Reclamantes de Urabá se reunieron con el Gobierno para pedir agilidad en la restitución

Lunes 13 de abril de 2015, por Agencia de Prensa IPC

En Urabá no avanza la restitución de tierras y las reclamaciones implican un gran riesgo y peligro para los despojados. Allá hay una soledad enorme del campesinado que está casi solo frente a todos los poderes públicos y privados. Creo que lo de Pretelt —el magistrado de la Corte Constitucional que enfrenta un escándalo por corrupción y fue acusado de compra ilegal de tierras en Urabá— es apenas la punta del iceberg de todo el tema de impunidad que ha rodeado esta crisis humanitaria desde hace unos años.

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Una delegación de nueve reclamantes de tierras en Urabá, departamento de Antioquia, se reunió con el Gobierno Nacional, luego de que un grupo de campesinos se concentrara en la Hacienda Monteverde, municipio de Turbo, para protestar por la ineficacia de la restitución de tierras en esa región. El Gobierno se comprometió a agilizar los procesos, a mejorar las condiciones de seguridad y a investigar las agresiones contra las víctimas.

La reunión, realizada el viernes 10 de abril de 2015 en la ciudad de Bogotá, estuvo encabezada por el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera Flórez, y contó con la presencia de representantes de la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad Nacional de Protección, la Policía y la Superintendencia de Notariado y Registro.

Los principales compromisos del Gobierno, según el presidente de la asociación de víctimas reclamantes Tierra y Paz, Carlos Páez, consisten en: “generar un plan de acción rápida sobre los predios que se están reclamando en Urabá; buscar la forma de incluir a Urabá en la Estrategia 20-15 —presentada el 7 de abril por el presidente Juan Manuel Santos con el propósito de agilizar la restitución en 9 departamentos—; y revisar la implementación de los esquemas de protección individual a reclamantes así como la implementación de esquemas de protección colectiva.”

De igual forma, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos se comprometió a hablar con el Ministerio de Defensa, para conocer el detalle de los conceptos sobre micro focalización; y con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, para gestionar asistencia humanitaria a todos los asentamientos de retornados y para mirar los avances en temas de registro y rutas de atención a los despojados. El seguimiento de todos estos acuerdos fue asumido directamente por la Oficina del Alto Consejero Presidencial para los DDHH.

Dicha consejería también se comprometió a denunciar directamente ante la Fiscalía los hechos de violencia contra las víctimas, ocurridos el 06 de abril de 2015 cuando unos 500 reclamantes que se dirigían hacia la finca Monteverde, corregimiento Nuevo Oriente en la vereda Villa Rosa de Turbo, fueron interceptados por hombres armados con rifles de paintball, tábanos eléctricos, gases pimienta, palos y machetes, quienes les causaron lesiones a cinco campesinos. Agreden a reclamantes en Urabá, en la semana por la solidaridad con las víctimas

El encuentro con el Gobierno estuvo acompañado por representantes de la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), quienes sirvieron como garantes del proceso. Para Martha Peña Duque, coordinadora del proyecto de apoyo a víctimas del IPC, lo que viene ocurriendo con la restitución de tierras en Urabá “evidencia un problema muy grave y es que en la región de Urabá no parece existir la voluntad del Estado colombiano para cumplirle a las víctimas de despojo.”

De acuerdo con Peña Duque, “en Urabá no avanza la restitución de tierras y las reclamaciones implican un gran riesgo y peligro para los despojados. Allá hay una soledad enorme del campesinado que está casi solo frente a todos los poderes públicos y privados. Creo que lo de Pretelt —el magistrado de la Corte Constitucional que enfrenta un escándalo por corrupción y fue acusado de compra ilegal de tierras en Urabá— es apenas la punta del iceberg de todo el tema de impunidad que ha rodeado esta crisis humanitaria desde hace unos años.”

Reclamantes quieren esperar la restitución en los predios

“Los campesinos necesitamos la tierra porque la verdad estamos sufriendo, porque la tierra produce la comida y nosotros no tenemos donde sembrar para obtener comida.” De esta manera se expresó Laureano Gómez, uno de los reclamantes que se reunió con el Gobierno Nacional para expresar su inconformidad por la lentitud en los procesos de restitución en Urabá.

El labriego que reclama un predio en la vereda Nueva Esperanza, cuyos terrenos hoy hacen parte de la Hacienda Moteverde, afirmó que ante las dilaciones con la devolución de predios los reclamantes han decidido permanecer concentrados en las afueras de la finca mientras se resuelven los procesos de restitución o el Gobierno da una solución de fondo a su problemática.

“Nos han dicho que tenemos que esperar el proceso [de restitución], pero si lo esperamos, lo hacemos dentro de la finca, no sea que nosotros los dueños originales estemos fuera de la finca y los opositores estén dentro”, exclamó el campesino.

Laureano Gómez aseguró que en Urabá las víctimas no son escuchadas por las autoridades. “Ni policía ni fiscalía nos atienden, ellos están parcializados. (…) El doctor Cesar Acosta, encargado de la oficina de restitución de tierras —en la región— no nos atiende, vamos donde él y nos dice cualquier cosa favoreciendo siempre a los victimarios.”

Según el reclamante, el director territorial de la Unidad de Restitución ha sostenido reuniones con miembros de la familia Moreno, opositora del proceso de devolución de predios en la hacienda Monteverde, corregimiento Nuevo Oriente de Turbo, donde 28 familias reclaman propiedades que les habrían sido despojadas entre 1996 y 1997. “Entonces si el victimario se sienta con el que está defendiendo los intereses de nosotros, ¿qué hay de nosotros?”, se pregunta Laureano.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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