Hay que poner fin a 25 años de impunidad en el caso masacre de Caloto

Jueves 15 de diciembre de 2016, por Prensa - Colectivo

La debida diligencia en la aplicación de justicia, junto con la verdad, la justicia y la reparación integral y las garantías de no repetición de los hechos ocurridos hace 25 años en Caloto, serían un gesto de paz para el pueblo Nasa que en la actualidad continúa con su proceso de liberación de la Madre Tierra dados los reiterados incumplimientos del Estado sobre sus derechos reconocidos por la Constitución y las leyes.

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“Para nosotros la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y miserias. Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está sometida; según la ley que se impone, tiene dueños, es propiedad privada. Al someterla como propiedad para explotarla, le quitaron la libertad de engendrar vida y proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de todo lo que vive. Le impiden producir alimentos, riqueza y bienestar para todos los seres vivos. Los que se apropian de ella causan hambre, miseria y muerte que no deben ser. Le roban la sangre, la carne, los brazos, los hijos y la leche para establecer el poder de unos sobre la miseria de otros”.

Tejido de comunicación Nasa ACIN

Este 16 de diciembre, cuando en muchos hogares se inauguran las festividades decembrinas y la tradición católica inicia la novena de aguinaldos, se conmemora un cuarto de siglo del asesinato de 20 indígenas integrantes del Resguardo de Huellas, en Caloto, Cauca, quienes murieron reclamando sus derechos ancestrales a la tierra y el territorio, a manos de paramilitares que actuaron en alianza y coordinación con integrantes de la policía de la zona y auspiciados por actores con intereses económicos en el departamento del Cauca. Los indígenas buscaban recuperar por lo menos 500 hectáreas de la Hacienda El Nilo, en Caloto.

Desde la ocurrencia de la masacre, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, conjuntamente con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, y luego con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, iniciamos el proceso de representación nacional e internacional de las víctimas, sus familiares y el pueblo indígena Nasa en búsqueda de justicia y reparación para la comunidad.

En materia de justicia, por la masacre de Caloto, en la actualidad enfrentan juicio el General Fabio Alejandro Castañeda Mateus y el mayor Jorge Enrique Durán Argüelles, acusados por la masacre de los indígenas. Los agentes permanecieron privados de la libertad entre febrero de 2015 y mayo de 2016, fecha en la que mediante recurso interpuesto por su defensa recobraron la libertad debido a la falta de diligencia de la justicia.

El juicio que enfrentan estos agentes después de permanecer 23 años en la más de absoluta impunidad, es el resultado de dos fallos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia emitidos en 2014 y que revocaron la decisión de la justicia penal militar que los había absuelto en julio de 1999. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación disciplinaria contra los oficiales en 1993.

Durante el periodo que transcurrió entre la masacre de Caloto y su entrega a las autoridades en febrero de 2015, el oficial Fabio Alejandro Castañeda Mateus continuó su desempeño en la institución y fue ascendido a Brigadier General de la Policía, de la cual se retiró a finales de 2013 luego de 30 años de “servicio a la institución”.

En 1995, en el marco de una denuncia interpuesta ante la CIDH, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en la masacre por la actuación de al menos 11 agentes de la Policía Nacional, y propuso una solución amistosa con el acompañamiento activo de la CIDH, comprometiéndose a crear un Comité de Impulso de la administración de justicia, con distintas instituciones estatales y expertos de la sociedad civil. En el marco del proceso de solución amistosa, el entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, realizó un acto público de perdón del Estado colombiano por estos hechos.

En cuanto a la reparación colectiva, conforme al arreglo amistoso, el Estado se obligó a entregar a título colectivo a las comunidades del pueblo Nasa del Cauca, frente a un antiguo compromiso gubernamental incumplido, 15 mil hectáreas así como a la realización de otras medidas de alcance social y comunitario. En la actualidad está pendiente la legalización del predio El Barrancón en el municipio de Buenos Aires.

Dados los incumplimientos del Estado en relación con todas las medidas de verdad, justicia y reparación contempladas en este acuerdo, la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo sobre el caso en febrero del año 2000 en el que estableció la responsabilidad internacional del Estado por la masacre y reiteró los compromisos del Estado que aún hoy, 16 años después, siguen sin cumplirse a cabalidad.

