A propósito del reciente encuentro "Larga Vida a las Mariposas"
“Enredando”, astutamente, la desaparición del Delito Político

Domingo 3 de agosto de 2014, por La Tribu - Medios populares de comunicación

En Colombia existe una desnaturalización del Delíto Político desde el año 1980, con el fin de quitar el status político a los prisioneros, siendo por ello que la coalición “Larga Vida a las Mariposas” rechaza los intentos de parte del Estado por desaparecer el Delito Político. Dicho en términos populares, la Justicia Transicional y el Marco Jurídico para la Paz, es un enredijo con el que, astutamente, el Estado colombiano, en coro con los grandes medios de comunicación, busca difuminar el Delito Político, llegando a colocarlo al mismo nivel de los Crímenes de Estado, así desvirtuando y descalificando la posibilidad a nivel institucional y estatal de hablar de prisioneros políticos y anulando elementos de victimización desde la misma captura; criminalizando y judicializando el derecho universal a la rebelión en contra de la tiranía y aplicando, de facto, la prisión perpetua y la pena de muerte.

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El pasado 26 de julio en la ciudad de Bogotá, se realizó un importante encuentro regional de la coalición “Larga Vida a las Mariposas”, en el que, entre otros, se trataron cuatro aspectos esenciales con la situación de los presos políticos en Colombia: Movimiento Nacional Carcelario, Victimización y Prisioneros Políticos, Delito Político y Justicia Transicional y, finalmente, Política Criminal. “Radicales Libres” buscó quien nos ilustre sobre el significado de la coalición “Larga Vida a las Mariposas”: La Abogada July Enríquez nos indica que la coalición es un escenario de coordinación de diferentes organizaciones defensoras y solidarias con prisioneros y prisioneras políticas en Colombia.

Foto: Prensa Rural

Es indudable que la coalición “Larga Vida a las Mariposas” se prepara para su encuentro nacional, tal como se desprende de la información aportada por la abogada Enríquez, quien agrega que “estamos en el segundo Encuentro Regional aquí en Bogotá, ya pasamos por la ciudad de Pereira y próximamente estaremos realizando los encuentros en Barranquilla y el suroccidente, para concluir en el Encuentro Nacional”.

En el desarrollo del Encuentro se discutieron varias situaciones, entre ellas, la noción que impulsa la coalición, como categoría que aglutina la gran diversidad de prisioneros políticos en Colombia, trátese de prisioneros políticos de guerra, de prisioneros políticos de conciencia o de prisioneros políticos por montaje judicial y se señala que los prisioneros políticos son victimas, al hacer parte de a quienes les han sido violados sus derechos o que existe una amenaza en tal sentido; el tema del prisionero político a la luz de identificarlo como una victima más, se complejiza y adquiere alcances mayores, y no solamente con quien se encuentra tras las rejas, pues se amplia a sus familias, a sus organizaciones y amigos.

El problema de los prisioneros políticos en Colombia trasciende en la persecución y no solo recae sobre el detenido en particular. July Enríquez nos dice que “fueron varias las conclusiones, pero prioritariamente resaltar que los prisioneros y las prisioneras políticas no son delincuentes, que se exige por tanto una amnistía o indulto general, para lo que es necesario apartarse de las malas interpretaciones que quieren imponer desde el otro lado del conflicto y que nos han querido presentar como “justicia transicional”, para de una u otra manera “enredar” al pueblo colombiano en una discusión que no va a permitir que avancemos en la construcción de unos verdaderos acumulados que nos permitan resolver de fondo la problemática y las causas estructurales del conflicto.

