Hostigamientos del Ejército y violaciones al DIH por parte de las Farc denuncian campesinos de San José de Apartadó

Martes 13 de mayo de 2014

El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó denuncia ante la Opinión Pública Nacional e Internacional y ante los organismos responsables de la
protección y vigilancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), así mismo ante los organismos internacionales para la veeduría y corresponsabilidad de dichos instrumentos del Derecho Internacional, la persistencia en los actos de sabotaje, hostigamientos, persecución política y amedrentamiento, por parte de los grupos armados que operan en la región del Urabá Antioqueño, entre estos, preocupan los actos cometidos por las fuerzas militares toda vez que estas se supone están instituidas para garantizar y proteger los derechos vitales de la población y no para vulnerarlos, tales actos se traducen en una clara vulneración a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario desplegada contra los líderes sociales que impulsan actualmente la iniciativa de Constituyente por la Paz, y contra la comunidad del municipio de Apartadó que participa en este espacio democrático, particularmente contra los miembros de la comunidad del Corregimiento de San José de Apartadó.

Campesinos | Derecho a la vida | Antioquia | Guerrillas | Urabá | Militarización | Derecho a la tierra |

HECHOS:

1. El día 11 de mayo de 2014 siendo en las 8:30 la mañana, mientras se iniciaba el
segundo día de la jornada de trabajo en el marco de la realización de la Constituyente Regional del Urabá, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones del coliseo Antonio Roldan Betancur del municipio de Apartadó, Franco Orlando Portilla Martínez identificado con cedula de ciudadanía 98.215.490, Sargento segundo y Julio Cesar Sierra Ortiz identificado con C.C 78.588.916, soldado profesional, de quienes se verificó portaban un arma de fuego y que además son miembros activos de la brigada XVII del ejército Nacional, que opera en Municipio de Apartadó, Antioquia.

Según información de algunos participantes en la Constituyente por la Paz Con justicia Social de la Región del Urabá, estos mismos hombres habrían hecho presencia el día de ayer 10 de mayo en la misma instalación deportiva, fotografiando ilegalmente a los participantes.

Por tales motivos se procedió a establecer comunicación con las autoridades y órganos de control del municipio de Apartadó, particularmente con la Procuraduría y el Intendente Agustín Molina encargado de Derechos Humanos de la policía para la región de Urabá con propósito de que se verificasen los hechos denunciados por los participantes en la Constituyente.

2. Nuevamente la comunidad campesina de San José de Apartadó es víctima de acciones que ponen en evidente peligro a sus pobladores. El día de hoy 12 de mayo de 2014 a la 1:00 pm aproximadamente, miembros de la comunidad informan a organismos competentes y a organismos de derechos humanos la aparición de un paquete o bulto sospechoso y con contenido desconocido que se encontraba a escasos 20 metros frente a la sede comunal de nuestro corregimiento.

Pasadas las 3:00 pm el ejército hizo presencia en la zona extrañamente acompañados de periodistas de la región e iniciaron lo que al parecer fue una operación de desactivar un artefacto explosivo.

ANTECEDENTES:

1. En la región del Urabá se ha venido realizando el proceso de constituyentes de las comunidades campesinas, indígenas y afrodecendientes de la región, donde se han
realizado tres pre constituyentes en el transcurso del presente año.

2. Previo a la realización de las constituyentes, se ha hecho un proceso de relacionamiento con las autoridades civiles y militares de la región, con el propósito de generar las condiciones de acompañamiento y de seguridad para los y las participantes.

3. Posteriormente a la realización de la Pre constituyente por la Paz con Justicia Social, realizada en el corregimiento de San José de Apartadó en el mes de Abril, se obtuvo información sobre una reunión convocada por la Brigada XVII, para indisponer a sectores de la región de Urabá contra el proceso de Constituyentes regional, departamental y nacional, además señalar a personas y organizaciones campesinas, poniéndolas en riesgo en una clara violación de derechos humanos.

