La emergencia del Covid-19 no puede ser excusa para limitar la participación
ciudadana en los planes de desarrollo municipal y departamental

Lunes 27 de abril de 2020

Bogotá 27 de abril de 2020. En carta enviada hoy 27 de abril, tanto al Gobierno Nacional como a las autoridades locales, distintas organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, personalidades y políticos alertan sobre los obstáculos que existen para la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo municipal y departamental (PDMD).

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• Carta concertada por plataformas de DDHH, 166 organizaciones, 230 personas, cinco organizaciones internacionales y diez congresistas.
• Siete grupos de recomendaciones para los planes de desarrollo municipal y departamental.
• Firmantes coinciden en implementar renta básica para la población vulnerable.

Bogotá 27 de abril de 2020. En carta enviada hoy 27 de abril, tanto al Gobierno Nacional como a las autoridades locales, distintas organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, personalidades y políticos alertan sobre los obstáculos que existen para la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo municipal y departamental (PDMD).

Con la firma de 166 organizaciones, plataformas de derechos humanos, cinco organizaciones internacionales, 230 personas y 10 de los actuales congresistas, las organizaciones y Plataformas expresan su preocupación por las limitaciones y problemáticas que se han profundizado por brote de COVID-19 y hacen un llamado a Autoridades locales de todo el país para que en los Planes de Desarrollo Local que serán aprobados en las próximas semanas se incorporen medidas para la protección de quienes por distintas razones se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La carta contiene 35 recomendaciones agrupadas en siete apartados o temáticas para la formulación y aprobación de los planes de desarrollo. A continuación, se presentan e identifican solamente algunas de las recomendaciones:

1. Sobre el proceso de formulación, aprobación, seguimiento y control de los planes de desarrollo municipal y departamental:

Todas las alcaldías y gobernaciones de Colombia deben tomar medidas excepcionales para garantizar la participación ciudadana en la formulación, seguimiento y control social de los PDMD. Esto sobre todo pensando en municipios en donde medios electrónicos no son viables como en zonas rurales y sectores marginados en los cascos urbanos. En ese sentido se debe fortalecer la consulta y relacionamiento de las alcaldías, gobernaciones, concejos municipales con los Consejos Territoriales de Planeación, como máximas instancias de participación para la planeación y estudiar la posibilidad de ampliación de los plazos para la aprobación o para hacer los ajustes a los PDMD.

2. Sobre las medidas que deben ser tomadas en coordinación entre el gobierno nacional y los entes territoriales:

Los gobiernos locales y el gobierno nacional no deben abusar de los poderes excepcionales que poseen ante las condiciones de emergencia actuales. En este sentido, no pueden establecerse medidas restrictivas abusivas o infundadas y su vigencia debe limitarse al tiempo estrictamente necesario. Además, en ningún caso las decisiones de política pública pueden desconocer las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Se deben flexibilizar las condiciones existentes para acceder a los fondos de regalías con el fin de cofinanciar las medidas de recuperación y revertir el modelo actual que es excluyente con los municipios más pobres.

Suspender o variar la aplicación de las herramientas de evaluación de desempeño fiscal del DNP, de forma tal que las administraciones departamentales y municipales den prioridad a las necesidades sociales y económicas de sus respectivos territorios, sin temor a descender en la escala de calificación y ver castigadas las transferencias.

3. Sobre el derecho a la salud

Se hace urgente priorizar el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, a través de medidas como tomar el control de clínicas cerradas y abandonadas, siguiendo el ejemplo de ciudades como Medellín, Villavicencio, Cali y Santa Marta.

Aumentar el presupuesto destinado a este sector, garantizando el acceso a la salud para todas las personas, infraestructura adecuada para afrontar crisis de alta magnitud y complejidad y aumentar la capacidad de respuesta de las redes hospitalarias.

Asegurar los derechos laborales y de protección social del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la salud. Además, incentivar la producción nacional de elementos sanitarios como mascarillas, alcohol, implementos médicos, medicamentos y respiradores artificiales.

