FALSA DEMOCRACIA MENOSCABA LOS DERECHOS: INFORME HUMAN RIGHTS WATCH 2008
(Colombia) (Autor: Human Rights Watch)

Martes 5 de febrero de 2008, por Prensa - Colectivo

La mayoría de los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario nunca se resuelven. Gracias a investigaciones de la Corte Suprema, Colombia ha comenzado a lograr avances para sacar a la luz los vínculos de larga data entre grupos paramilitares e importantes figuras de la política nacional. No obstante, en diversas ocasiones a lo largo de 2007, el gobierno del presidente Álvaro Uribe tomó medidas que podrían socavar los avances logrados.

El conflicto armado interno de Colombia sigue dando lugar a numerosos abusos por parte de grupos armados irregulares, que incluyen a guerrillas de izquierda y paramilitares que continúan en actividad. Los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas, el uso de minas antipersonal, el reclutamiento de niños y las amenazas a sindicalistas, defensores de los derechos humanos y periodistas siguen siendo graves problemas. Como consecuencia de los abusos, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en términos de población internamente desplazada.

Las fuerzas de seguridad pública de Colombia también son responsables de abusos y, en los últimos años, se ha registrado un alarmante aumento en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por militares.

La mayoría de los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario nunca se resuelven. Gracias a investigaciones de la Corte Suprema, Colombia ha comenzado a lograr avances para sacar a la luz los vínculos de larga data entre grupos paramilitares e importantes figuras de la política nacional. No obstante, en diversas ocasiones a lo largo de 2007, el gobierno del presidente Álvaro Uribe tomó medidas que podrían socavar los avances logrados.

Influencia de los grupos paramilitares en el sistema político
Decenas de miembros del Congreso pertenecientes a la coalición del presidente Uribe, incluido el propio primo del presidente, el senador Mario Uribe, están siendo investigados por la Corte Suprema en 2007 por su supuesta colaboración con grupos paramilitares responsables de numerosos crímenes atroces. Al momento de la redacción del presente documento, 17 congresistas se encontraban capturados. Uno de ellos es el hermano de la ex canciller María Consuelo Araújo, quien, como consecuencia, renunció a su cargo. El ex jefe de inteligencia del presidente Uribe entre 2002 y 2005, Jorge Noguera, también está siendo investigado por sus vínculos con grupos paramilitares.

El gobierno ha proporcionado financiamiento a la corte y ha hablado sobre la necesidad de descubrir la verdad en estos casos. No obstante, el presidente Uribe ha arremetido contra la corte en reiteradas oportunidades, acusándola de tener un “sesgo ideológico” y llamando personalmente a un magistrado de la Corte Suprema para hacerle preguntas acerca de investigaciones en curso.

En abril de 2007, el presidente Uribe anunció una propuesta para eventualmente excarcelar a todos los políticos que sean condenados por colaborar con grupos paramilitares. Una vez que se hizo evidente que la propuesta sería un obstáculo para la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia, dejó de promoverla.

Desmovilización de grupos paramilitares
El gobierno colombiano sigue sosteniendo que, gracias a su programa de desmovilización, hoy ya no existen grupos paramilitares en Colombia.

Tanto la Organización de Estados Americanos como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informaron, en 2007, que mandos medios de los grupos paramilitares siguen participando en actividades delictivas y reclutando nuevas tropas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en un informe de 2007 que, si bien más de 30.000 personas pueden haber participado en ceremonias de desmovilización, es posible que algunos no fueran paramilitares, sino simplemente personas que se hicieron pasar por paramilitares para acceder a los beneficios económicos ofrecidos por el gobierno.

Gracias a una sentencia emitida por la Corte Constitucional de Colombia en 2006, se exige legalmente a los comandantes paramilitares y otras personas que han solicitado que se les rebaje la pena en virtud de la Ley 975 de 2005 (denominada “Ley de Justicia y Paz”) que confiesen plena y verazmente sus crímenes. No obstante, las confesiones avanzaron lentamente en 2007, en parte debido a la falta de suficientes fiscales e investigadores asignados a la unidad de la Fiscalía General de la Nación encargada de tomar las confesiones de los comandantes.

