Que no vuelva la guerra. Se imponen la ética de la vida y la paz
X SOS por la paz, por la vida y las garantías de no repetición

Miércoles 7 de febrero de 2018, por Prensa - Colectivo

El fin del cese bilateral y posterior recrudecimiento de la confrontación armada entre las Fuerzas Militares y el ELN nos han devuelto a épocas donde los atentados a la infraestructura, los ataques a estaciones de policía y los bombardeos indiscriminados con afectaciones a la población civil eran noticia periódica.

Paz | Paz y Derechos Humanos | Abusos de la Fuerza Pública | Abusos de la Policía | Abusos del Ejército | Cárceles | Detención arbitraria | Paramilitarismo |

...Nos han regresado al pasado, cuando hoy se imponen la paz y la ética de la vida. Es imperativo el cese al fuego bilateral y definitivo para retomar el rumbo y recuperar la confianza en los diálogos de paz.

Para despejar el camino de la paz también es urgente detener el exterminio contra líderes sociales y avanzar en la implementación total del Acuerdo suscrito entre el gobierno y las Farc. Hoy se hace evidente la operación tortuga que siguió al fast track en temas cruciales como el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, o la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, UBPD, en la cual tienen fundadas sus expectativas miles de víctimas y que, en mucho, puede contribuir a la concreción de la paz territorial y las garantías de no repetición. (1)

Los retrasos e incumplimientos en materia de implementación también son el principal factor de riesgo para los excombatientes, así como para líderes sociales que se dedican a promover en sus territorios la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito. Los esfuerzos económicos y políticos que se invirtieron en la guerra deben reorientarse al desarrollo de este punto crucial.

Y es necesario que los mecanismos del Acuerdo de Paz diseñados para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares o herederas del paramilitarismo, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, comiencen a producir resultados, y que exista una política de investigación judicial más allá de las capturas de los autores materiales de los hechos.

Los hechos del periodo

En total, entre el 4 de diciembre y el 2 de febrero de este año, periodo del actual SOS, registramos 77 hechos victimizantes entre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado, con 678 víctimas.

El total de los hechos de los que recibimos denuncia tuvieron lugar en 21 de los 30 departamentos del país y los más golpeados fueron Arauca, Antioquia, Putumayo, Chocó, Santander, mientras que por número de víctimas el departamento más golpeado fue Chocó, seguido de Atlántico y Arauca.

Como hechos del conflicto armado donde se cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario registramos 2, con 553 víctimas identificadas, 500 de ellas desplazadas como consecuencia del bombardeo contra el ELN en el resguardo indígena Chagpien Tordó en Litoral de San Juan en Chocó. Aún se desconoce el número total de víctimas civiles y combatientes de esta acción, y sólo se tiene noticia de la niña de 16 años que resultó herida y que murió recientemente. También el ataque de la guerrilla del ELN contra la estación en Barranquilla que dejó cinco policías muertos y 47 heridos entre civiles y miembros de la fuerza pública.

En relación con graves violaciones a los derechos humanos, se presentaron 72 hechos con 125 víctimas individuales y colectivas (comunidades u organizaciones) la mayoría de ellos homicidios: 36 que cobraron la vida de 46 personas, seguidos de amenazas: 11 con 29 víctimas. Igualmente, recibimos 8 denuncias de hostigamientos, 7 de abusos de la Fuerza Pública, 3 de ellos en cárceles por parte de miembros del Inpec, 5 atentados, 2 de presencia paramilitar, un secuestro, un desplazamiento en Putumayo y un asalto al transporte público en Remedios, Antioquia.

Campesinas, campesinos y pobladores han sido víctimas de 8 homicidios, 3 abusos de la Fuerza pública contra campesinos en Santander y Antioquia, 1 atentado contra un testigo de ejecución extrajudicial en Cali, Valle del Cauca. Así mismo registramos el secuestro de un funcionario de una empresa contratista de Ecopetrol en Arauca por desconocidos.

También los excombatientes siguen siendo blancos de ataques. En el periodo recibimos la denuncia de 4 homicidios contra integrantes de las Farc, 3 de ellos en hechos que involucran a la ELN, un atentado, 1 amenaza y 1 hostigamiento a una sede de esta agrupación política en el Chocó.

La situación de líderes y lideresas sociales

Las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideras sociales y sindicales, siguen siendo el principal blanco de ataques que en el periodo del presente SOS llegaron a 37, 21 de ellos homicidios, en promedio uno cada tres días. De igual forma tres atentados contra los líderes sociales Germán Graciano Posso, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, María Cecilia Lozano, lideresa de víctimas de Mapiripán, Meta, y Arley Velasco integrante de Fensuagro en Putumayo.

