La tortura psicológica del G-3 contra las mujeres
Aparte del libro "ChuzaDas 8 años de espionaje y barabarie" de Julián F. Martínez

Miércoles 2 de marzo de 2016, por Julián F. Martínez

La comunicación interceptada por el G-3, tiene escritos hechos a mano por el coordinador del grupo ilegal Jaime Fernando Ovalle, en los cuales ordena investigar si las personas en mención son familiares de Soraya Gutiérrez. Él escribió cuanto puntos que debían resolver los espías: “Inv. Estratégico”, “¿Hijos de Soraya?”, “¿Están fuera del país?” y “¿Se van?”.

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El “plan de trabajo ofensivo” que diseñó, según Ovalle, el asesor del DAS José Miguel Narváez Martínez para el G-3, hizo una especial dedicación para mortificar e intimidar a las mujeres valerosas que desempeñaban su labor por la defensa de los derechos humanos y el esclarecimiento de la verdad en los procesos judiciales en los que reina la impunidad tales como masacres perpetradas por paramilitares en asocio con miembros de las fuerzas militares, ejecuciones extrajudiciales ordenadas por altos mandos del Ejército, asesinatos de líderes sociales y políticos, entre otros.

Soraya Gutiérrez Argüello, hoy miembro de la junta directiva del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, cumplió su sueño en septiembre de 1993: formar parte de la ONG más respetada en materia de derechos humanos en Colombia y convertirse en una de las abogadas más prestigiosas en defensa de víctimas del conflicto armado y aportes al acceso de éstas a la verdad, justicia y reparación. La valentía de Gutiérrez Argüello ha sido objeto de homenajes y premios como el que recibió en 2006 cuando fue galardonada con el premio “Abogado Internacional de Derechos Humanos” que otorga la sección de Derecho Internacional del Colegio Americano de Abogados en Estados Unidos. Para ella los reconocimientos son un estímulo para que los defensores de derechos humanos, que día a día se enfrentan a condiciones adversas de represión y persecución, persistan en su trabajo por la defensa de la vida y los derechos de las víctimas.

El 13 de febrero de 2003, Gutiérrez salió de su oficina en el centro de Bogotá al finalizar la tarde. Gutiérrez pertenece al grupo de integrantes del CAJAR que están protegidos por el Estado por las medidas cautelares que ordenó la CIDH al gobierno. Algunos de ellos preferían no aceptar escoltas, sino utilizar el vehículo que les asignaba el DAS, a través del programa del Ministerio del Interior. Ese era el caso de Soraya Gutiérrez, a quien le designaron una camioneta Toyota Prado color verde con placa GGQ-278 de Chía, Cundinamarca.

A las 9 de la noche, cuando iba llegando a su casa en el sector de Mazurén en el norte de Bogotá, un automóvil de color vinotinto se le atravesó en la vía a pocas cuadras de su destino a la altura de la calle 153 con carrera 51. Ella tuvo que frenar en seco y empezó a observar que tres hombres se bajaron del vehículo y le apuntaron con una ametralladora, insinuando con señales que se tenía que bajar de la camioneta. En una actitud que nunca podrá explicar, Soraya Gutiérrez logró acelerar y maniobrar su carruaje, eludiendo oportunamente la acción de los agresores. Sin embargo, la camioneta recibió varios impactos de proyectil en la ventanilla del conductor que el blindaje de la Toyota resistió. Todo sucedió en menos de dos minutos. El pánico y los nervios se apoderaron de ella ante el hostigamiento que acababa de sufrir. Lo primero que pensó fue que se trataba de delincuencia común que buscada asaltarla robándole sus pertenencias y la camioneta.

Al entrar a su casa, inmediatamente llamó a la línea 112 de la Policía Nacional para denunciar el intento de asesinato. Al conjunto residencial donde vivía llegaron el subteniente Sanabria y el agente José Lobaton Vargas, miembros que estaban adscritos al centro de atención inmediata (CAI) de la patrulla de Mazurén 3. Los policías constataron los impactos del proyectil y manifestaron que iban a rendir el respectivo informe para iniciar la investigación. La camioneta fue llevada al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para que realizaran los exámenes de balística respectivos para determinar si se hicieron disparos, sin embargo, los resultados de los peritos nunca se conocieron.

