Los líderes de la comunidad afrodescendiente de La Toma, en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, suroeste de Colombia, han sido amenazados por paramilitares mientras hacen campaña para poner fin a la minería ilegal en las tierras de la comunidad

Lunes 16 de febrero de 2015, por Amnistía Internacional

El 8 de febrero, Sabino Lucumi, presidente del Consejo Comunitario de la comunidad afrodescendiente de La Toma, recibió una amenaza de muerte por SMS. En ella se nombraba y se amenazaba también a Eduar Mina, coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Toma, a Jhon Jairo Valverde, su responsable de finanzas.

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El 8 de febrero, Sabino Lucumi, presidente del Consejo Comunitario de la comunidad afrodescendiente de La Toma, recibió una amenaza de muerte por SMS. En ella se nombraba y se amenazaba también a Eduar Mina, coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Toma, a Jhon Jairo Valverde, su responsable de finanzas, y a Francia Márquez, su representante legal. La amenaza, firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras, decía: "Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunida hacen quemar las maquinas ya sabemos como se mueven las cabezasy sus familia tenemos ordenes [sic] del sur del Valle Cauca [sic] de limpieza a los que cierran las vias [sic]".
Esta amenaza se ha producido después de varias amenazas de muerte realizadas en los últimos meses contra líderes comunitarios que han pedido a las autoridades nacionales y regionales que emprendan acciones para poner fin a la minería ilegal en La Toma y retiren las retroexcavadoras que los mineros están utilizando. La amenaza parece hacer referencia a la acción emprendida a finales de diciembre de 2014 por miembros de la comunidad de impedir que se utilizaran dos retroexcavadoras. Esas máquinas fueron confiscadas por las autoridades colombianas y, posteriormente, una de ellas fue destruida. La comunidad no sabe qué sucedió con la otra. Desde entonces, el número de retroexcavadoras en la zona ha aumentado. El mensaje también parece hacer referencia a una marcha desde Cauca hasta la capital, Bogotá, organizada por mujeres de La Toma a finales de noviembre de 2014 para reclamar al gobierno que emprenda acciones para poner fin a la minería ilegal.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por las personas amenazadas, e instando a las autoridades a brindarles de inmediato protección efectiva, incluida protección colectiva integral, de acuerdo con sus deseos y necesidades;
- pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
- recordándoles que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998;
- instando a las autoridades a emprender acciones contra las fuerzas paramilitares y a romper cualquier vínculo entre éstas y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU.

Durante el largo conflicto armado de Colombia, quienes han sufrido las peores consecuencias han sido los defensores y defensoras de los derechos humanos y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Todas las partes enfrentadas –de un lado, las fuerzas de seguridad, actuando solas o en connivencia con grupos paramilitares, y de otro, la guerrilla– son responsables de abusos y violaciones de derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, tales como homicidios, desapariciones forzadas o secuestros, tortura, desplazamiento forzado y delitos de violencia sexual.
A finales de noviembre de 2014, las mujeres de la comunidad afrodescendiente de La Toma, en el municipio de Suárez, organizaron una manifestación que incluía una marcha desde el departamento del Cauca hasta Bogotá. Protestaban por la presencia de retroexcavadoras mecánicas que realizaban trabajos de minería ilegal de oro en el territorio afrodescendiente. Reclamaban al gobierno que garantizara que se adoptaban medidas enérgicas para retirar la maquinaria, y que retirara una serie de concesiones de minería de oro otorgadas a intereses mineros nacionales e internacionales, de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional (del 14 de diciembre de 2010) que ordenaba la retirada de esas concesiones porque se habían otorgado sin un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Las mujeres pedían también que se tomaran medidas para garantizar la seguridad de los miembros y líderes de la comunidad.
En los últimos años, los líderes de La Toma han sufrido numerosas amenazas de muerte en el contexto de su campaña por el reconocimiento de los derechos territoriales de la comunidad y contra la presencia de empresas de minería de oro nacionales e internacionales en La Toma. El 11 de diciembre de 2014, el gobierno llegó a un acuerdo con la comunidad para emprender acciones, pero hasta el momento apenas se ha hecho nada para poner fin a la minería ilegal en La Toma. El 29 de diciembre de 2014, los miembros de la comunidad de La Toma interrumpieron el trabajo que los mineros estaban realizando con dos retroexcavadoras y contactaron con las autoridades colombianas, que confiscaron las máquinas y posteriormente destruyeron una de ellas. El 4 de enero de 2015 y en los días anteriores, se realizaron amenazas contra los líderes comunitarios Licifrey Ararat y Francia Márquez.
Nombre: Sabino Lucumi (h), Francia Márquez (m), Eduar Mina (h), Jhon Jairo Valverde (h), Licifrey Ararat (h), líderes de la comunidad afrodescendiente de La Toma
Sexo: Hombres y mujeres

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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