Primero de Mayo: decenas de miles se pronuncian en toda Colombia contra resultados del gobierno de Uribe
(Colombia) (Autor: EL TURBION )

abril de 2006, por Prensa - Colectivo

Las principales ciudades colombianas vivieron este Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, una de las más grandes jornadas de protesta que se hayan visto en los últimos años en el país andino. Se calcula que, aproximadamente, medio millón de personas participó de las manifestaciones que se pronunciaron en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, del constante clima de criminalización que se vive en todo el país debido a la política de seguridad del actual gobierno y de las pretensiones de Uribe Vélez de mantenerse en el poder otro cuatrenio, luego de los resultados que han tenido sus políticas sobre el pueblo colombiano.

Las multitudinarias movilizaciones, caracterizadas por una interesante variedad de consignas y de organizaciones participantes, demostraron una mayor organización y creatividad de parte de quienes las integraron que en años anteriores y permitieron observar un ambiente unitario en el conjunto de actividades programadas, en su rechazo unánime al autoritario gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el mayoritario apoyo de las organizaciones populares y sindicales a la candidatura de Carlos Gaviria Díaz a la presidencia.

Calles abarrotadas por la oposición al régimen colombiano:

Las principales movilizaciones se vivieron en Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Pasto y, por supuesto, Bogotá, donde se promedia, de acuerdo a diversas versiones, que participaron unas 100.000 personas en una larga marcha que colmó unos 4 kilómetros de la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar, sede de las principales instituciones del poder estatal.

“Hay que destacar la presencia de quienes conformamos las organizaciones políticas, los sindicalistas, los jóvenes, los estudiantes, los desempleados, las amas de casa, los jubilados y todos y todas los que nos oponemos a que nuestro país se siga entregando a los intereses de los gringos, los que no queremos que, con la reelección, Uribe haga lo que le dé la gana con el país y los que queremos construir una alternativa de poder que brinde una solución real a problemas como la miseria, el desempleo, el desplazamiento y la guerra”, explicó a uno de nuestros reporteros Alba Nury*, una de las dirigentes sindicales de Sintraemsdes que caminaba, megáfono en mano, por el centro de la capital.

Precisamente, la diversidad política fue un aspecto que marcó, definitivamente, las marchas, donde se destacaron las columnas de las distintas organizaciones políticas de izquierda, de los partidos políticos de tendencia comunista, de jóvenes punks y skinheads, del bloque negro de los jóvenes anarquistas, de los estudiantes de universidades públicas y privadas y la gigantesca columna amarilla del Polo Democrático Alternativo (PDA), que caminaron hombro con hombro y se tomaron unidas las calles bogotanas.

“Nos estamos empezando a mover en un ambiente en el que van desapareciendo el sectarismo y el grupismo, gracias a la creciente necesidad de unidad de los sectores democráticos, de izquierda y revolucionarios que nos ha impuesto la arremetida del régimen fascista contra el pueblo: nuestras diferencias internas no pueden seguir siendo un obstáculo para que el pueblo pueda luchar por una sociedad distinta”, señaló Ángela Marcela*, activista del MODEP, al analizar el colorido de la Marcha.

Belisario*, quien repartía volantes del PDA, compartió con nuestro equipo periodístico que “hay un enfoque generalizado para irse en contra de la reelección, contra el TLC y también para promover un acuerdo humanitario debido a los problemas que ha dejado hasta el momento la administración de Uribe”.

El rechazo al TLC, a las privatizaciones y los despidos masivos en las empresas del Estado -que, durante el último cuatrenio, habrían dejado a unos 30.000 trabajadores sin empleo y un detrimento patrimonial incuantificable para los colombianos-, al desmonte de las garantías laborales y al recorte de salarios y pensiones -propuesto por un estudio conjunto del Banco Mundial y el gobierno colombiano-, fueron agitadas como banderas de las principales centrales sindicales del país: CUT, CTC, CGT y CPC, quienes se retiraron el pasado 19 de abril de la Comisión Nacional de Concertación con el gobierno, dadas las últimas medidas adoptadas por éste contra los trabajadores y por los recientes escándalos en que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de seguridad dependiente directamente de la Presidencia de la República, se ha visto involucrado en casos de corrupción, fraude electoral, montajes y asesinatos políticos que abren nuevamente el debate sobre la subyacente relación de actual gobierno colombiano con las mafias paramilitares y el supuestamente extinto Cartel de Medellín.

“No podemos aceptar que un presidente que sólo piensa en trabajar por el beneficio de los más ricos, que bendice la impunidad de los jefes paramilitares con la Ley de Justicia y Paz, que protege a grandes narcotraficantes como supuestos criminales políticos -en el caso de alias Jorge 40-, que elimina a opositores como Jaime Gómez, que intenta justificar con su propaganda crímenes como el genocidio de la Unión Patriótica, que ha privatizado más hospitales que ningún otro y que ha sumido a miles y miles de colombianos en la pobreza sea reelegido y se perpetúe en el poder”, señaló Pablo, miembro de una de las organizaciones de víctimas de los crímenes de Estado, en comunicación con nuestra sala de redacción.

