Masacres, precariedad en los resultados de la Fiscalía, la Procuraduría, y en la Ley 975, principales conclusiones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas

Jueves 24 de febrero de 2011, por Prensa - Colectivo

El aumento de las masacres en el año 2010, los sistemáticos homicidios, amenazas y acosos contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, y por la restitución de tierras, especialmente lideresas de grupos de mujeres, las persistentes muertes de sindicalistas, la judicialización y detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de derechos humanos que se fundamentan principalmente en declaraciones de informantes, desmovilizados o informes de inteligencia militar, sin contrastar con otras fuentes, y el uso de las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas, son algunas de las principales preocupaciones, presentadas hoy por la Oficina en Colombia, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, en su informe anual.

Víctimas del conflicto | Colombia |

El texto que se hará público ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 23 de marzo en Ginebra Suiza, minuciosamente presenta cifras y casos concretos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia, en el último año.

Particularmente le inquieta a la Oficina, el aumento en un 40% de masacres, diez cometidas en Córdoba en sólo ocho meses, en las que se evidencia una “clara y coherente ideología o intencionalidad política”, con terminología, parafernalia y modus operandi, propia de organizaciones paramilitares.

Igualmente manifiesta el informe, su intranquilidad, frente a la “precariedad en los resultados de las investigaciones penales adelantadas por la Fiscalía General de la Nación”, en especial las relacionadas con defensores de derechos humanos, y los bajos resultados de las investigaciones disciplinarias, de la Procuraduría.

Frente a las Ejecuciones Extrajudiciales, el informe, sostiene que “las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha, confirman que las denuncias no eran falsas, tal y como lo habían mencionado algunos políticos y militares”. La Fiscalía, en su Unidad Nacional de Derechos Humanos, investiga actualmente 1.488 casos con 2.547 víctimas, pero la oficina estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército, entre los años 2004 y 2008.

En este punto, el informe manifiesta, su profunda preocupación, frente a la continua negación de la comisión de ejecuciones extrajudiciales por algunos miembros de la fuerza pública. De tal manera, hace un llamado para que todos los casos en los que pudo haber violaciones de los derechos humanos se trasladen inmediatamente a la justicia ordinaria y que se revisen aquellos que fueron archivados por la Justicia Penal Militar sin una adecuada investigación.

Sobre la ley 975 de 2005, la Oficina sostiene que su progreso sigue siendo modesto. Menos del 54% de los procesados, que constituyen aproximadamente el 4,5% de todos los desmovilizados, ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres. “Aunque sus confesiones revelaron un número importante de homicidios, no permiten conocer plenamente la diversidad, el contexto y el carácter sistemático de los actos cometidos por las organizaciones paramilitares”
En este marco, la Oficina confirma además, la urgencia de mejorar las condiciones que permitan a las mujeres denunciar los actos de violencia, con seguridad y confianza. Según cifras de la Fiscalía, en el marco de la Ley 975, por ejemplo, de 51.616 hechos, solo se ha iniciado la confesión de 42 actos de violencia sexual.

El informe presentado por el Representante de la Oficina, Christian Salazar, así mismo dio a conocer su inquietud frente al hecho que la llamada “parapolítica” no ha desaparecido del nuevo Congreso. De los 268 congresistas electos, 13, que habían sido reelegidos, están siendo investigados penalmente por la Corte Suprema. Además, se han recibido informaciones de posibles casos de “testaferrato político” entre congresistas elegidos por primera vez y personas vinculadas a procesos de “parapolítica”.

La oficina, también destaco las numerosas denuncias recibidas por la oficina en Colombia de comunidades que alegan abusos especialmente del Ejército. La realización de “censos” y registros fotográficos de personas civiles que acuden a reuniones y que las colocan en riesgo, las presiones para que sirvan de informantes, las torturas a las que son sometidas, cuando son obligadas a firmar un acta de “buen trato”.

A lo que se le une, el registro de casos de tortura por miembros de la fuerza pública, maltratos que consistieron, entre otros, en golpes en varias partes del cuerpo, mediante puñetazos y patadas o con armas de dotación, así como descargas eléctricas, quemaduras, aspersión con gas pimienta y asfixia con bolsas de plástico.

Finalmente el informe enfatiza, que los derechos de las víctimas siguen sin ser plenamente satisfechos.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25 - Bogotá DC - Horario de Atención: Martes a Viernes, 2 a 5 pm - PBX: (571) 7421313 - FAX: (571) 2824270 - Apartado Aéreo: 33035