“NADIE PUEDE DEFENDER LA VIDA SIN AMAR Y NADIE PUEDE AMAR SIN REALMENTE DEFENDER LA VIDA”
(Colombia) (Organizaciones sociales)

Jueves 12 de octubre de 2006, por Prensa - Colectivo

En una muestra clara de exoneración de responsabilidades estatales, y por ende de mantenimiento de una política de impunidad acorde con sus pretensiones de ocultamiento de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Consejo de Estado resolvió en días pasados inadmitir un recurso de apelación contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, aplicando una ley que para la fecha no tiene vigencia.

En una muestra clara de exoneración de responsabilidades estatales, y por ende de mantenimiento de una política de impunidad acorde con sus pretensiones de ocultamiento de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Consejo de Estado resolvió en días pasados inadmitir un recurso de apelación contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, aplicando una ley que para la fecha no tiene vigencia.

Dicha sentencia declara improcedente una demanda de reparación interpuesta por los familiares del líder social y defensor de derechos humanos Josué Giraldo Cardona, asesinado en 1996 en Villavicencio, aduciendo que su muerte se produjo por su “exclusiva culpa”, a pesar de todos los evidentes antecedentes de riesgo, amenazas, hostigamientos y atentados que tuvo que enfrentar Josué y que el Estado no tuvo en cuenta, aún luego de sus denuncias.

Ese día, hace diez años, un domingo 13 de octubre, Josué fue asesinado por hombres armados de la estrategia militar encubierta cuando se encontraba en su hogar departiendo con su esposa, sus dos hijas menores y un abogado que lo acompañaba.

Acababa de llegar de asistir al 52º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra - Suiza - donde reclamó la implementación de medidas adecuadas y eficaces por parte de la comunidad internacional con miras a superar la grave situación humanitaria en Colombia. Así mismo ese año en el mes de febrero había denunciado el accionar y la estructuración del paramilitarismo en Colombia en el Parlamento Europeo.

Josué perteneció a la Juventud Comunista de Colombia - JUCO -, fue presidente por varios años del Consejo de la facultad de derecho, así como integrante del Concejo Académico y miembro de la Junta Directiva de la Universidad.

Radicado en Pensilvania (Caldas), respaldó el naciente partido político Unión Patriótica, convirtiéndose en uno de los líderes de ese movimiento, situación que le generó las primeras persecuciones, entre ellas, un atentado del que fue víctima el 13 de mayo de 1987, por parte de un grupo de paramilitares que operaban en la región.

Por esta razón se radicó luego en Villavicencio, donde ocupó el cargo de Juez de Ejecuciones Fiscales, bajo el temor de ser asesinado, ya que por esa época ya habían sido liquidadas figuras importantes de la U.P. en el departamento.

No obstante sus preocupaciones continúo con su trabajo como defensor de derechos humanos, ésta vez desde la Comisión de Justicia y Paz y del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, del cual fue fundador en 1991, desde donde denunció la grave situación de violencia del departamento.

Fue por este trabajo que a partir de 1995 se incrementaron las amenazas contra su vida, razón por la cual debió cerrar las oficinas del Comité y trasladarse a una oficina en Bogotá, donde buscó el apoyo y la solidaridad de organismos no gubernamentales e inició diálogos con entidades estatales en relación con la responsabilidad del Estado frente a lo situación que enfrentaban los defensores de derechos humanos.

Por estas constantes persecuciones y hostigamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó Medidas Cautelares que exigían al Estado Colombiano su protección y garantías para su labor como defensor.

Sin embargo las amenazas se recrudecieron en enero de 1996, lo que apresuro su salida temporal del país y que la Junta Directiva del Comité Cívico cerrara definitivamente su sede.

Fue precisamente a su llegada de este viaje, que Josué fue asesinado en presencia de su familia, a pocos días que el general Rodolfo Herrera Luna, comandante de la VII Brigada, expresara en un discurso público en el municipio de Mesetas (Meta) “Los defensores de los derechos humanos son como mensajeros de la guerrilla”.

Paradójicamente y a pesar de las evidencias que demostraban continuamente el interés por asesinarlo, hoy luego de 10 años de su muerte, el caso sigue en la impunidad. Sus familiares no han podido obtener justicia, ni verdad ni reparación.

Una de las últimas esperanzas que quedan es que el Consejo de Estado atienda un recurso de súplica ordinario, para que circunscriba sus actuaciones en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en consecuencia, contribuya al cumplimiento de las obligaciones que el Estado ha adquirido a nivel internacional.

Entre tanto se obtiene el pronunciamiento del Consejo; familiares, amigos, organizaciones sociales nacionales e internacionales, rendirán a Josué el próximo 13 de octubre un homenaje en Villavicencio inspirados en su legado.

La conmemoración que será precedida por un acto ecuménico, se llevará a cabo en las instalaciones del Parque de la Vida de la Caja de Compensación Familiar del Meta - COFREM y contará con la presencia de Carlos Lozano, director del semanario Voz, Soraya Gutiérrez miembro del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Iván Cepeda de la Fundación Manuel Cepeda Vargas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo.

Simultáneamente se expondrá una galeria de la memoria y se cerrara el acto con un evento cultural.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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