4. Sobre la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)

Teniendo en cuenta que el 64% de la población en Colombia vive del trabajo informal, los PDMD deben incorporar medidas para garantizar una renta básica universal con la cual se aseguren ingresos para toda la población, con énfasis en aquellas personas que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad.

Aliviar las cargas económicas de las MIPYMES a través de medidas como la postergación del cobro de impuestos municipales como el predial y de industria y comercio. Incentivar cadenas de producción locales con estas empresas y promover la adquisición de bienes y servicios públicos con las micro, pequeñas y medianas empresas.

Los PDMD deben establecer un mínimo vital en el acceso al agua y garantizar su gratuidad. Deben desarrollarse acciones decididas para el apoyo a las comunidades organizadas que gestionan el agua, acueductos comunitarios o juntas de acción comunal quienes aseguran de manera solidaria y comunitaria el acceso al agua. Las medidas establecidas por el gobierno nacional por ningún motivo deben generar endeudamiento financiero de acueductos comunitarios urbanos periurbanos y rurales, por el contrario, deben otorgarse subsidios directos para cubrir de manera suficiente la gestión de agua.

Se debe garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios básicos como agua, luz y gas asegurando el acceso y la prohibición del corte de servicios públicos durante al menos 4 meses.

Es indispensable no aprobar ninguna licencia, permiso ambiental o similares mientras dure la pandemia, toda vez que no se puede garantizar participación efectiva, ni consultas previas con comunidades étnicas (Convenio 169 OIT). Además, este momento es una oportunidad para promover iniciativas que promuevan transiciones energéticas hacia sistemas sustentables y de enfrentamiento al cambio climático.

5. Sobre los derechos de mujeres y niñas

De acuerdo con la información emitida por distintas fuentes oficiales, se han incrementado de manera exponencial los hechos de violencias contra las mujeres y las niñas, así como los feminicidios en todo el país, en este período de aislamiento. A ello se une la pérdida de autonomía económica de las mujeres. Por lo tanto, es urgente que las entidades territoriales incorporen estrategias de atención y protección, así como alternativas de comunicación y denuncia para las mujeres y niñas, que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad frente a la violencia doméstica (psicológica, económica, sexual) en el contexto de aislamiento.

Incorporar en los PDMD propuestas de reconocimiento, redistribución y reducción de las cargas de cuidado que en mayor medida recae en manos de las mujeres. Impulsar Sistemas municipales y departamentales de cuidado con programas, planes, proyectos y recursos suficientes.

6. Sobre la consolidación de la paz en los territorios

La situación vivida en el contexto actual no debe frenar la implementación de los acuerdos de paz y la protección a las víctimas del conflicto armado. Es necesario que los funcionarios públicos involucrados en los procesos de restitución de tierras, las víctimas y testigos, cuenten con medidas de protección durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio.

Las alcaldías y gobernaciones deben comprometerse en la protección de la vida y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil y pueblos étnicos en el contexto actual de persecución y vulneración de la vida de estas personas. Estas medidas no pueden obviarse dentro de los planes de desarrollo municipales y departamentales, ni pueden verse comprometidas por causa de la crisis actual.

7. Para no repetir y prepararnos para las emergencias

Los gobiernos locales deben incorporar políticas públicas municipales y departamentales de la gestión del riesgo basadas en la prevención, el autocuidado individual y comunitario y la respuesta articulada y eficaz de las instituciones de orden municipal y/o departamental y la ciudadanía.

Finalmente, las Plataformas y organizaciones defensoras de derechos humanos firmantes se unen a los llamados que han realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Res 1/2020) y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que la respuesta estatal a la pandemia sea proporcionada, necesaria y no discriminatoria, privilegie a los sectores más vulnerables de la sociedad y que las medidas que se adopten no signifiquen una pérdida de los derechos sociales en cuanto al respeto y garantía a los derechos humanos.

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Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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