Al indagar a Rafael*, compañero de la marcha, sobre el bloque al que pertenecía y sus razones para participar, nos respondió: “realmente, no es que pertenezca a algún bloque, aquí el único bloque que debemos tener es contra el imperialismo norteamericano y sus agentes, como lo son Álvaro Uribe ‘balas’ y sus secuaces, que se han apoderado de la presidencia a través de fraudes, como los que se vienen comprobando, no solamente por los 300.000 votos sino también por [...] los paramilitares, que obligaron a las comunidades a votar por él, que en ese entonces era el candidato y que apenas salía con el 5%, pero que, extrañamente subió en las encuestas”.

De forma determinante, estos factores han influido en la oposición de las organizaciones de izquierda y los movimientos sociales a la candidatura de Uribe Vélez a un segundo periodo en la presidencia. Mientras coreaban “si derrotamos el referendo, derrotaremos la reelección”, los manifestantes evocaban el fracaso de Uribe al intentar, en octubre de 2003, imponer en las urnas una serie de reformas constitucionales y legislativas que debilitaban el sector público y limitaban los derechos de los colombianos, habiéndolas impuesto el Ejecutivo, de facto y en relativo silencio, a través de su agenda legislativa del último año y medio.

De otra parte, un importante sector de las organizaciones participantes coincidió en la convocatoria a la gran movilización que se espera para el próximo 15 de mayo en todo el país y que cuenta como adscribientes a las principales organizaciones de indígenas, de afrodescendientes, de campesinos y de trabajadores del país en contra del proyecto uribista y del recorte a los derechos y libertades conquistados por el pueblo colombiano.

Oposición en medio de la represión:

Otro elemento especialmente importante al analizar las movilizaciones es el rechazo a la creciente criminalización que se está viviendo en el país, a los asesinatos contra los opositores del actual gobierno y a la creciente impunidad que rodea a los crímenes del terror de Estado en Colombia.

Hace exactamente un año, durante las movilizaciones del Primero de Mayo en Bogotá, fue asesinado el joven Nicolás Neira Álvarez, de 15 años de edad, al haber recibido una golpiza por parte de 6 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía, que le causó la muerte por trauma encéfalo craneal luego de una agonía de 5 días en los que su familia fue hostigada constantemente por agentes de inteligencia.

Justo en la esquina en la que éste joven fue brutalmente asesinado, en la Carrera Séptima con calle 18 de Bogotá, centenares de jóvenes lanzaron a la opinión pública la campaña por el desmonte de este cuerpo represivo, denunciando que ésta es sólo la más representativa de las muertes que ha causado, en los últimos años, su accionar contra las protestas pacíficas de la población. Acompañando las denuncias sobre la muerte de Nicolás se escuchaban por el lugar los nombres de Carlos Giovanny Blanco, estudiante de la Universidad Nacional asesinado por un impacto de bala policial en su pecho en noviembre de 2001; Johnny Silva Aranguren, estudiante de la Universidad del Valle muerto por un impacto de bala policial recibido en su nuca durante una protesta contra el TLC en septiembre de 2005; Marcos Antonio Soto, líder indígena chamí muerto por paro cardiaco en medio de la asfixia que le provocaron los gases lacrimógenos disparados contra la minga indígena en Risaralda de octubre de 2005; Belisario Camayo Guetoto, joven indígena de 16 años muerto por impacto de bala policial en su rostro durante la ocupación indígena de la hacienda El Japio en noviembre de 2005; y Óscar Salas, comunicador alternativo y estudiante de la Universidad Distrital asesinado por impacto de un objeto esférico que aparentemente se incrustó en su cerebro con el impacto de una granada de gas lacrimógeno que impactó uno de sus ojos durante una protesta en la Universidad Nacional de Bogotá el pasado 8 de marzo, que fueron recordados por los participantes en la campaña.

“Estamos exigiendo que se desmonte de inmediato el Esmad porque, desde su creación, ha agredido, golpeado, maltratado y asesinado a muchas personas y porque su sola presencia es seña de un clima de terror contra los jóvenes, quienes hemos sido los que más hemos padecido la represión y los crímenes que se mantienen impunes [...] ha pasado un año y no se ha avanzado un milímetro para dar con los que mataron a Nicolás”, señaló Jaime*, uno de los participantes en las actividades de esta campaña.

En cercanía de la Plaza de Bolívar, Alberto*, miembro del PCC nos expone algunos de sus motivos para hacer presencia en este acto: “marcho porque veo la necesidad de hacerlo: si no lo hiciéramos estaríamos negando nuestra propia existencia. Vengo del campo porque nos echaron y asesinaron a mis padres y abuelos, entonces también por esto lo hago”.

