Informe sobre la situación de derechos humanos en Antioquia 2016.
¡Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra!

Jueves 1ro de diciembre de 2016, por Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

El presente informe es un aporte elaborado por el Observatorio del Nivel de Riesgo a la Labor de Defensores, Líderes y Lideresas en Antioquia de la Fundación Sumapaz en asocio con la Corporación Jurídica Libertad (CJL) para el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), el Proceso Social de Garantías de Antioquia y contando con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y Paz Con Dignidad.

Víctimas del conflicto | Defensores de derechos humanos | Paz y Derechos Humanos |

Como Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos hemos aportado y seguido de cerca el más importante espacio de construcción de la nueva historia para el país, por ello, clamamos decisivamente con mensaje de urgencia para que se implementen los acuerdos alcanzados en La Habana, sobre todo, en un momento donde ya no es posible marchar hacia atrás, pero en el que queda a la deriva fragilidades e incertidumbres complejas que puedan debilitar el gran costo político alcanzado hasta el día de hoy.

Quedan otras importantes inquietudes tendientes a las garantías y oportunidades del goce de los derechos para todas y todos los colombianos. Hace escasos días, más exactamente el 19 de octubre, Colombia fue evaluada por séptima vez por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para valorar las acciones emprendidas por el Estado hacia el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos1. Como Coordinación CCEEU participamos junto a otras plataformas y organizaciones sociales en la presentación de un Informe Alterno2 ante este Comité. Nuestro informe detallaba de manera profunda el incumplimiento del Gobierno con las familias víctimas de desaparición forzada, con las garantías al sector de las mujeres y las personas LGTBI, los insuficientes esfuerzos hacia mejorar las condiciones de los presos y los prisioneros en las cárceles, las graves violaciones contra los sindicalistas y la incapacidad, la falta de voluntad del Estado y sus instituciones para coordinar e implementar políticas y acciones tendientes es hacer efectivo el Pacto.

Dentro de los cuestionamientos del Comité fue evidente la exhortación para que el Estado colombiano brinde garantías reales para favorecer los derechos humanos contemplados en el Pacto. El Comité de Derechos Humanos instó al gobierno colombiano para ajustar sus leyes a las recomendaciones realizados por éste, cuestionó el nuevo código de policía, la ley seguridad ciudadana y el tratamiento militar que impide el ejercicio legítimo de la protesta social. Una de sus preocupaciones fue el avance evidente avance y copamiento de territorios por parte de grupos ilegales herederos del paramilitarismo que constituyen un riesgo a las libertades y a la participación de los ciudadanos en espacios de decisión.

Por otro lado, este año quedó demostrada la negligencia y la falta de voluntad política del Gobierno Nacional y Departamental para la instalación de la Mesa de Garantías para la labor de
Líderes y Lideresas Sociales, Comunales y Ambientales, Defensores y defensoras de Derechos Humanos, un espacio de interlocución tan fundamental para hacer balances de la situación de riesgos de todos estos liderazgos sociales, sobre todo en momentos donde se incrementan todas las formas de agresión y asesinatos contra hombres y mujeres que trabajan diariamente por sus comunidades. La ausencia de la Mesa de Garantías impide la toma de decisiones oportunas de prevención, protección y lucha contra la impunidad de ataques y/o asesinatos contra los liderazgos víctimas de la ausencia de políticas claras y efectivas que propicien la paz, que reduzcan las amenazas y los riesgos de los defensores.

El avance de grupos paramilitares en los campos y las ciudades de Colombia, la fragilidad de las funciones y los funcionarios estatales para garantizar ley, son formas de victimización y generan más riesgo para la labor de las y los defensores. La falta de un espacio de monitoreo de estos fenómenos, la falta de interlocución con el Procesos Social para las Garantías y posibles soluciones que minimicen las condiciones de peligro son una deuda inaplazable del Estado con los derecho humanos.

Abrazamos, defendemos y no claudicaremos en la exigencia por la paz merecida, así mismo, apoyamos y reclamamos categóricamente al Gobierno Nacional para que avance en los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional ELN que se llevan a cabo en Quito, solo hasta alcancemos una solución de orden político con las insurgencias lograremos un país mejor, en paz y con esperanza.

Ver informe completo:

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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