Atemorizada por la situación llegó al otro día a su oficina en el Colectivo de Abogados para redactar una carta dirigida a la Presidencia de la República, manifestando la gravedad de la situación de atentados que estaban sufriendo los defensores de derechos humanos. En el documento le recordó al jefe de Estado las obligaciones que tienen con los organismos internacionales para garantizar el ejercicio y la vida de los activistas.
En marzo de 2004, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentó un informe sobre los casos de violencia contra jueces, abogados y funcionarios judiciales en 2003, en el cual se reportaron 75 hechos entre asesinatos, amenazas y hostigamientos. El 36% de los ataques, es decir 22, fueron cometidos contra defensores de derechos humanos en los que existen elementos para deducir que las agresiones son consecuencias directas del ejercicio de la abogacía. La ONG señala también el incremento de un 24% en los ataques contra las mujeres de las organizaciones no gubernamentales. La investigación de la CCJ concluyó comprobando que en el 29% de los casos la autoría provenía de agentes estatales.

Un día antes de presentarse el atentado, el miércoles 12 de febrero, Soraya Gutiérrez había viajado a la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, para reunirse con los familiares de las víctimas de la masacre de la Sarna, perpetrada el 1 de diciembre de 2001, por un grupo paramilitar del bloque Autodefensas Campesinas del Casanare, que interceptó a un bus que trasportaba a 17 personas, entre ellas tres niños. Los hombres armados ejecutaron a 12 hombres y tres mujeres en la vereda de Las Cintas del municipio de Sogamoso, dejando con vida solamente a un niño de 8 años y a una mujer de 60. Entre víctimas estaban agricultores, estudiantes, médicos e ingenieros de la zona que fueron acusados de ser “auxiliadores del terrorismo”.

Gutiérrez era la representante de ese proceso en el cual se había establecido que miembros de los batallones del Ejército Tarqui en Sogamoso, Silva Plazas de Duitama y Sucre de Chiquinquirá, y la XVI Brigada con sede en Yopal, habían facilitado el paso de los paramilitares y, además, les entregaron las armas con las que asesinaron a las 15 personas. Las acciones jurídicas a favor de esa población de Boyacá, tales como alertas tempranas y derechos de petición, que estaba haciendo Soraya Gutiérrez, incomodaron al estamento militar de la región.

Posterior al atentado que sufrió la abogada, se multiplicaron las llamadas extrañas que venían recibiendo en los últimos meses en el teléfono fijo de su residencia. Generalmente se escuchaban risas macabras que cuando al preguntar quién hablaba se cortaba la comunicación. La empleada doméstica que cuidaba a la hija de cuatro años de Soraya Gutiérrez, también registró tres llamadas en las cuales un hombre indagaba sobre el lugar donde se encontraba la defensora de derechos humanos.

El teléfono volvió a timbrar el lunes 3 de marzo de 2003 a las 3 y 30 de la tarde. Un hombre que no se identificó le preguntó a la señora del servicio a qué horas llegaba la pequeña hija de Soraya Gutiérrez, ella le colgó. Minutos después, la empleada salió al lugar en donde la ruta del colegio deja a la niña. Al caminar por las cuadras de Mazurén se dio cuenta que un taxi la estaba siguiendo. El supuesto taxista, de aproximadamente 32 años, alto, delgado, pelo rapado y con barba y que vestía una camisa gris, blue jean y chaqueta de cuero negra, la alcanzó y se bajó del vehículo para preguntarle que “si iba a recoger a la niña de Soraya”. El pánico se apoderó de la señora y empezó a correr hacía unas cabinas telefónicas ubicadas en la cuadra en donde la ruta escolar dejaban a la menor, así logró ignorar al hombre que estaba espiándolas. El hombre estacionó el carro durante 10 minutos al frente de la tienda y al observar que la empleada recogió a la hija de la abogaba, arrancó y abandonó el lugar.

