Pronunciamiento
“Séptimo Día” tergiversó, manipuló y falseó información sobre actuación de Cajar en el caso Masacre de Caloto o del Nilo

Miércoles 5 de agosto de 2015

A pesar de que el Cajar presentó al programa Séptimo Día, toda la información disponible acerca de los pagos, éste señaló falsamente que los montos de las indemnizaciones a los familiares de las victimas superaron los $20.000.000.000 (20 mil millones de pesos), de los cuales el CAJAR se habría quedado con $6.000.000.000 (Seis mil millones de pesos) El Cajar suministró a la periodista del programa Séptimo Día, la información en la que consta que la indemnización por la masacre de Caloto o Nilo no superó los $1.977.000.000 (mil novecientos setenta y siete millones de pesos M/Cte.) para el conjunto de los familiares de las víctimas demandantes, conforme las sentencias y resoluciones proferidas por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Frente al Informe del programa Séptimo Día de Caracol Televisión, titulado “Desarmonización: La Flecha del conflicto”, emitido en sus dos primeras partes los días 26 de julio y 3 de agosto de 2015, expresamos a la Opinión Pública lo siguiente:

Este informe periodístico hace parte de una estrategia de difamación y persecución contra pueblos indígenas, los cuales han sido sometidos a un proceso de exterminio físico y cultural durante siglos, que los ha convertido en uno de los grupos más vulnerables y marginados del país, condición que exige un deber especial de protección para la salvaguarda, respeto y garantía de sus derechos fundamentales individuales y colectivos.

El capítulo en cuestión constituye un claro ejemplo de abuso del poder mediático. El enfoque del programa es racista, discriminatorio, estigmatizador, fomenta el odio e incita a la violencia y la exclusión en contra de los pueblos indígenas y en particular contra el pueblo Nasa, que ha sido señalado por la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009) como uno de los 34 pueblos indígenas en Colombia en alto riesgo de extinción física y cultural. La tergiversación de la información presentada a la opinión pública profundiza los niveles de riesgo tal y como lo han expresado el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN (1) y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (2).

En el mismo programa se hacen afirmaciones injuriosas y calumniosas sobre la actuación del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, en relación con el acompañamiento integral que ha realizado frente a los hechos conocidos como la “Masacre de Caloto o masacre del Nilo”, perpetrada el 16 de diciembre de 1991, en la que fueron asesinados 20 indígenas Nasa del resguardo de Huellas, por una alianza de terratenientes, narcotraficantes e integrantes de la Fuerza Pública.

El Cajar presentó a la investigadora enviada por el programa Séptimo Día toda la información en la que constaba el acompañamiento integral que la institución ha realizado durante más de 24 años para superar la impunidad por este crimen, lo que ha implicado la representación judicial en Jurisdicción Penal Militar, Justicia Penal Ordinaria, Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Procuraduría General de la Nación y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así como en actividades de formación, protección y fortalecimiento organizativo e incidencia, las cuales han sido adelantadas en apoyo y coordinación con CRIC y la ACIN.

Después de 24 años de perpetrados los hechos se logró demostrar la responsabilidad del Estado colombiano tanto en los procesos de la jurisdicción interna como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Ante este organismo, se buscó una solución amistosa, acuerdos en los que el Estado se comprometió a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de la masacre. Fracasada la conciliación por incumplimiento de los acuerdos, la CIDH profirió el Informe 36/00 en el que se recogen los acuerdos alcanzados y se ordena al Estado colombiano la investigación de los responsables, así como la indemnización de las víctimas.

Como resultado de este trabajo, hoy están acusados ante la justicia el General de la Policía (r) Fabio Alejandro Castañeda Mateus y el Mayor Jorge Enrique Durán Argüelles, por los delitos de homicidio múltiple agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública y daño en bien ajeno.
El tendencioso programa omite esta información y se concentra en las indemnizaciones supuestamente recibidas por las víctimas, con cifras falsas e interpretación manipulada de las órdenes de tribunales nacionales e internacionales.

