensa mayoría de las organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos colombianas, se hacen al trabajo que desarrolla el señor Eduardo Pizarro, como Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), en representación del Vicepresidente de la República, en la medida en que este trabajo ha sido contrario a la defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Que como organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos que hemos venido haciendo seguimiento y aportes a la esfera pública de discusión sobre los derechos de las víctimas, una vez más insistimos en que el trabajo que desarrolla el señor Pizarro, como Presidente de la CNRR, contrario a procurar, como es su mandato, la defensa de los derechos de las víctimas, ha implicado una restricción y desnaturalización de tales derechos.

Que como muestras de esta contradicción a los derechos de las víctimas queremos llamar la atención sobre actuaciones y posiciones sostenidas por el señor Pizarro, como estas: defender como fundamento de la reparación un deber de solidaridad del Estado y no el deber de respeto, protección y garantía del que son titulares los Estados; defender procesos de reparación a las víctimas donde no se consideran a las víctimas de agentes del Estado; incentivar y defender un programa de reparaciones administrativas que no considera medidas de reparación colectivas, ni de satisfacción, rehabilitación o restitución; defender la reserva en los procesos de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, contrariando así la publicidad como principio fundamental de la verdad; no procurar ni hacer incidencia alguna para fortalecer el Fondo de Reparación a las víctimas creado por la ley 975 de 2005, ni desde la entrega de bienes de los paramilitares para lograr la restitución de tierras, en un Estado con cerca de 4.000.000 de desplazados, ni para denunciar fenómenos que minan dicho Fondo como el testaferrato sobre los bienes que despojaron los paramilitares; cuestionar el trabajo adelantado por las organizaciones de mujeres que acompañan a las víctimas de violencia sexual; entre otros.

Que en coherencia con tal experiencia no reconocemos en el señor Pizarro alguien que reúna los requisitos exigidos por el procedimiento de la CPI (Resolución ICC-ASP/1/Res.7), al no ser imparcial, y en esa medida al no contar con la magistratura y competencia necesarias, para representar la defensa de los derechos de las víctimas y en consecuencia, para ser un candidato idóneo para integrar una instancia de la Corte Penal Internacional que como el Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, está justamente llamada a procurar medidas de protección efectivas para las víctimas que participan en los procesos adelantados por la CPI.

En efecto, en tanto la Corte, como escenario clave de justicia internacional, debe procurar la defensa de los estándares internacionales sobre verdad, justicia y reparación, nuestro llamado es a procurar una integración del Consejo del Fondo con miembros reconocidamente comprometidos con dichos derechos.

Así, tras las consideraciones anteriores, hacemos un llamado a la sociedad civil y a las delegaciones de los Estados parte del Estatuto de Roma, en especial de la región de Latinoamérica y el Caribe, a considerar los anteriores argumentos en el proceso de elección que se llevará a cabo en el próximo mes de noviembre en la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma, para que atendiendo lo establecido por la Resolución ICC-ASP/1/Res.7 de la Asamblea de Estados Parte, que establece el pronunciamiento para la presentación de candidaturas y la elección de los miembros del Consejo de Dirección del Fondo, expresándose disensos sobre esta postulación se abra nuevamente un término de inscripciones.

1 La Mesa del Encuentro de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales es un espacio de discusión en el cual participan varias organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, entre aquellas que promovieron un encuentro entre las víctimas de diferentes poblaciones y sectores. La Mesa promueve debates en relación con temas jurídicos y políticos que involucran los derechos de las víctimas a la prevención, la protección, la atención, la justicia, la verdad, la reparación y a las garantías de no repetición.

La Mesa del Encuentro viene trabajando desde el año 2007, después de que 300 organizaciones, 2200 delegados y delegadas pertenecientes a sectores de víctimas de desplazamiento forzado, sindicalistas, indígenas, mujeres, líderes políticos, periodistas, campesinos, jóvenes, afrodescendientes, comunidad LGBT, familiares de víctimas del secuestro, familiares de víctimas de desaparición forzada, y víctimas de crímenes de Estado, se reunieron los días 26,27 y 28 de julio en Bogotá, con el objetivo de generar un espacio para hacer visibles los derechos de las víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, para contribuir ene ejercicios de memoria y para ratificar la importancia de defender los derechos de las víctimas.
En 2007 en el Encuentro participaron:

Acción Campesina Colombiana; La Alianza; ANMUCIC; ANSPALMUFAD; Asamblea por la Paz; Asomujer y Trabajo; Casa de la Mujer; Coordinación Colombia Europa E. U; CGT; CINEP; CODHES; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Comisión Colombiana de Juristas; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Comité Derechos Humanos del Meta; Comité Permanente Derechos Humanos – Movice; Confederación Nacional Comunal; Secretariado Nacional de Pastoral Social; Corporación Avre; Corporación Nuevo Arcoiris; Corporación Reiniciar; Corporación Viva la Ciudadanía; CRIC; CTC; CUT; Escuela Nacional Sindical; FECODE; Fundación Integral de Desarrollo para el desplazado – FUNDIDP; Fundación Foro Nacional por Colombia; Fundación Rayuela; Fundecima; Indepaz; Iscod-Ugt; Kankuamo – O. I. K.; Marcha Mundial de Mujeres; Mesa de Trabajo Bogotá sobre Desplazamiento Interno; Minga; MOE; Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la impunidad; Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado / Fundación Manuel Cepeda; ONIC; Programa no Gubernamental de Protección de Defensores de Derechos Humanos; Redepaz; Ruta Pacifica de las Mujeres; y Viva la Ciudadanía.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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