Manuel Cepeda Vargas, el último senador de la UP asesinado

Miércoles 23 de junio de 2010, por Fundación Manuel Cepeda

El 9 de agosto de 1994, Manuel Cepeda Vargas, senador elegido democráticamente para el periodo legislativo de 1994 a 1998, fue asesinado en el barrio Mandalay al occidente de Bogotá, cuando salía de su apartamento hacia el Capitolio Nacional para asistir a un debate sobre el Protocolo II de Ginebra que regula el Derecho Internacional Humanitario.

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Manuel Cepeda fue víctima del “Plan Golpe de Gracia’, estrategia criminal diseñada por altos mandos militares con el apoyo de grupos paramilitares para eliminar a todos los miembros del movimiento político UP[1]

La impunidad desde el inicio del genocidio, que ya para 1994 cobraba miles de víctimas entre activistas propios y militantes del partido comunista parecía garantizada. Por eso el 16 de diciembre de 1993, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ habían recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para que se declarara la responsabilidad del Estado Colombiano en el exterminio y persecución de los miembros de la UP por la participación directa de agentes estatales.

El 12 de marzo de 1997, mientras la justicia nacional evidenciaba falta de voluntad para investigar estos crímenes sistemáticos y masivos, e identificar a los perpetradores, la CIDH, mediante la adopción del Informe 05/974, admitía el caso colectivo con el número 11.227 sobre exterminio contra los miembros de la Unión Patriótica.

El Estado colombiano entonces se vio obligado a actuar. La Fiscalía abrió investigación contra Carlos y Héctor Castaño Gil, cabecillas de las AUC, como reos ausentes y vinculó a dos suboficiales del Ejército como presuntos asesinos del Senador Cepeda. La investigación fue radicada en la Unidad de Derechos Humanos de este organismo.

El 20 de octubre de 1997 se profirió resolución de acusación contra los suboficiales activos del Ejército adscritos a la Novena Brigada con sede en Neiva, Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador y contra José Luis Ferrero Arango, Edison Manuel Bustamante García, Carlos Castaño Gil y Héctor Castaño Gil, como coautores de homicidio agravado. La CIDH llamó a las partes buscar una solución amistosa sobre la base de que el Estado asumiera el compromiso de verdad, justicia y reparación y realizará esfuerzos para evitar que estos crímenes siguieran sucediendo.

Ese mismo año general del Ejército Rodolfo Herrera Luna, señalado de ser uno de los autores intelectuales del magnicidio, falleció de un infarto en 1997 cuando la Procuraduría General de la Nación definía su vinculación al proceso disciplinario que se seguía por la muerte del senador Cepeda.

Testigos y presuntos coautores materiales del asesinato de Cepeda Vargas fueron asesinados, y el principal testigo del caso fue amenazado y se retracto de sus declaraciones.

Finalmente, el 16 de diciembre de 1999, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a los agentes Zuñiga Labrador y Medina Camacho por homicidio agravado a 43 años de prisión. La pena no se cumplió y como se demostró tiempo después, desde su sitio de reclusión participaron en el asesinato del teniente José Simón Talero Suarez.

Los familiares del Senador Cepeda denunciaron estos hechos y los dos agentes fueron destituidos y trasladados a una prisión ordinaria. Iván Cepeda, el hijo del Senador Cepeda y su esposa fueron amenazados y tuvieron que recurrir al exilio en junio del 2000 para salvar sus vidas.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió, el 11 de noviembre de 2004, absolver al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, al considerar que su confesión, dada a conocer a través de un libro, no fue oportunamente allegada al proceso. Seis meses después se daba por terminada la búsqueda de solución amistosa entre las partes ante la CIDH, porque el gobierno se negó a cumplir con los acuerdos realizados.

El caso Manuel Cepeda, fue desglosado del proceso colectivo que se seguía ante la CIDH en el 2005 y dos años después, el Gobierno colombiano admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, su responsabilidad por acción y omisión en el asesinato del senador Cepeda. No obstante, el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 10 de diciembre de 2008, la sala Cuarta del Consejo de Estado condenó al Estado colombiano a indemnizar a la familia del Senador Cepeda por omisión en el crimen al no habérsele brindado las debidas medidas de protección. Iván Cepeda renunció a ésta indemnización argumentando que aún no se había revelado la identidad de los autores intelectuales, que la reparación integral no se había hecho efectiva, y que el Estado no había reconocido su responsabilidad por acción.
El 25 de enero de 2010 las partes fueron llamadas a audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de San José, Costa Rica. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el asesinato del Senador Cepeda.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte de este alto organismo el 25 de junio de 2010.


[1] En octubre de 1993 varios miembros de esta colectividad, entre ellos Manuel Cepeda, habían solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA medidas cautelares urgentes.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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