En relación con los procesos adelantados ante la jurisdicción contencioso administrativa, el Estado Colombiano en cabeza del Ministerio de Defensa - Policía Nacional manifestó a la CIDH su voluntad de adelantar trámites conciliatorios para la indemnización de los familiares de las víctimas. Asimismo, producto de la incidencia, el Estado colombiano promulgó la Ley 288 de 1996, que establece instrumentos para la indemnización a víctimas de graves violaciones a derechos humanos en virtud de decisiones de órganos internacionales de protección.

En el marco de los procesos de conciliación tanto en la justicia ordinaria, como en el procedimiento de la ley 288/96, el Cajar representó a 139 familiares de las 20 víctimas asesinadas. Los jueces ordenaron indemnizaciones conforme a los criterios jurisprudenciales de la época y entre el año 2000 y 2004 el, Ministerio de Defensa - Policía Nacional ordenó mediante resoluciones el pago de dichas indemnizaciones, las cuales fueron canceladas a todos y cada uno de los familiares que representamos en estos mismos años.

Frente a 19 familiares demandantes la Policía Nacional no accedió a la conciliación, razón por la cual el proceso judicial siguió su trámite ordinario, y después de 22 años de presentadas las demandas, el Consejo de Estado en decisión de segunda instancia de26 de junio del 2014, ordenó a la Policía Nacional el pago de las respectivas indemnizaciones.

En esta misma decisión se condenó al General retirado Fabio Alejandro Castañeda Mateus y Mayor Jorge Enrique Durán Arguelles, a reintegrar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional el 40% el valor de las condenas reconocidas a favor de los demandantes, así como medidas satisfacción consistentes en que el Ministro de Defensa debe poner en conocimiento del Presidente de la República el sentido de la sentencia y el Informe No. 036 del 13 de abril/2000 de la CIDH con el fin que el Consejo de Ministros analice y evalúe el grado de cumplimiento de los acuerdos de reparación colectiva celebrados entre las autoridades del pueblo Nasa del Norte del Cauca y el Gobierno Nacional, los cuales incluyen la adquisición y adjudicación de tierras en favor del pueblo Nasa y la puesta en marcha de planes de desarrollo alternativo, decisión judicial que hasta la fecha no ha sido cumplida.

El Informe periodístico de Séptimo Día descontextualizó las declaraciones del Presidente y la Directora Ejecutiva del Cajar, impidiendo que la audiencia conociera las explicaciones suficientes y rigurosas que recibió la periodista sobre el proceso que ha llevado el Cajar durante 24 años en trabajo coordinado con el CRIC y la ACIN, velando siempre por los intereses de las víctimas y buscando la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de hechos como los ocurridos en el resguardo de Huellas municipio de Caloto.

A pesar de que el Cajar presentó al programa Séptimo Día, toda la información disponible acerca de los pagos, éste señaló falsamente que los montos de las indemnizaciones a los familiares de las victimas superaron los $20.000.000.000 (20 mil millones de pesos), de los cuales el CAJAR se habría quedado con $6.000.000.000 (Seis mil millones de pesos) El Cajar suministró a la periodista del programa Séptimo Día, la información en la que consta que la indemnización por la masacre de Caloto o Nilo no superó los $1.977.000.000 (mil novecientos setenta y siete millones de pesos M/Cte.) para el conjunto de los familiares de las víctimas demandantes, conforme las sentencias y resoluciones proferidas por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

A lo largo de 24 años, el Colectivo de Abogados recibió como aporte por sus servicios profesionales el 30% de las indemnizaciones recibidas, inferior porcentaje al estándar establecido por el Colegio Nacional de Abogados, entidad encargada por el Ministerio de Justicia de regular estas tarifas. Este porcentaje en gran medida se ha reinvertido en el acompañamiento jurídico del caso. Es de señalar que a ninguno de los familiares de las víctimas ni a las organizaciones indígenas se les ha solicitado cifra adicional por los gastos que ha demandado el litigio nacional e internacional, formación, incidencia y protección, en más de dos décadas de trabajo.

