Impunidad frente violencia sexual en el conflicto llega al 95%
Informe ante la CPI

El informe abarca un total de 634 hechos de violencia sexual que corresponden a casos que han sido de conocimiento de la Corte Constitucional en Colombia (Foto: saquenmicuerpodelaguerra.wordpress.com)

Víctimas del conflicto | Crímenes de Estado | Violencia de género |

Mesa de Seguimiento a los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Corte Constitucional – Anexos reservados, Colombia

La impunidad en Colombia frente a los casos de violencia sexual en el conflicto por parte de actores armados llega al 95%

24 de noviembre de 2015

Hoy la Mesa de Seguimiento a los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Corte Constitucional – Anexos reservados, Colombia –Mesa-, (1) presenta ante la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional un informe sobre la respuesta del Estado colombiano a los casos de violencia sexual remitidos por ese tribunal en los anexos reservados. En el informe advierte que el nivel de impunidad frente actores armados supera el 95 %, aportando datos suficientes para concluir que el Estado colombiano, en cabeza de la Fiscalía, no está cumpliendo con diligencia su deber de investigar estos casos.

El informe ha sido presentado con el fin de contribuir al seguimiento que la Corte Penal Internacional hace de la situación en el país e incluir dentro de su examen preliminar estas consideraciones.

El informe abarca un total de 634 hechos de violencia sexual que corresponden a casos que han sido de conocimiento de la Corte Constitucional en Colombia, desde el año 2008, con el objetivo de mostrar que la violencia sexual es un práctica “habitual, extendida, sistemática e invisible” en el conflicto armado colombiano, ordenando a la Fiscalía General de la Nación una serie de medidas orientadas a superar la impunidad y las barreras de acceso a la justicia para las víctimas. La Mesa de seguimiento a estos autos y autora del informe considera que, aunque se han impulsado algunas estrategias para dar respuesta a los requerimientos de la Corte Constitucional, las entidades competentes aún no están haciendo lo suficiente, y que la falta de información procesal disponible permite inferir que “el Estado colombiano, en cabeza de la Fiscalía, está renunciando en la práctica a su deber de investigar en el 73,2% de los casos remitidos por la Corte en el Auto 009” (2).

Las constataciones del informe son especialmente alarmantes en lo que tiene que ver con los índices de impunidad. De los 634 hechos de violencia sexual, únicamente 8 casos se han resuelto con sentencia condenatoria contra actores armados por crímenes sexuales, lo que representa un 1.3% del total. De los casos atribuidos a la Fuerza Pública, un 47,8% se encuentran archivados (nos referimos a los casos que cuentan con Resolución de Preclusión o Resolución Inhibitoria); de los casos atribuidos a los grupos paramilitares y bandas criminales, son casi un 25% los archivados, y de los atribuidos a la guerrilla, un 23%. En cuanto a los casos en los que el autor de los crímenes sexuales fueron agentes de la Fuerza Pública en acciones conjuntas con paramilitares, 54,5% de los casos se encuentran archivados. El informe llama la atención en específico sobre la falta de investigación en estos casos teniendo en cuenta “la eventual responsabilidad del Estado colombiano por el desarrollo de estos hechos”(3) .

El informe pone el acento en algunos patrones específicos de la violencia sexual, como la ocurrida durante las masacres o en el marco de la prostitución forzada y la esclavitud sexual. En el caso de las masacres, ningún caso tiene sentencia y hay un 33,3% archivados; lo cual constituye no sólo un grave atentado contra el derecho de las víctimas sino contra toda la sociedad, pues impide conocer la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado. En cuanto a los casos cometidos en contra de mujeres que fueron forzadas a prostituirse o esclavizadas sexualmente, existe una sentencia condenatoria mientras que el 50% de los casos están archivados. Las conclusiones del Informe en cuanto a este último hecho son contundentes al afirmar que el Estado “no ha emprendido acciones para investigar estas conductas, para hacer justicia y para rescatar a las víctimas que seguramente siguen siendo prostituidas por actores armados o esclavizadas sexualmente”(4).

Información de contacto con la secretaría técnica de la Mesa de seguimiento a los Autos:

Linda María Cabrera Cifuentes
Subdirectora
Corporación Sisma Mujer
[email protected]

Informe en español

Informe en inglés

P.-S.

1.La Mesa está conformada por la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la Corporación Casa de la Mujer, la Corporación Sisma Mujer, la Liga de Mujeres Desplazadas, la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, el Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos, la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Ruta Pacífica de las Mujeres. La Mesa cuenta con el acompañamiento en calidad de observadoras de ONU Mujeres.

2. Informe La impunidad de la violencia sexual asociada al conflicto armado en Colombia, 2015. Resumen ejecutivo. Mesa de seguimiento a los autos 092 de 2008 y 009 de 2015.

3. Informe La impunidad de la violencia sexual asociada al conflicto armado en Colombia, 2015. Resumen ejecutivo. Mesa de seguimiento a los autos 092 de 2008 y 009 de 2015.

4. Ídem.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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