En el caso de Germán Graciano, aunque la Comunidad de Paz logró detener a los responsables y entregarlos a las autoridades, un juzgado de Apartadó decidió dejarlos en libertad agravando la situación de riesgo que viven sus integrantes por la constante presencia paramilitar.

En el caso de Arley Velasco, posteriormente a su atentado, el 5 de diciembre y ante las constantes amenazas, 28 personas integrantes de las familias del Sindicato de Trabajadores Campesinos del cordón fronterizo del Putumayo, Sincafromayo, en la vereda el Progreso, Puerto Asís, se vieron forzadas a desplazarse.

Del total de las 11 amenazas, 10 se dirigieron contra líderes sociales y sindicales, una de ellas contra el escolta de Huber Ballesteros. Es de destacar la situación de grave riesgo del defensor de derechos humanos Fernando Quijano quien ha denunciado la presencia de cárteles mexicanos en Medellín y sus nexos con grupos paramilitares.

De los 8 hostigamientos, 7 se dirigieron contra defensoras o defensores, entre ellos un robo de equipos contra integrantes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Fcspp, y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, mientras participaban en un evento sobre protesta social en Bogotá.

Sin duda, estos ataques contra líderes sociales y todos los documentados por diversas fuentes constituyen crímenes de lesa humanidad. Como hemos alertado desde nuestro primer SOS en marzo de 2016, se trata de hechos sistemáticos, es decir como consecuencia de un plan aún por develar, y generalizados, o sea dirigidos contra un número considerable de personas, dos de los requisitos para que un crimen sea declarado de lesa humanidad. Adicionalmente, se trata de ataques dirigidos contra un grupo específico de la sociedad y que son de conocimiento pleno de las autoridades que siguen en la impunidad a pesar de algunos avances significativos. Según cifras de la Fiscalía, de los 101 líderes y lideresas asesinadas en 2016 y lo corrido de 2017, hay ocho casos donde los autores están pagando pena, 42 casos en juicio y 20 con órdenes de captura vigentes.

Pero para detener esta matanza definituvamente es necesario que el Estado reconozca las características y magnitud del problema, que se cuente con un sistema de información oficial y coordinación entre las entidades, que envíe mensajes contundentes en materia de justicia frente a los determinadores de los asesinatos, y se elimine del discurso oficial el lenguaje negacionista y ofensivo contra las víctimas. Urgen, de igual manera, los resultados de la investigación de contextos anunciada recientemente por la Fiscalía, que develen los intereses detrás de los homicidios y logre desarticularlos:

¿Qué relación guarda la disputa entre la megaminería, la minería ilegal y la minería artesanal con el asesinato de líderes en Cauca o Risaralda? ¿Qué papel juegan Los intereses económicos en el puerto de Buenaventura en el homicidio de líderes sociales como Temístocles Machado? ¿Quiénes son los enemigos de la sustitución de cultivos voluntaria y concertada que atacan a líderes en Valle y Cauca? ¿Cómo la disputa por la propiedad en el Cauca atraviesa los asesinatos de líderes indígenas en su ejercicio de liberación de la madre tierra? ¿Cómo la priorización de Arauca como zona Zidres se entrecruza con el conflicto armado y los poderes locales para recrudecer la guerra en esta zona? ¿Qué ha logrado establecer la Fiscalía sobre las denuncias del defensor Fernando Quijano de que carteles mexicanos estarían haciendo presencia en Antioquia y financiando a grupos paramilitares? ¿Qué intereses económicos legales e ilegales mantienen la presencia paramilitar que asedia a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?

Las trayectorias de nuestra violencia sociopolítica no admiten que estas y otras preguntas sobre el contexto queden sin formularse para esclarecer los crímenes en busca de garantías de no repetición. Para construir una paz estable y duradera se requieren mínimas condiciones de debate democrático y participación ciudadana. Las discusiones sobre el modelo de desarrollo basado en el extractivismo y sus graves impactos, la problemática de los cultivos de uso ilícito o el proceso de paz, no se pueden seguir resolviendo acallando las voces de quienes las asumen desde la población civil y los territorios.


1. Sólo un ejemplo muestra la urgencia de buscar a las y los desaparecidos como garantía de verdad y no repetición y es el del cañón del río Cauca donde un número indeterminado no inferior a 300 víctimas podrían quedar enterradas por la inundación de la represa de Hidroituango si esta no se aplaza y se emprende un plan de búsqueda urgente.

Anexo con hechos del periodo.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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