La erradicación forzada, un error más que comete el Gobierno de Duque
Columnas Pulzo

El gobierno colombiano mantiene una política errada en materia de drogas por negarse a aplicar el punto 4 de los acuerdos de Paz.

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Y así le da prioridad a la salida impuesta por los Estados Unidos, pretendiendo volver a las aspersiones aéreas de glifosato y aplicando la erradicación forzada y violenta de los cultivos de coca, haciendo a un lado la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades y desconociendo la importancia de aplicar los PNIS que para el 2020 está desfinanciado en un 97 %.

Insistir en perseguir los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, los cultivadores y los consumidores, es un error que tiene altos costos y efectos colaterales muy costosos para el país: nos cuesta recuperar la confianza en las instituciones, nos cuesta no tener resultados eficaces contra las problemáticas de las drogas, y sobretodo nos cuesta cientos de vidas.

El Estado Colombiano ha intentado controlar la producción de hoja de coca con las aspersiones con glifosato, la erradicación forzada y la sustitución voluntaria, pero las cifras que hoy se conocen sobre áreas sembradas demuestran que no han sido medidas exitosas y, por el contrario, principalmente las aspersiones y la erradicación forzada han tenido efectos negativos para las comunidades que habitan los territorios.

De la sustitución voluntaria se puede advertir que representa una esperanza, pero entre los múltiples ítems de valoración, burocracia, desatención, negación y exclusión del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, esa esperanza se va diluyendo para cientos de familias que creyeron en el programa y firmaron los acuerdos.

Las cosas en el detalle no van bien y la desatención a cualquiera de ellos está significando el fracaso; el programa se soporta en el primer paso de garantizar un primer pago para que las familias inicien la sustitución. Luego se requiere la verificación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC (en inglés) y la certificación de cumplimiento de ese primer esfuerzo de sustitución. Entonces, las familias reciben el segundo pago y continúan con el proceso, pero, solo por señalar un problema, la UNODC no realizó la verificación del 100% de los acuerdos y las familias no recibieron el segundo pago.

Hablando de territorios donde la presencia estatal es nula, donde no hay garantía para cubrir necesidades básicas, donde es la coca la que lo ha dado todo lo que el Estado ha negado, esto es más que preocupante si se tiene en cuenta los tiempos y puntos clave del programa, especialmente a que con esos pagos se daba inicio a proyectos de seguridad alimentaria y proyectos productivos de ciclo corto.

Otro punto de gran preocupación que subyace a los procesos de erradicación forzada es la nueva matriz de violencia contra las comunidades que ha costado la vida de cientos de personas. En todas estas zonas no cesan los conflictos entre miembros de la fuerza pública y las comunidades que dependen absolutamente de los ingresos de la venta de hoja de coca y que basan su subsistencia en estos cultivos. El incremento de los hechos de violencia por las erradicaciones forzadas, es una de esas situaciones en las cuales el gobierno no está midiendo los efectos colaterales.

En este contexto fue asesinado el pasado 22 de abril del comunero indígena Ángel Artemio Nastacuas Villareal en el resguardo Inda Sabaleta, del Pueblo Awá, del municipio de Tumaco, el ejército está entrando a zonas indígenas donde el gobierno todavía no ha impulsado o realizado los procesos de diálogo y consulta previa, libre e informada.

No es la primera vez que el Pueblo Awá se encuentra expuesto a las agresiones por parte de la fuerza pública, así como de otro tipo de violencias que ponen en peligro su existencia. Ya la Corte Constitucional ha reconocido en la sentencia T – 025 de 2004 que la erradicación forzada como solución a los problemas de los cultivos de uso ilícito en estos territorios lo único que ha causado es una exacerbación de la guerra por el control de áreas sembradas, poniendo en peligro la integridad física del Pueblo Awá y aplazando soluciones estructurales que pasan por la inversión social.

Desde varios procesos comunitarios, organizaciones sociales y desde la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM, se está trabajando en las acciones de denuncia sobre la crisis que han generado las erradicaciones forzadas, y se suma además el grave contexto en relación con la pandemia del COVID-19. Cientos de hombres de la fuerza pública que se desplazan de un territorio a otro, están poniendo en riesgo de contagio a estas comunidades especialmente en las denominadas zonas futuro que en verdad se están convirtiendo en verdaderos teatros de guerra y que se va profundizar con la aupada presencia de las tropas gringas que han llegado al país.

El Estado debería concentrar su atención en el cumplimiento de los acuerdos para la construcción de paz y sobretodo en evaluar múltiples y rigurosos estudios que indican que la efectividad de las políticas antidrogas está en concentrarse en los eslabones más fuertes de la cadena. Incluso se ha advertido sobre métodos y prácticas que tienen mejores resultados que los mecanismos de erradicación, como las incautaciones, y la destrucción de laboratorios.

El desmantelamiento de laboratorios causa una reducción de 0.003 a 0.006 hectáreas por kilómetro cuadrado en el cultivo de coca, las incautaciones de base de coca causan una reducción de 0.003 a 0.008 hectáreas por km cuadrado, las incautaciones de hojas de coca causan una reducción de 0.006 a 0.019 hectáreas por km cuadrado y las incautaciones de cocaína causan una reducción de 0.009 a 0.061 hectáreas por km cuadrado, estos resultados muestran como en efecto existen otras prácticas que pueden ser mucho más efectivas.

Por todo lo anterior, el cumplimiento de los acuerdos para la paz en su totalidad e integralidad es una necesidad urgente. Mientras esto no suceda, nadie puede garantizar que no se den los procesos de resiembra pues el valor de la producción de hoja de coca es muy bajo en comparación con los demás eslabones de la cadena, y remplazar una hectárea sembrada es más fácil que remplazar el producto final incautado. Lo más preocupante es que los cultivos se desplazan a otras zonas, encontrándose como principal efecto la deforestación. Según la UNODC, cuando el país redujo los cultivos de coca en un 57 %, aparecieron cultivos en zonas donde tradicionalmente no se sembraba coca o donde el área cultivada era muy pequeña, como Córdoba y Chocó.

El Gobierno de Iván Duque debería dejar de ser servil a intereses que impiden hacer las valoraciones e investigaciones para evaluar los impactos y la eficiencia de políticas que, aunque pueden suponer una alta inversión en el corto plazo, significarán desarrollo sostenible y fortalecimiento de la presencia institucional real en esos territorios. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

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Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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