Al regresar a la casa, la empleada doméstica fue informada por el vigilante del conjunto que un hombre, vestido de particular, que dijo trabajar como técnico de la empresa Cablecentro, le solicitó información personal de la abogada Gutiérrez y el número de la casa en donde vivía. Información que no suministró el portero del edificio, lo que causó la furia del hombre, pero este se fue. Soraya Gutiérrez —que no estaba suscrita como cliente de esa compañía de servicios de televisión por cable— fue informada por Cablecentro que “no aparecía ninguna visita registrada de esa entidad a su sitio de vivienda y que siempre sus empleados asistían uniformados”. Se trataba de una operación a cubierta que el G-3 del DAS había diseñado para afectar la tranquilidad de la familia de la abogada del CAJAR, cuyo objetivo era ingresar a su casa para fotografiar a su hija y robar información sobre los procesos judiciales que venía adelantando.

Las carpetas del DAS que contienen la información de inteligencia ilegal que se le realizó a Soraya Gutiérrez, también muestran cómo los detectives se ensañaron tanto contra la abogada, que cualquier persona que tuviera una relación directa o indirecta con la vida personal y profesional de ella, ingresaba a la base de datos de los archivos del espionaje ilícito que desarrolló el organismo de inteligencia durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

En el folio 136, de la AZ 1.6, hay unas fotocopias de las cédulas de ciudadanía de cuatro personas, de apellido Gutiérrez, que miembros del Colectivo de Abogados le enviaron desde su fax el 20 de marzo de 2004 a Norma Coledani, encargada de las denuncias de Latinoamérica de la CIDH. La comunicación interceptada por el G-3, tiene escritos hechos a mano por el coordinador del grupo ilegal Jaime Fernando Ovalle, en los cuales ordena investigar si las personas en mención son familiares de Soraya Gutiérrez. Él escribió cuanto puntos que debían resolver los espías: “Inv. Estratégico”, “¿Hijos de Soraya?”, “¿Están fuera del país?” y “¿Se van?”.

La situación se agravó el 13 de mayo de 2005. Soraya Gutiérrez entró a la portería del conjunto. Allí el vigilante le entregó un paquete en forma de regalo, cuyo remitente era el señor Manuel Gutiérrez, padre de la defensora de derechos humanos, que para la época ya había fallecido hace 10 años. Extrañada con el “obsequio” se dio cuenta que quien enviaba la encomienda había puesto la dirección de la casa donde ella había vivido en su infancia. “Yo me asusté muchísimo porque tenía un olor fuerte”. Acto seguido, llamó a la Policía porque dedujo que podría ser un artefacto explosivo.

“La Policía abrió el paquete y allí encontró una muñeca descuartizada”. El juguete era una barbie de cabello rubio, claro y brillante, aproximadamente de 35 centímetros que estaba empacado en la caja original del cachivache y había sido envuelta en papel regalo. La muñeca tenía destrozadas sus articulaciones, la habían quemado con cigarrillos en sus partes genitales y le pintaron una cruz en el tronco con esmalte rojo, a manera de sangre. La encomienda tenía en su interior un mensaje escrito a mano en una hoja cuadriculada que decía: “usted tiene una familia muy linda. Cuídela, no la sacrifique”.

Dicha amenaza originó que Soraya Gutiérrez saliera del país con su pequeña hija rumbo Europa, tras dos años de intensa persecución, control de sus actividades y espionaje contra su familia. No obstante de su escepticismo con el DAS, ella jamás se imaginó que toda la pesadilla que estaba viviendo provenía de la policía secreta, adscrita a la Presidencia de la República, tal y como lo confirmó el capitán Jorge Alberto Lagos León, quien se desempeñó como subdirector de contrainteligencia del organismo de inteligencia. En el juicio contra Carlos Alberto Arzayus, subdirector de Operaciones del G-3, Lagos dijo al juez el 31 de marzo de 2011 que desde el DAS se “se enviaban sufragios y a veces muñecas untadas de sangre” para intimidar a los defensores de derechos humanos. La confesión de Jorge Lagos dejaba al descubierto la utilización de la tortura psicológica como política de Estado en el gobierno de la “seguridad democrática”.

(...)

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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