Varios líderes paramilitares se encuentran temporalmente en prisión; sin embargo, altos funcionarios del gobierno han declarado públicamente que dichos líderes podrían finalmente cumplir sus sentencias reducidas en colonias agrícolas.

Abusos de los grupos guerrilleros
Tanto los grupos guerrilleros de las FARC como los del ELN siguen cometiendo abusos contra civiles. El uso generalizado de minas antipersonal por parte de las FARC ha dado generado, en los últimos años, un alarmante aumento en el número de víctimas nuevas a causa de estas armas indiscriminadas. Las FARC, además, siguen cometiendo secuestros con regularidad. En junio de 2007, las FARC anunciaron que 11 diputados del departamento de Valle del Cauca, que habían estado secuestrados durante más de cinco años, habían sido matados a tiros mientras se encontraban bajo su control.

El gobierno anunció en junio la liberación unilateral de prisión de Rodrigo Granda, líder de alto rango de las FARC, y de centenares de miembros de ese grupo armado, con el objeto de promover la liberación de rehenes. Al momento de la redacción del presente documento, las FARC no habían dado ningún paso para liberar a los rehenes.

Abusos e impunidad por parte de las fuerzas militares
Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del ejército colombiano han aumentado notablemente en los últimos años, según informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y grupos locales como la Comisión Colombiana de Juristas.

Colombia continúa presentando un grave problema de impunidad por violaciones a los derechos humanos. La falta de investigaciones y procesos eficaces para castigar los abusos ha generado un entorno en el que los responsables suponen, sin temor a equivocarse, que nunca se les exigirá que rindan cuentas por los delitos cometidos.

El problema es particularmente grave en casos sobre colaboración militar con los grupos paramilitares. Oficiales de bajo rango a veces responden por tales actos, pero en raras ocasiones se procesa a un oficial del alto rango.

Un hecho positivo son los avances logrados por fiscales en 2007 en la investigación de la “desaparición” de 10 personas durante los operativos llevados a cabo en 1985 por las fuerzas de seguridad para recuperar el Palacio de Justicia de Colombia (sede de la Corte Suprema), después de su toma por parte del grupo guerrillero M-19.

Violencia contra sindicalistas
Colombia tiene la tasa mundial más alta de violencia contra sindicalistas. La Escuela Nacional Sindical, un grupo Colombiano de defensa de los derechos de los trabajadores, ha registrado más de 2.500 asesinatos de sindicalistas en Colombia desde 1986.

La cantidad de asesinatos cometidos cada año ha bajado desde 2001. Sin embargo, la situación sigue siendo sumamente grave. La Escuela Nacional Sindical informa que 72 sindicalistas fueron asesinados en Colombia en 2006. El gobierno informa que, en 2006, se produjeron 58 asesinatos. Al momento de la redacción del presente documento, no había estadísticas definitivas correspondientes a 2007.

La gran mayoría de estos casos nunca se han resuelto. En 2007, una subunidad especializada de la Fiscalía General de la Nación reabrió algunos casos, pero aún está por verse si la sub-unidad logrará producir avances concretos en un número sustancial de casos.

Amenazas contra defensores de los derechos humanos, periodistas y víctimas de grupos paramilitares
Defensores de los derechos humanos, periodistas, políticos y víctimas de grupos paramilitares siguen siendo objeto de frecuentes amenazas, acoso y ataques por su trabajo legítimo. Las investigaciones de estos casos rara vez resultan en procesos o condenas.

En 2007, el presidente Uribe volvió a hacer declaraciones en las que atacaba a los medios por su cobertura de asuntos públicos. En octubre, el periodista Gonzalo Guillén tuvo que salir de Colombia debido a las reiteradas amenazas de muerte que recibió después de que Uribe lo acusara de hacer declaraciones falsas acerca del presidente. Otro destacado periodista, Daniel Coronell, quien había regresado a Colombia recientemente luego de haber pasado casi dos años en el exilio, también recibió una amenaza de muerte después de que Uribe lo acusara públicamente de ser “mentiroso.”

