En el día de los DDHH las prisiones colombianas reclaman justicia

Miércoles 10 de diciembre de 2014, por Lazos de Dignidad

Los Derechos Humanos en las prisiones colombianas brillan por su ausencia y frente a esta situación las instituciones internacionales encargadas de exigir su respeto y garantía, o tomar medidas al respecto, han omitido su accionar, a pesar de recibir información por parte de las entidades no gubernamentales que defendemos los derechos humanos de la población reclusa.

Paz y Derechos Humanos | Cárceles |

Empezamos la mañana con los relatos de los dos soldados retenidos por las FARC-EP el pasado 9 de noviembre, en los que cuentan historias y condiciones de su cautiverio, a lo que los medios de comunicación no dudan en calificar como ”tortura”, pero en contraste con los sistemáticos hechos violatorios de los derechos humanos de la población reclusa colombiana reina un silencio que de vez en cuando es interrumpido con alguna diminuta noticia sobre lo que algunos han llamado “crisis carcelaria”, como si fuera algo eventual, o pasajero, escondiendo las verdaderas y sistemáticas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que padecen las personas privadas de la libertad en Colombia, lo que para nada es una crisis sino una política de Estado que desde hace años se ha basado en la expansión del modelo industrial de prisiones de los Estado Unidos bajo altos costos de anulación de la dignidad humana y los derechos humanos de la población reclusa.

Hacemos hincapié en esta comparación porque es notorio el silencio cómplice de la mayoría de los medios masivos de comunicación frente a los Crímenes de Estado, especialmente cuando se trata de informar sobre la realidad y cuestionar de fondo las políticas globales que, como la política criminal colombiana, durante varias décadas han estado al servicio de los intereses imperialistas del gobierno de los Estados Unidos.

Los Derechos Humanos en las prisiones colombianas brillan por su ausencia y frente a esta situación las instituciones internacionales encargadas de exigir su respeto y garantía, o tomar medidas al respecto, han omitido su accionar, a pesar de recibir información por parte de las entidades no gubernamentales que defendemos los derechos humanos de la población reclusa; pareciera que también se sumaran al silencio cómplice para permitir avanzar en la transformación del modelo de prisiones del país a la copia y calca del estadounidense, al cual solo le interesa el encarcelamiento masivo para que las empresas privadas puedan lucrarse con la construcción de nuevas prisiones y la prestación de los servicios penitenciarios (antes llamados derechos) .

Recordemos que en el año 1998 la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales en las prisiones colombianas, mediante el cual el Estado Colombiano reconoció las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que comete contra las y los reclusos en Colombia, sin embargo, la solución ha sido abrir las puertas a la implementación de la mal llamada “nueva cultura penitenciaria”, bajo la intervención y financiación directa de los Estados Unidos, que se ha concentrado en la construcción de 25 nuevos establecimientos de reclusión y la implementación de un régimen de seguridad más fuerte, lo que en nada ha solucionado el estado de cosas inconstitucionales por el contrario lo ha profundizado.

La mal llamada “nueva cultura penitenciaria” pactada en 1999 entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, ha traído la imposición de una infraestructura gris uniforme de moles de cemento, construidas a lo largo y ancho del país sin tener en cuenta las condiciones climáticas y geográficas propias de nuestra nación, que no cuenta con un sistema básico incorporado para adaptarse a la variedad de climas o al territorio, por ejemplo, en el Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar – EPCAMSVAL- La Tramacúa, ubicado en el departamento del Cesar (primera prisión construida con el apoyo estadounidense en el año 2000), los reclusos han sido obligados a vivir durante 14 años en hacinamiento, sin sistema de ventilación y sin acceso permanente al agua, bajo una temperatura que alcanza a llegar a los 40 °C, con el agravante de que el líquido preciado colectado por los reclusos no alcanza para cubrir las necesidades sanitarias, generando un ambiente contaminado que ha ocasionado la propagación de plagas causantes de la extensión de la contaminación a los alimentos que consumen los reclusos, lo que sin lugar a dudas produce enfermedades de todo tipo. Esta situación constituye una pena adicional a la privación de la libertad y un daño que la población reclusa no está en capacidad de resistir.

