Preocupaciones de 142 organizaciones sobre la JEP y defensoras/es llegan a la CPI

Jueves 30 de noviembre de 2017, por Prensa - Colectivo

Al término de esta acción, la primera de varias que se han anunciado dentro del litigio internacional para salvar el acuerdo de paz y exigir que se cumpla lo pactado, Luis Guillermo Pérez agregó: “La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, puede salvar vidas en nuestro país e incluso blindar el proceso de paz si en Colombia continúan los asesinatos y se sigue exponiendo la vida de los promotores de la paz”

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Como parte del equipo de litigio estratégico internacional ante maniobras que buscan la impunidad de máximos responsables en la Justicia Especial para la Paz, JEP, los abogados defensores de derechos humanos Soraya Gutiérrez Argüello y Luis Guillermo Pérez, en representación de 142 organizaciones sociales y personalidades, junto con Andreas Schuller, del European Center for Constitutional and human rights –ECCHR (Centro Europero para los Derechos Humanos y Constitucionales) se reunieron con representantes de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos.

Durante la reunión, la delegada y los delegados solicitaron a la Fiscalía de la CPI que investigue a empresarios promotores del paramilitarismo y de crímenes de lesa humanidad. De la misma manera a agentes estatales no militares que han sido responsables de crímenes de lesa humanidad por acción u omisión y que no serán juzgados en la JEP, según quedó previsto en el Acto legislativo 01 de 2017 que dio vida al este mecanismo de justicia transicional.

“Nos hemos reunido con un equipo responsable de examinar la situación de Colombia para presentarle la carta firmada por 142 organizaciones donde manifestamos las preocupaciones en relación con la JEP donde se petende dejar por fuera a altos mandos, agentes del Estado, civiles y terceros” señaló Soraya Gutiérrez al término del encuentro. “Las decisiones que ha tomado el Congreso colombiano, con responsabilidad también del gobierno y la Corte Constitucional, limitan las posibilidades de acceso a la justicia de las víctimas frente a crímenes de guerra y lesa humanidad en los que civiles y autoridades distintas a militares y policías han tenido responsabilidad” agregó Luis Guillermo Pérez.

En la reunión, “también denunciamos cómo se quiere impedir la participación de los defensores de derechos humanos en la Justicia Especial para la paz, JEP” comentó Pérez. Esto en relación con las inhabilidades previstas en la Ley estatutaria de la JEP que fueron votadas ayer en la Cámara de Representantes y hoy pasan al Senado de la República.

En el encuentro con la CPI, de igual forma pidieron que se reconozca la sistematicidad de los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y se investigue a los determinadores de dichos crímenes que aún no son investigados en Colombia. “Manifestamos preocupaciones sobre la falta de voluntad de Fiscalía General de la Nación para superar impunidad en casos de persecución a líderes sociales”, expresó al respecto Soraya Gutiérrez.

Esto como antesala a una comunicación que será presentada formalmente por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, y el ECCHR, en el mes de marzo de 2018. Al respecto Andreas Schüller afirmó: “Creemos que es muy importante que la Corte Penal Internacional, CPI, incluya el tema de la violencia contra los defensores de derechos humanos en su agenda para asegurar la protección de su trabajo”.

De igual manera, la delegación insistió en que se abra una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque durante sus ocho años de mandato la inteligencia ilegal y persecución contra defensoras y defensores se convirtió en una política de Estado, orquestada desde el alto Gobierno a través de las acciones criminales del DAS, que sigue en la impunidad.

Al término de esta acción, la primera de varias que se han anunciado dentro del litigio internacional para salvar el acuerdo de paz y exigir que se cumpla lo pactado, Luis Guillermo Pérez agregó: “La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, puede salvar vidas en nuestro país e incluso blindar el proceso de paz si en Colombia continúan los asesinatos y se sigue exponiendo la vida de los promotores de la paz”

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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