Como resultado del trámite ante la Comisión IDH, entre 1997 y el 2004 se llevaron a cabo audiencias de conciliación ante la Procuraduría de Popayán que fueron aprobadas por el Tribunal Administrativo del Cauca, y se cancelaron las respectivas indemnizaciones a 138 integrantes de los 20 núcleos familiares de las personas asesinadas, conforme a los criterios jurisprudenciales de la época. 19 personas que no se hicieron parte de esta conciliación, continuaron su litigio ante el Estado, hasta que el fallo del Consejo de Estado de 2014 ordenó sus indemnizaciones las cuales se encuentran en etapa de ejecución.

La masacre de Caloto es una de las múltiples violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas que ha debido enfrentar el Pueblo Nasa. A esta masacre le siguieron otras como la de El Naya, Gualanday y San Pedro, continuando con el exterminio de sus líderes e integrantes. Según cifras de la Acin, desde 1999 han sido asesinados más de 600 indígenas en el norte del Cauca. Feliciano Valencia dice que “según sus cuentas, han caído asesinados 5000 de los suyos, entre autoridades, comuneros, religiosos y campesinos, en los últimos 40 años” en entrevista concedida a Verdad Abierta en 2014.

El pueblo Nasa también ha sido víctima del reclutamiento forzado por parte de los actores del conflicto armado, la militarización de sus sitios sagrados y fuentes de subsistencia, las amenazas, la judicialización sin fundamentos de sus líderes, como es el caso de Feliciano Valencia, el asesinato de familiares y personas cercanas a sus líderes como el homicidio de Edwin Legarda en 2009, compañero sentimental de la lideresa Aida Quilcué, las campañas de desprestigio y la estigmatización, cuyo episodio de la que un reciente fallo de la Corte Constitucional que ordenó al programa de televisión Séptimo Día rectificar injurias y calumnias contra el pueblo Nasa y otros pueblos indígenas.

La debida diligencia en la aplicación de justicia, junto con la verdad, la justicia y la reparación integral y las garantías de no repetición de los hechos ocurridos hace 25 años en Caloto, serían un gesto de paz para el pueblo Nasa que en la actualidad continúa con su proceso de liberación de la Madre Tierra dados los reiterados incumplimientos del Estado sobre sus derechos reconocidos por la Constitución y las leyes.

Aún hoy sus reclamos y acciones son respondidas con represión, abuso policial, ataques y señalamientos por parte de grandes empresas y terratenientes con intereses económicos en sus territorios, como ocurre con los sitios Quebrada Seca, Miraflores, Granadita y García, donde hoy se alzan los ingenios azucareros Manuelita y Mayagüez, o de las fincas Japio y San Vicente, Corinto, Albania, Emperatriz y Quita Pereza, en la actualidad en proceso de liberación.

De las 193.370 hectáreas que habitan las comunidades indígenas Nasa en el Norte del Cauca, solo un 12% son aptas para la producción pecuaria y de alimentos, el resto son de vocación forestal (la mayoría) o constituyen zonas de páramo. Además, no hay forma de ampliar la frontera agrícola debido a que son zonas de conservación para la producción de agua, lo que amenaza su pervivencia en el territorio.

La voz de los pueblos indígenas debe ser escuchada, sus derechos ancestrales deben ser reconocidos para que la paz territorial comience a tener raíces sólidas allí donde la guerra y la violencia política más han azotado a las comunidades. En memoria de líderes y lideresas asesinados en Caloto y de todas las vidas que ha sembrado el pueblo Nasa en su milenaria resistencia.

Nombres de las víctimas de la masacre de Caloto

Darío Coicué Fernández, Ofelia TombéVitonás, Carolina Tombé Ñusqüé, Adán Mestizo Rivera, Edgar Mestizo Rivera, Eleuterio Dicué Calambás, Mario Julicué Ui (o Mario Julico), Tiberio Dicué Corpus, María Jesús Güetia Pito (o María Jesusa Güetia), Floresmiro Dicué Mestizo, Mariana Mestizo Corpus, Nicolás Consa Hilamo (o Nicolás Conda), Otoniel Mestizo Dagua (u Otoniel Mestizo Corpus), Feliciano Otela Ocampo (o Feliciano Otela Campo), Calixto ChilgüezoToconás o (Calixto Chilgüeso), Julio Dagua Quiguanás, José Jairo Secué Canas, Jesús Albeiro Pilcué Pete, Daniel Gugu Pete (o Daniel Pete) y Domingo Cáliz Soscué (o Domingo CálixSescué) y lesiones personales a Jairo Llamo Ascué.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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