En Colombia existe una desnaturalización del Delíto Político desde el año 1980, con el fin de quitar el status político a los prisioneros, siendo por ello que la coalición “Larga Vida a las Mariposas” rechaza los intentos de parte del Estado por desaparecer el Delito Político. Dicho en términos populares, la Justicia Transicional y el Marco Jurídico para la Paz, es un enredijo con el que, astutamente, el Estado colombiano, en coro con los grandes medios de comunicación, busca difuminar el Delito Político, llegando a colocarlo al mismo nivel de los Crímenes de Estado, así desvirtuando y descalificando la posibilidad a nivel institucional y estatal de hablar de prisioneros políticos y anulando elementos de victimización desde la misma captura; criminalizando y judicializando el derecho universal a la rebelión en contra de la tiranía y aplicando, de facto, la prisión perpetua y la pena de muerte.

En este contexto, los medios de comunicación en el momento de la captura dan por condenados a los sindicados, incluso antes de desarrollarse un proceso judicial. Por tales motivos es necesario reconocer la condición de victimas de los y las prisioneras políticas.

En este sentido, también el régimen penitenciario cumple su papel para continuar afectando y agravando la situación de los y las prisioneras políticas en Colombia, imponiéndoles de facto, la pena de muerte.

Mientras se busca por todos los medios de parte del Estado responsabilizar al máximo a los prisioneros políticos mediante la degradación de sus ideales y su lucha, de otro lado, “Timochenko”, jefe de la insurgencia que se encuentra en la Habana negociando la paz para Colombia, plantea en su escrito sobre “El verdadero enfoque del punto sobre las víctimas”: “la responsabilidad de los agentes del Estado tenderá siempre a ser individualizada, ovejas negras o chivos expiatorios, por los que el propio Estado, a lo sumo, será obligado a responder patrimonialmente y quizás constreñido a pedir perdón en cuanto omisiones o errores, sin que ello implique ninguna otra consecuencia jurídica o política. Una plata y una placa para la memoria bastarán para que nada cambie en Colombia”.

Al decir de las conclusiones del Encuentro Regional de la coalición “Larga Vida a las Mariposas”, son dos problemas graves los que se presentan en el marco de la Justicia Transicional en un eventual pos-conflicto para la libertad de los presos. En primer lugar, la amnistía e indulto hace referencia a los delitos estrictamente políticos; pero, la conexidad perdida a raíz de la famosa demanda que hizo Harold Bedoya contra el artículo 127 de la Constitución Nacional, le quitó la conexidad como parte integrante y potestativa del Delito Político y quedan separados todos los delitos de la rebelión que pudiera cometer el insurgente; hoy la rebelión no tiene ninguna significación en el marco de esta justicia, porque los delincuentes políticos en Colombia, son simplemente condenados por delitos comunes. Entonces todos son terroristas, todos son secuestradores, todos son narcotraficantes, de forma tal, que no habría para ellos la posibilidad de una amnistía o indulto, en los términos en que la ley lo considera. Se hace necesario, por lo tanto, clarificar el Delito Político.

Un segundo problema para la libertad de los presos políticos es cómo hacer para que en el marco de la Justicia Transicional el gobierno reconozca lo que ha sido esta falsa conexidad de las conductas de los rebeldes que los vuelve, de facto y ante el gobierno, en delincuentes comunes bajo el concepto de “criminal de lesa humanidad”; además, que no se utilice ese concepto para abrir las cárceles a los criminales de lesa humanidad del Estado, pues el presidente anunció a los militares que cualquier beneficio que se de a los guerrilleros se los dará a ellos.

Bien podríamos hacer un parangón entre estos hechos que se viven en Colombia y lo que viene sucediendo en Gaza y la hipocresía de quienes detentan el poder, en este caso el poder mundial, de tal magnitud, que nos pretenden hacer creer que bajo el sofisma de los derechos humanos algunas declaraciones, como las realizadas recientemente por la ONU frente al genocidio que se comete en contra del pueblo Palestino, trascienden lo que en realidad son: poses que buscan quedar bien ante el mundo y especialmente frente a los pueblos que se oponen, denuncian y se pronuncian frente a los criminales imperialistas y sionistas.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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