Pero adicionalmente, éste modelo imperial de las prisiones se basa en la implementación del régimen de máxima seguridad (máximo control) y militarización (la dirección del INPEC ha estado a cargo de miembros activos de la fuerza pública durante la última década), que aplica reglas de aislamiento, incomunicación, dispersión, represión y distanciamiento del ser humano privado de la libertad, pues la cultura estadounidense está basada en el castigo del recluso mas no en su resocialización, rayando completamente con el fin de la pena de prisión colombiana que es la resocialización.

A la fecha, el INPEC ha informado que tiene a su cargo 155.234 personas privadas de la libertad, de las cuales 116.449 están recluidas en 138 ERONES, donde la capacidad es de 78.022 personas, presentando una sobrepoblación de 41.398, que constituye 54.1% de hacinamiento a nivel nacional, con el agravante de que el hacinamiento local en algunos de los penales supera el 400%, como sucede con el EPMSC de Riohacha que padece un 483.0% de hacinamiento. A esta alarmante situación se suma el deficiente y a veces nulo servicio de prestación de salud que tiene que proveer CAPRECOM, que en algunos casos ha ocasionado la muerte de los reclusos, graves daños y sufrimientos en su integridad personal por ausencia de diagnóstico y falta de tratamiento médico oportuno y adecuado, como sucede con el prisionero político EVER SANCHEZ DIAZ, recluido en EPCAMSVAL La Tramacúa, quien padece desgaste de las vértebras 4 y 5 que le ocasionan fuertes dolores al caminar, al agacharse, al hacer fuerza y al dormir, situación que le impide realizar actividades físicas y que se agrava con la falta de agua en la penitenciaria, ya que tiene que cargar recipientes de agua para su uso y consumo, y no ha sido remitido a especialista en ortopedia. En peor situación se encuentra el prisionero de guerra ARIS ALBERTO CARRILLO PINTO, también recluido en EPCAMSVAL La Tramacúa, quien tiene heridas de guerra en su pierna derecha en estado de infección y no recibe atención de control de tutores que están ubicados en su pierna a pesar que están ordenados por su médico tratante y no recibe medicamentos dentro del horario correspondiente, lo que impide su recuperación.

Adicionalmente, la Defensoría del pueblo informó que la situación de salud mental en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país es notoriamente precaria, asegura que en el interior de estas instituciones habitan aproximadamente 2060 presos con problemas psiquiátricos y que el sistema está preparado para asumir solamente 180 de ellos.

Estas situaciones sólo son una muestra reciente del estado de cosas inconstitucionales que vive la población reclusa desde el año 1998 profundizado a partir del año 2000, razón por la cual se han desarrollado varias acciones de protesta que exigen soluciones de fondo de la problemática y se oponen a la construcción de más centros de reclusión, ya que en los mismo seguramente se reproducirán las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Hace algunas semanas los prisioneros políticos recluidos en ERON- Picota en Bogotá en una acción desesperada por obtener atención por parte de las autoridades se cosieron la boca, en el marco de una jornada de protesta, y aunque la situación ya fue parcialmente solucionada, este tipo de acciones seguirán presentándose hasta que exista un cambio estructural en el modelo de prisión en nuestro país. Es por esto que desde el año 2011 el Movimiento Nacional Carcelario viene exigiendo la instalación de una Mesa Nacional de Concertación entre el gobierno, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los representantes de la población carcelaria, con el fin de elaborar una propuesta conjunta que de una satisfactoria solución a los problemas que se viven a diario en las prisiones colombianas.

La Fundación Lazos de Dignidad como organización de derechos humanos que acompañamos y defiende los derechos de la población reclusa en Colombia, identifica el actual modelo industrial/imperial de prisiones como la causa de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los reclusos y hace un llamado a la población colombiana para que se interese por este asunto y al estado para que determine un modelo de prisiones acorde a la realidad social del país y a los estándares mínimos de respeto de los Derechos Humanos.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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