¿Para quiénes legislan?
Por Soraya Gutiérrez Argüello (*)

Miércoles 17 de julio de 2019, por Soraya Gutiérrez Argüello - Presidenta del Cajar

Las presiones económicas siguen pesando a la hora de legislar en Colombia. Acaba de ocurrir en la reciente legislatura, cuando se quedaron por fuera varios proyectos de ley que apuntan a mejorar las condiciones de vida de la gente.

Abusos de las transnacionales |

Aunque la derrota de los proyectos anticorrupción ha sido la más visible, también hay que destacar el hundimiento del proyecto de ley 214, que establecía medidas contra la obesidad y que incluía acciones como etiquetado frontal de advertencia en envases de bebidas azucaradas y en empaques de comestibles ultraprocesados con información clara y cierta sobre los riesgos para la salud. El proyecto también incluía restricciones a la publicidad de productos que sobrepasaran límites no saludables y la promoción de entornos saludables en escuelas y colegios.

El mencionado proyecto de ley iba dirigido especialmente a favorecer a niñas, niños y adolescentes, para lo que no tendrían que existir excusas de ninguna índole. Como mamá que soy pensaba que este era un tema que debía contar con un respaldo unánime y sin condiciones. Pero para la mayoría de congresistas colombianos parece que sí hay una larga lista de peros. Por eso, un proyecto de este calibre solo tuvo una oportunidad de debate en la Comisión VII de Cámara y en el último segundo de la legislatura, cuando no tenía opción de sobrevivir.

No era otra cosa que ponerle freno a las llamadas Enfermedades No Transmisibles, como la diabetes, que guardan una estrecha relación con la obesidad por el consumo de ciertas bebidas y comestibles, hecho comprobado por centros de investigación y alertado por entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Se sabe, por ejemplo, que solo en el 2016 en América Latina y el Caribe fallecieron 1,9 millones de personas por enfermedades relacionadas con las condiciones de alimentación, según esos mismos organismos.

El proyecto 214 debió enfrentar la oposición de la misma industria, que sin duda, metió las narices en la intimidad de la discusión. Por ejemplo, en vísperas del debate, la Andi hizo público un comunicado en el cual, en uno de sus apartados, condenaba la presión de organizaciones contra los congresistas para que votaran a favor del proyecto. Como si fuera indebido movilizarse para garantizarles la salud a nuestros niños y niñas. Las organizaciones de la sociedad civil que han buscado que se apliquen estas medidas han priorizado el bienestar de los colombianos por encima del interés particular. Es un elemental compromiso ético.

A la mayoría de los congresistas de la Comisión VII de la Cámara les molestó que la gente participara desde diferentes escenarios para lograr la aprobación del proyecto original. Tal molestia es un gesto antidemocrático para un asunto de la cotidianidad de las familias colombianas, como si estuvieran legislando para otro país.

De ahí que en la apertura del debate el tema central no fue el propósito del proyecto, sino las supuestas presiones de la sociedad civil. Como ‘matoneo’ calificó Jairo Cristancho (Centro Democrático), presidente de la Comisión VII de la Cámara, a la libre y democrática participación ciudadana, y se fue por las ramas en lugar de debatir el proyecto de ley.

Se puede decir que en la Comisión VII el proyecto tuvo más detractores que defensores a la hora de la verdad y que estuvo expuesto a una estrategia de dilación permanente. Incluso el representante Jairo Humberto Cristo Correa (Cambio Radical), el coordinador ponente, le hizo cambios al proyecto original, al punto de proponer una comisión en la que inexplicablemente tuviera presencia la industria para que, después de aprobada la ley, se sentara a discutir la manera de etiquetar los productos.

Colombia tiene que legislar sobre ese tipo de bebidas y de comestibles, como se hace en otras partes del mundo de manera eficaz y donde la industria no ha sufrido ni por disminución de ingresos, ni por la pérdida del empleo. Las organizaciones de la sociedad civil seguirán promoviendo una ley que interprete lo que debe ser una política pública contra la obesidad, las enfermedades no transmisibles y sus consecuencias. Esperamos que los legisladores piensen más en la infancia y en el país, y menos en sus intereses o en los bolsillos de quienes patrocinan sus campañas políticas.

(*) Presidenta del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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