Es decir que el Cajar recibió un aporte aproximado de seiscientos millones de pesos ($600.000.000.), cifra que al dividirla en los 24 años que completa el litigio y acompañamiento integral y los 139 familiares representados, corresponden a un pago de alrededor de $16.000 pesos mensuales por cada persona representada en todos y cada uno de los procesos judiciales, los cuales hoy continuamos acompañando dado que actuamos en el juicio que se adelanta actualmente en la ciudad de Popayán en contra del General retirado Castañeda Mateus y el Mayor Durán Arguelles. Es necesario aclarar que esta cifra no fue sometida a un análisis sobre la variación de la inflación a lo largo de estos 24 años, y se calculó con base en el monto total de las resoluciones de distintos años ya citadas. Esta información debió dar lugar para que dicho programa reconociera que las acusaciones contra el Cajar no tenían fundamento alguno.

La cifra de $20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos) que se citó en el programa Séptimo Día como total de la indemnización por este caso corresponde a un dato falso, tergiversado y mal intencionado con el objeto de afectar nuestro buen nombre y reputación, y hacer creer a la opinión pública que Cajar habría recibido altas sumas de dinero y los familiares de las víctimas no. Como fuente de dicha cifra, la periodista se basó en la resolución 00458 de 2001 que corrige la resolución 03853 del mismo año, emitida por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por $19.807.786.285,80 (Diecinueve mil ochocientos siete millones, setecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos con ochenta centavos) correspondientes al total de indemnizaciones que le correspondían a esta entidad por hechos victimizantes para la vigencia de ese año.

De la lectura de dicha resolución, se deduce claramente que para la vigencia 2001sólo había un monto destinado a algunos de los familiares de la masacre de Caloto por la suma de $471’614.893,72 (Cuatrocientos setenta y un millones, seiscientos catorce mil ochocientos noventa y tres pesos con setenta y dos centavos.)

Cabe resaltar también que todos los poderes otorgados por los familiares de las víctimas y presentados por el Cajar a lo largo de su trabajo de litigio en este caso fueron reconocidos por tribunales nacionales e internacionales. Cada uno de estos poderes, fueron dados a conocer a la periodista de Séptimo Día, quien también hizo caso omiso de esta prueba en la presentación de su informe.

Obedeciendo al principio de responsabilidad de los medios de comunicación frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas y defensores de derechos humanos y atendiendo a la información tergiversada presentada por el programa Séptimo Día de Caracol Televisión sobre la actuación del Cajar en el Caso Caloto, solicitamos se garantice el derecho de réplica y rectificación correspondientes, y manifestamos que iniciaremos las acciones judiciales correspondientes contra el Director del programa y las periodistas responsables de esta investigación.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” exige responsabilidad a los medios de comunicación y en particular a Caracol Televisión y su programa Séptimo Día, frente a la manera de abordar informativamente situaciones que se presentan al interior de las comunidades indígenas, pero que en manera alguna pueden generalizarse, descontextualizarse y manipularse con información falsa para deslegitimar sus procesos organizativos para la exigibilidad de derechos.

Llamamos la atención igualmente, sobre la campaña de difamación y desprestigio en contra de defensores que agrava la situación de riesgo tanto de los pueblos indígenas, sus organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos. Hacemos responsables a Caracol Televisión por los hechos de agresión que se han venido presentado después de emitidos estos programas.

P.-S.

1.Continúa estrategia de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas de Colombia:http://www.cric-colombia.org/portal/continua-estrategia-de-exterminio-fisico-y-cultural-contra-los-pueblos-indigenas-de-colombia/
2. Desinformación: Estrategia Neocolonial y Xenofóbica en contra de los Pueblos Indígenas
http://www.colectivodeabogados.org/noticias/noticias-nacionales/article/desinformacion-estrategia

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25 - Bogotá DC - Horario de Atención: Martes a Viernes, 2 a 5 pm - PBX: (571) 7421313 - FAX: (571) 2824270 - Apartado Aéreo: 33035