Así mismo, los manifestantes denunciaron el uso de la judicialización, el despido masivo, el desplazamiento, las amenazas y el asesinato como formas de silenciar opositores. Estos hechos, de acuerdo a las organizaciones de defensores de derechos humanos participantes en la movilización y al Movimiento Nacional de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad, se han agudizado con las actuaciones del actual gobierno que no sólo habría “legalizado el accionar de los grupos paramilitares tras una falsa desmovilización”, con la puesta en marcha de la llamada Ley de Justicia y Paz, sino que estaría empleando a miembros de estos grupos, financiados por dineros del tráfico de estupefacientes, para hacer el ‘trabajo sucio’ de los intereses dominantes en el país, como lo revelaron los recientes escándalos en los que se ha visto envuelto el DAS y el propio presidente de la República.

En este mismo sentido, miles de personas rechazaron los asesinatos del historiador Jaime Enrique Gómez, ex presidente del sindicato de la telefonía de Bogotá y miembro del equipo de campaña de Piedad Córdoba, cuyo cuerpo destrozado fue hallado hace una semana en avanzado estado de descomposición luego de un mes de haber desaparecido misteriosamente; de Liliana Gaviria, hermana del director del Partido Liberal, asesinada en los últimos días en un supuesto intento de secuestro; y de Higinio Baquero, miembro del Partido Comunista Colombiano asesinado hace dos semanas en un transporte público de Bogotá.

Varios reportes de prensa y de los propios manifestantes llamaron la atención sobre la presencia de miembros del Batallón Guardia Presidencial del ejército, desplegado en varios tramos de la marcha por orden presidencial, hecho novedoso no sólo por lo exagerado de la medida sino por el excesivo armamento de los soldados y por que algunos miembros de esta unidad militar se habían apostado en los techos de la Alcaldía de Bogotá y del Palacio de Justicia para filmar a quienes participaban de las marchas. En el recorrido de las movilizaciones sólo se presentó un incidente violento menor cuando un grupo de agentes de la fuerza disponible, de quienes se sospecha que realmente eran miembros del Esmad vestidos con otro uniforme, lanzaron una bomba de dispersión y arremetieron contra un grupo de estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional para tratar de dispersar la movilización, sin lograrlo, dado que los últimos no respondieron a la provocación y se reagruparon para continuar la marcha.

La gran franja amarilla:

Sin duda, el grupo que más llamó la atención durante el Día de los Trabajadores, fue el conformado por los miembros y simpatizantes del Polo Democrático Alternativo. Las camisetas, banderas, pancartas, globos, gorras y afiches que publicitaban la candidatura de Carlos Gaviria Díaz por el PDA inundaban todo lo que era posible ver de un amarillo interminable que se extendía por toda la séptima.

El propio candidato Gaviria, acompañado por una fuerte escolta y por parlamentarios y concejales del PDA como Wilson Borja, Gustavo Petro, Germán Navas Talero y Bruno Díaz, encabezó la marcha del PDA hasta la Plaza de Bolívar, donde la multitud expectante escuchó su intervención y le aclamó como candidato único de la oposición para enfrentar las intenciones reeleccionistas de Uribe.

Allí, Gaviria Díaz aseguró que las sucesivas reformas laborales han sumido a los trabajadores en una situación que calificó de “insoportable e indigna”, producto “de la degradación y del deterioro del trabajo que ha sido promovido por el régimen actual”, y que, de ser electo el próximo 28 de mayo o en la segunda vuelta de junio, su primer acto de gobierno sería “promover la derogación de la ley de flexibilización laboral que les quitó a los trabajadores los ingresos a que tenían derecho por remuneración en días festivos, dominicales, y horas extras diurnas y nocturnas”.

Adicionalmente, Gaviria señaló, ante una concurrencia que abarrotaba la Plaza de Bolívar y sus alrededores y mientras la mitad de la marcha aún estaba empezando el recorrido, que no se pueden seguir permitiendo los constantes asesinatos de sindicalistas colombianos, más de 340 durante el actual gobierno, y que en Colombia “no sólo se atenta contra la vida y la seguridad de los líderes sindicales, sino que se está acabando el sindicalismo por la vía de acabar la relación laboral". Demostrando la clara relación entre la represión violenta y la implantación de las formas de contratación que flexibilizan la vinculación laboral, rompiendo el vínculo entre los trabajadores y las empresas a través de formas de contratación temporales e indignas.

“¿Cómo es que los demócratas vamos a permitir que la propuesta autocrática de Uribe se prolongue en el tiempo?”, preguntó a la concurrencia el candidato presidencial del PDA, señalando que la propuesta que plantea al pueblo colombiano es “precisamente, que vamos a gobernar con los trabajadores”.

Agregó, concluyendo su intervención, que “en cuatro semanas vamos a dar la sorpresa: vamos a derrotar al presidente Uribe en la primera vuelta, y vamos a hacerlo [...] con todos los discriminados, con todos los que han sido marginados de los beneficios sociales. Vamos a construir, entre nosotros, la sociedad que no conocemos: la sociedad democrática que requiere, precisamente, de la unidad de todos los que estamos comprometidos con un cambio sustancial de la sociedad colombiana”. Exhortó a los presentes a “iniciar una hermosa marcha por la democracia colombiana y el primer paso significativo lo vamos a dar el 28 de mayo”.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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