Los jóvenes colombianos: sin derecho al trabajo

Jueves 13 de agosto de 2009, por ENS

En Colombia la situación de la población joven es dramática: en el trimestre marzo-mayo de este año teníamos que 4 de cada 10 nuevos desempleados eran jóvenes, y el total de jóvenes desempleados suman 1´162.284, que representan el 47% de los 2´487.610 desocupados colombianos. según un estudio contratado por el Ministerio de la Protección Social, el desempleo es mayor en jóvenes de escasos recursos (28,9% en 2006), en contraste con el 18,1% correspondiente a los jóvenes más ricos del país.

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Juventud excluida del mercado laboral

El mercado laboral colombiano no ha permitido a la juventud ejercer plenamente su derecho al trabajo, ni siquiera en el 2007, el año más productivos de la economía nacional, pues junto al mayor crecimiento del Producto Interno Bruto –PIB– (7.5%), la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 20.3%, 10 puntos por encima de la tasa de la población total nacional. Más grave aún fue el caso de las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo llegó al 26.3%.

Lo otro es que, según un estudio contratado por el Ministerio de la Protección Social, el desempleo es mayor en jóvenes de escasos recursos (28,9% en 2006), en contraste con el 18,1% correspondiente a los jóvenes más ricos del país.

Con la crisis económica mundial la situación empeoró más. La tasa de desempleo juvenil entre 2008-2009 [1] pasó de 20.9% a 21.7%, porcentaje que casi duplica el 11.9% correspondiente a la tasa de desempleo para el total de la población durante el trimestre marzo-mayo de 2009.

Informalidad, desprotección social y legislación antisindical


Según el Ministerio de la Protección Social, el 87% de la juventud trabajadora se encuentra por fuera del sistema de seguridad social en salud –contributivo o subsidiado–, pensiones y riesgos profesionales, y no tiene un contrato laboral formal. Esto coincide con un aumento continuo del porcentaje de jóvenes que trabajan por cuenta propia, que pasó del 24,7% en el 2007 al 31,09% durante el 2008; con el detalle de que en el 75% de los casos el trabajo por cuenta propia se da bajo relaciones informales, sin acceso a la seguridad social, sin un “colchón” económico mínimo para enfrentar momentos de bajos ingresos y, sobre todo, como última alternativa antes que caer en la indigencia o la criminalidad.

Por otro lado, los empleos asociados a niveles menos precarios de protección social se desplomaron en el 2008, con una expulsión de 227.000 jóvenes trabajadores. Así, mientras que en 2007 el 51,2% de la población joven trabajaba como empleada particular, en el 2008 la cifra bajó a un 46,38%.

Adicionalmente, la legislación laboral colombiana impide a miles de jóvenes gozar de derechos de asociación y libertad sindical contemplados en el Convenio 87 de la OIT, pues el Código Sustantivo del Trabajo no considera como trabajadores a los miles de jóvenes aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ni a los afiliados a cooperativas de trabajo asociado. De ahí que sólo 5 de cada 100 trabajadores pertenecen a un sindicato, y sólo uno de esos 5, es joven.

Inequidad de género, trabajo doméstico y conflicto armado

Entre 2007 y 2008 disminuyó en un 0.5% la Tasa Global de Participación –TGP– juvenil, hecho vinculado al aumento de población inactiva, correspondiente a 94.700 jóvenes que dejaron de trabajar o de buscar trabajo. Para el trimestre octubre-diciembre de 2008, dentro del total de jóvenes inactivos (2’024.482), los hombres entre 18 y 24 años sumaron 632.432, es decir, sólo el 31%; y las mujeres más del doble: 1’392.050 (69%) de los inactivos. De estas mujeres, un 60% se dedicó a oficios del hogar, y sólo el 35.2% a estudiar. Mientras que un 73.1% de los hombres se encontraba estudiando, y sólo el 4% se dedicaba a oficios del hogar.

Sería ingenuo pensar que quienes dejaron de trabajar, o de buscar trabajo, ahora se dedican a estudiar. En el caso de las jóvenes, entre octubre y diciembre de 2008, 835.230 se retiraron del mercado laboral para dedicarse al trabajo doméstico no remunerado. Cifra que rebasa ampliamente al número de jóvenes hombres que dejaron de trabajar o de buscar trabajo para dedicarse a estudiar (632.432). Se expresa así una evidente inequidad de género en la concentración de mujeres en el trabajo doméstico no remunerado, que limita el desarrollo de los potenciales educativos y laborales de esta población, y lejos está de indicar una mejoría en sus condiciones de vida.

Tras el incremento de la inactividad juvenil puede esconderse el desánimo generalizado ante la falta de oportunidades, y lo que es peor: la posible vinculación a la ilegalidad mediante la delincuencia común, el narcotráfico o los grupos armados –en especial en los hombres del sector rural–, como última alternativa de subsistencia. Así lo sugiere el análisis de la senadora Cecilia López de Montaño, basada en información estadística del CID [2] y en el testimonio del Alan Jara, ex gobernador del Meta liberado por las FARC, quien dijo: “La guerrilla no está derrotada, en parte porque se nutre permanentemente de jóvenes [campesinos] que, ante la inexistencia de oportunidades reales, ven en la guerrilla su única posibilidad de vida” [3].