Víctimas de grupos paramilitares que han presentado denuncias también han sufrido amenazas y, en algunos casos, incluso han sido asesinadas. La Sra. Yolanda Izquierdo, por ejemplo, madre de cinco hijos que lideraba un grupo de 700 víctimas de paramilitares que exigían la restitución de las tierras que estos grupos les habían robado, solicitó la protección del gobierno después de haber recibido reiteradas amenazas de muerte. Nunca se le brindó la protección solicitada. En febrero de 2007, recibió un disparo frente a su vivienda que le provocó la muerte.

El Ministerio del Interior de Colombia tiene un programa de protección, establecido con financiamiento de los Estados Unidos, para periodistas, sindicalistas y otras personas que se encuentren amenazadas. Sin embargo, el programa no se aplica a víctimas de grupos paramilitares que quieran presentar denuncias en el contexto del proceso de desmovilización. En octubre de 2007, el gobierno anunció que, conforme a un fallo de la Corte Suprema, crearía un programa de protección para víctimas.

Discriminación contra parejas del mismo sexo
El 14 de mayo de 2007, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que Colombia había incumplido sus obligaciones internacionales al negarle beneficios de pensión al compañero de un hombre homosexual. En junio, el Senado colombiano votó en contra de una ley que hubiese garantizado a las parejas del mismo sexo la igualdad de acceso a los beneficios de bienestar social. No obstante, la Corte Constitucional de Colombia dictó sentencias que fomentan la igualdad de derechos: en febrero, reconoció la unión civil de parejas del mismo sexo y, en octubre, reconoció el derecho de estas parejas a participar en los planes de salud de sus compañeros o compañeras.

Principales actores internacionales
Los Estados Unidos siguen siendo el actor con mayor influencia extranjera en Colombia. En 2007, Estados Unidos proporcionó cerca de US$ 800 millones al gobierno colombiano; la mayor parte, en concepto de ayuda militar. El veinticinco por ciento de la asistencia militar estadounidense se encuentra formalmente sujeta a condicionamientos en materia de derechos humanos.

Los Estados Unidos también brindan apoyo financiero para el proceso de desmovilización paramilitar, con sujeción al cumplimiento, por parte de Colombia, de ciertas condiciones que establece la legislación estadounidense.

En 2007, el Congreso de los Estados Unidos actualizó y fortaleció las condiciones de la legislación estadounidense sobre asistencia militar y apoyo al proceso de desmovilización. En abril de 2007, el Congreso de los EE. UU. paralizó US $55 millones en concepto de asistencia militar debido a su preocupación por el aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares, así como por la falta de avances suficientes en la reducción de la impunidad en los principales casos relacionados con vínculos entre grupos militares y paramilitares.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anunciaron, en junio de 2007, que no respaldarían un Tratado de Libre Comercio con Colombia hasta que hubiera “pruebas concretas de resultados sostenidos en el terreno” en relación con la impunidad por hechos de violencia contra sindicalistas y el papel de los grupos paramilitares.

En 2007, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció haber llegado a un acuerdo con Chiquita Brands según el cual la empresa multinacional pagaría la suma de US$ 25 millones en un proceso penal por los pagos efectuados por la empresa a grupos paramilitares de la región bananera de Colombia. Los grupos paramilitares de las AUC, así como los grupos guerrilleros de las FARC y del ELN, se encuentran en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El Reino Unido brinda asistencia militar a Colombia, aunque el monto total de dicha asistencia no se conoce públicamente. La Unión Europea brinda asistencia social y económica a Colombia, y ha brindado alguna ayuda a programas de desmovilización paramilitar del gobierno.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, responsable de verificar las desmovilizaciones paramilitares, emitió informes en el 2007en los cuales destacaba la presencia de grupos nuevos, grupos rearmados y grupos que nunca se habían desmovilizado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también emitió un informe en el cual planteaba numerosas inquietudes acerca de la implementación de las desmovilizaciones.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se encuentra activa en Colombia, y tiene presencia en Bogotá, Medellín y Cali. En 2007, la OACNUDH anunció que el gobierno había extendido el mandato completo de la oficina sin ningún cambio.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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