4. Para el evento de la Constituyente de Apartadó, se realizó una reunión con la Secretaría de Gobierno, la administración municipal, la Procuraduría, la Personería, el Teniente Coronel Escobar de la región de Urabá y el Intendente Agustín Molina encargado de Derechos Humanos de la policía para la región de Urabá y el oficial del ejército, Teniente Coronel Carlos Enrique Quintero Lozano por parte del batallón de Infantería No. 46 Voltígeros de la Brigada XVII del Ejército Nacional; en dicha reunión se les explicó a los participantes de la misma, el carácter de la Constituyente, las diferentes actividades que se iban a realizar en el marco de ésta, las delegaciones que asistirían en a la realización de la Constituyente de la Región del Urabá y en torno a ello se hicieron diferentes compromisos con las autoridades presentes.

5. El día 26 de marzo. A las 10:00 de la mañana, en momentos en que se realizaba en el Corregimiento el taller preparatorio para el evento de la Constituyente Campesina por la Paz con Justicia Social el Ejército inició una maniobra para desactivar lo que llamaron un artefacto explosivo, que según ellos había sido arrojado en un recipiente de basuras ubicado en la calle principal, junto a la puerta del centro de salud, para lo cual llevaron patrullas con perros y desplegaron un cable para detonaciones controladas. Tal parece que luego de verificar la presencia del artefacto, el Ejército procedería entonces a explosionarlo en el mismo lugar. Pero los participantes en los talleres y algunos pobladores del caserío denunciaron que momentos antes habían visto a miembros del Ejército depositar un paquete justo en el mismo recipiente de basuras. Y al cuestionar a los militares, éstos exigieron la identificación de los pobladores, y en el cruce de palabras y alegatos el Ejército decidió retirarse del lugar, recogió el cable y retiró las unidades con perros antiexplosivos, y fue abortada la operación para desactivar el supuesto artefacto.

6. El día 28 de marzo de 2014 a las 10:00 horas de la mañana los integrantes del Comité de Derechos Humanos denunciaron ante los miembros de la Policía Nacional, ante la Defensoría del Pueblo Comunitaria para el corregimiento de San José de Apartadó y ante la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia que justo a diez metros del colegio de dicho Corregimiento se encontraba un paquete (un bulto) con contenido desconocido. Y específicamente le solicitaron a la Policía que hiciera presencia para verificar el contenido del paquete. Los miembros de la Policía Nacional respondieron que tal situación no era de su competencia, y por tal motivo el Comité y la Defensoría del Pueblo se pusieron en contacto con el Ejército Nacional para que estableciera los protocolos para la verificación de la situación.

Pero ambos llamados fueron desatendidos, y mientras tanto el Coronel Quintero, responsable de la Brigada XVII, negaba en la emisora Antena Estéreo del municipio de Apartadó que el Ejército hubiese recibido comunicación alguna de parte de la Defensoría respecto de la situación.

El paquete que denunciamos se encontraba a cincuenta metros de la base militar del
Corregimiento y es un paso obligado para las rondas de patrullaje diario de los militares. No existe otro acceso desde el puesto militar hacia el caserío, pero no dejamos de señalar que desde la mañana del lunes 28 hasta la madrugada del miércoles 30 de marzo, no sólo se suspendieron los patrullajes sino que la denuncia no había sido atendida. Avanzada la noche del día 29 algunos habitantes de la comunidad notaron la presencia de un sujeto que vestía prendas negras y que se paseaba de un lado a otro del puente que une el caserío con la base militar –el objeto se encontraba en este paso nivel-, individuo que permaneció en el lugar hasta las dos de la madrugada del día 30, momento en el cual hizo presencia un nutrido grupo de militares, y sólo a partir de las seis de la mañana de este día éstos empezaron a desplegar los operativos del grupo antiexplosivos, quienes desactivaron mediante explosión controlada lo que en efecto resultó ser un explosivo.