Propuestas para promover el trabajo decente en la juventud


Los últimos dos gobiernos han orientado la política laboral juvenil con énfasis en la empleabilidad, que contempla la capacitación y el emprendimiento como base para cualificar y vincular a la población joven al mercado laboral. Dentro de este esquema se incluye el programa de Aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, el Fondo Emprender y el Programa Jóvenes en Acción. Adicionalmente el gobierno ha propuesto un esquema de retención escolar mediante la formación de 250.000 jóvenes desempleados en el SENA.

Aunque la capacitación y el emprendimiento son importantes, la persistencia del desempleo juvenil muestra la insuficiencia de estas estrategias. En primer lugar, es necesario contar con un programa integral, que considere no sólo la demanda de empleo juvenil sino también la oferta. En cuanto a la demanda, un factor alarmante es la escasa cobertura de los programas mencionados. Por ejemplo, según la evaluación del programa Jóvenes en Acción contratada por el DNP en 2008, la población objeto de este programa eran jóvenes de 7 áreas metropolitanas del país de niveles de SISBEN 1 y 2, que suman 440.206 personas. Sin embargo, hasta la cuarta convocatoria del programa sólo se había formado un 18.5% de esa población (cerca de 81.623 jóvenes).

Pero incluso suponiendo que el programa pudiera extender su cobertura al total de la población objeto, la focalización de los recursos en esta fracción sigue siendo reducida en comparación con la cifra de 1´162.284 jóvenes desempleados a mayo de 2009. Además, deja en riesgo a las clases medias que hoy tienden a la extinción ante la polarización creciente de la sociedad entre ricos y pobres. Lo mismo sucede con la propuesta de “choque” contra el desempleo juvenil generado por la crisis, limitada a la escasa cifra de 250.000 cupos en el SENA.

Pero lo más grave es que el impacto de los programas de capacitación en la empleabilidad es bastante precario. En el caso de Jóvenes en Acción, la evaluación mencionada informa que tras la vinculación a este programa el aumento de la empleabilidad apenas alcanzó un 28% para las mujeres y 9% para los hombres.

Y en cuanto a la oferta, el gobierno nacional no cuenta con una estrategia de vinculación laboral juvenil que garantice el trabajo decente. Su principal programa de enganche, el de aprendices del SENA, no sólo impide la afiliación sindical sino que ofrece una compensación del 75% del salario mínimo, insuficiente para cubrir los gastos de personas que, a pesar de ser jóvenes, asumen responsabilidades adultas a edad temprana, especialmente en el caso de las mujeres. Según el Ministerio de la Protección Social, “dos de cada tres mujeres entre 19 y 22 años con un nivel muy bajo de riqueza, han tenido por lo menos un hijo”.

Lo mismo ocurre con la oferta de empleo juvenil en el sector privado. Es el caso de las cooperativas de trabajo asociado que desde 1997 vinculan a jóvenes entre 14 y 26 años como empacadores de supermercados. Estas cooperativas no sólo evaden el Código Sustantivo del Trabajo al considerar las propinas como salario, sino también al impedir la sindicalización. Además, vincula jóvenes que ya se encuentran estudiando, quienes representan sólo 3 de cada 10 jóvenes entre 18 y 25 años. O sea que excluye precisamente a la juventud que está por fuera del sistema educativo, la más vulnerable. En ambos casos, la oferta de empleo termina siendo un medio para disminuir costos de personal por la vía de la vinculación de jóvenes, a quienes se les considera más “baratos” por su falta de experiencia, especialmente cuando tienen bajo nivel educativo.

Frente a estas dificultades en la oferta de empleo juvenil, es necesaria una intervención estructural que incluya el trabajo decente como eje del desarrollo. Gobierno y empleadores deben asumir el trabajo bien remunerado, con cobertura de seguridad social y ejercicio de derechos sindicales, no como un gasto a reducir, sino como un instrumento para reactivar la economía. Un trabajador bien remunerado aumenta su consumo y al hacerlo dinamiza todos los sectores productivos. Si jóvenes como los aprendices del SENA o empacadores de supermercados contaran con salarios justos y contratos estables, se aumentaría su nivel de consumo y con ello la demanda que potencia el sector productivo.

También sería posible vincular a jóvenes excluidos del sistema educativo, para que a partir de sus ingresos pudieran estudiar y proyectar un ascenso laboral a mediano plazo. Esto supone cambiar la forma como se piensa el sujeto joven, pasando del enfoque reducido a la capacitación para el futuro, a un enfoque abierto que también contemple el trabajo decente como medio para lograr la educación, el desarrollo y la construcción de una sociedad más equitativa.

Notas

[1DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares. Información para el trimestre marzo-mayo, comparado entre 2008-2009.

[2Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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