Sigue preocupando, como ya lo hemos manifestado ante los diferentes organismos del Estado y ante los organismos Defensores de Derechos Humanos, la sistemática y
persistente violación al principio de distinción, que debieran ser acatadas por la insurgencia y por las fuerzas estatales.

Reiteramos que, nos sigue preocupando la continua aparición de artefactos explosivos en el casco poblado y en los sectores agrícolas cercanos al caserío de San José y que en estas operaciones no exista la presencia de personal judicial de investigación criminal competente, pues la ausencia de éstos permiten que solo el Ejército pasa a ejercer todas las acciones de control y juicios, lo que impide determinar la responsabilidad subjetiva de quienes vienen cometiendo este tipo de acciones contra el Derecho Internacional Humanitario y que se adelanten lo procesos penales y las eventuales investigaciones disciplinarias encaminadas a conculcar la situación de impunidad que tal falencia acarrea, tal como ha sido denunciado en ocasiones en casos de ejecuciones de pobladores civiles que el ejército ha presentado como bajas de combatientes guerrilleros (llamados falsos positivos)

EXGENCIAS

Exigencias a las partes del conflicto

Una vez más exigimos de los actores armados (FARC-EP, Ejército Nacional y grupos
paramilitares), para que acaten de una vez, los principios básicos, requerimientos y
prohibiciones expresas contenidas en las Normas Internacionales del Derecho de GuerraDIH-, especialmente las concernientes al respeto y protección de las personas civiles, tales como el principio de distinción, respeto y reconocimiento de las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional.

- Exigimos el cese inmediato del uso de minas y otros materiales explosivos. Le recordamos a las fuerzas estatales y a la insurgencia que estas prácticas son ilegítimas.

Al coronel Quintero y demás responsables de la Brigada XVII, les exigimos que cesen
desde ya los actos de señalamientos, persecución y hostigamientos contra los miembros de la comunidad de San José de Apartadó, así mismo que se inicien de inmediato las respectivas investigaciones de orden interno a que tengan lugar, con ocasión de los hechos denunciados y en los que resultaron involucrados el sargento segundo Franco Orlando Portilla Martínez identificado con cedula de ciudadanía 98.215.490, y el soldado profesional Julio Cesar Sierra Ortiz identificado con C.C 78.588.916.

Exigencias a los operadores de justicia y organismos de protección

- A que activen las nuevas disposiciones en materia legal y de protección de los DDHH en las zonas de conflicto, según las cuales, las operaciones militares no pueden estar de espalda al control de los organismos judiciales, de protección y control público (Fiscalía, Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación). Así mismo que se inicien desde ya las respectivas investigaciones de orden penal y disciplinario a que haya lugar con motivo de los hechos presentados en esta denuncia.

Exigencias a los entes de gobierno Nacional, Departamental y Local

- Exigimos el pronunciamiento en términos de rechazo y repudio por parte del Presidente de la República Juan Manuel Santos, del Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, del alcalde de Apartadó Gonzalo Giraldo Aguirre de las acciones emprendidas por la Brigada XVII y los miembros de la misma el sargento segundo Franco Orlando Portilla Martínez identificado con cédula de ciudadanía 98.215.490, y el soldado profesional Julio Cesar Sierra Ortiz identificado con C.C 78.588.916, por ser una grave violación a los derechos fundamentales de participación política, de infracción a las libertades de los ciudadanos participantes en dicho evento democrático, de transgresión al derecho de libre asociación, hechos además que ponen en peligro la vida y la integridad de los que participamos en las Constituyentes por la Paz.

Llamamiento a la opinión pública nacional e internacional

A que mantengan su vigilancia y acompañamiento a la comunidad del Corregimiento de San José de Apartadó y a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Queremos decirles que su participación y veeduría no sólo es el límite para las continuadas violaciones, sino que han sido el punto de inflexión para que sea conocida la verdad sobre la atrocidad y vejámenes a que es sometida la población civil.

San José de Apartadó, 12 de mayo de 2014

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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