Suspenden orden de captura contra Coronel retirado de la Policía involucrado en masacre de Barrancabermeja

Lunes 9 de abril de 2018, por Prensa - Colectivo

El juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de la ciudad de Bucaramanga suspendió la orden de captura que pesaba contra el Coronel Joaquín Correa López, acusado de coautor de la masacre de Barrancabermeja cometida por paramilitares en mayo de 1998.

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Esta decisión se sustentó en el Decreto 706 de 2017 que, en el marco del Acuerdo de Paz con las Farc, permite suspender órdenes de captura y medidas de aseguramiento de militares involucrados en hechos relacionados de manera indirecta o indirecta con el conflicto armado. Este tratamiento especial es el equivalente a la amnistía e indultos otorgadas a integrantes de la antigua guerrilla de las Farc.

Para acceder a este beneficio, el coronel llamado a juicio por los delitos de homicidio agravado y desaparición múltiple agravada, tendrá que comparecer ante el juzgado y firmar un acta de compromiso mediante la cual se somete a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde deberá contribuir con la verdad y la justicia en este caso. Es importante recordar que su postura hasta hoy ha sido negar su participación en todos los crímenes por tanto un cambio de actitud de su parte debería hacerse expreso al suscribir el acta de compromiso con la JEP.

Cabe recordar que el coronel ha estado prófugo durante todo el desarrollo del proceso por esta masacre donde al menos 32 jóvenes fueron asesinados y desaparecidos -actuando en alianza con integrantes de la fuerza pública- por la estructura paramilitar, Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, Ausac, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

A pesar de haber obtenido el beneficio, el coronel apeló la decisión para solicitar que su caso sea traslado a Bogotá. El Coronel retirado sustentó su petición argumentando que reside en la ciudad de Bogotá, aduciendo razones económicas y de salud. También requirió que se amplíe el término a diez días para presentarse a suscribir el acta acorde a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

El Juzgado negó estas peticiones y señaló que el plazo establecido inicialmente es razonable que está obligado a presentarse en Bucaramanga “si es su real intención acogerse a dicha jurisdicción y no continuar evadiendo la justicia”. También encontró que no hay mérito para que invoque falta de recursos económicos.

La solicitud de Correa López se realizó el pasado 20 de marzo del presente año, es decir hace más de 18 días, y el término se prorrogó hasta que se resolviera el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal. Ante este hecho, el abogado del caso Eduardo Carreño Wilches expresó su preocupación en términos de los derechos de las víctimas de la masacre, cuestionando sobre cuánto tiempo más se prorrogará el requisito de comparecencia si este depende del trámite del recurso de apelación, situación preocupante tratándose de una persona prófuga de la justicia.

El abogado defensor de derechos humanos también recordó que víctimas y organizaciones “hemos hecho cuestionamientos al decreto 706 de 2017 que desconoce los derechos de las víctimas, al ir más allá e incluso contradecir la Ley de Amnistía e Indulto, 1820 de 2016, que fijaba el requisito de haber estado al menos cinco años en prisión para acceder al beneficio de la libertad transitoria, anticipada y condicionada".

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -Cajar, junto con otras organizaciones de derechos humanos y víctimas, presentó una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional en relación con este decreto al contemplar que no establece el derecho a la información ni la posibilidad de participación e intervención de las víctimas o sus representantes, ni siquiera tratándose de crímenes internacionales que serían de competencia de la JEP como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, genocidio, sobre los cuales el Decreto no establece excepciones.

Una masacre en la impunidad

El 16 de mayo de 1998, paramilitares de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC, en asocio criminal con integrantes del Ejército, la Policía Nacional y el DAS, incursionaron en los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia, ubicados en la zona suroriental del municipio de Barrancabermeja, Santander, a bordo de varios vehículos en los cuales procedieron a subir por la fuerza e intimidando con sus armas, a las personas que eran señaladas por los informantes que los acompañaban, de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Quienes no acataban la orden de eran asesinados en el mismo lugar. Una de las víctimas en presencia de su familia.

Aún hoy se desconoce el número exacto de las personas desaparecidas, pero en los expedientes se registran 25, y otras 7 asesinadas. Hasta la fecha han sido hallados 10 cuerpos de las víctimas y 8 han sido identificados y entregados a sus familiares. Por estos hechos han sido condenados los paramilitares Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’; Fremio Sánchez, alias "Comandante Esteban"; Joaquín Morales, alias ‘Danlio’; Alexander Gutiérrez, alias "Picúa" o “Giovanny Franco”; Hermes Anaya Gutiérrez, alias “Chicala”; Javier Fernando Pumarejo Martínez, alias “Sandy”; Ovidio Sánchez Martínez y Jorge Anaya Gutiérrez alias “Ronald” o “El zorro”.

Según se ha logrado establecer en el proceso, esta masacre fue ordenada por Guillermo Cristancho Acosta, alias Camilo Morantes, quien fungía como comandante paramilitar, asesinado el 11 de noviembre de 1999, año y medio después de la masacre de Barrancabermeja, por orden de Carlos Castaño, entonces jefe máximo de las AUC. Por otra parte, el paramilitar Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, ex comandante del bloque Central Bolívar de las AUC, reconoció ante justicia y paz que sus hombres mataron a 32 personas en Barrancabermeja y dijo que se trató de un error, porque habían sido señaladas por un informante de ser colaboradoras de la guerrilla.

También ha sido llamado a juicio el capitán retirado del Ejército José Eduardo González Sánchez, quien se desempeñaba como subjefe de seguridad de Ecopetrol, quien había sido el enlace entre las autodefensas y la Fuerza Pública. Junto con Correa López y González Sánchez, enfrentan juicio el mayor retirado Oswaldo Prada Escobar y los tenientes retirados John Héctor Guzmán y Antonio Enrique Daza Camargo.

A pesar de estos avances, después de 20 años de ocurridos los hechos, la masacre sigue en la impunidad. El abogado denunció las maniobras dilatorias que han tenido lugar durante el juicio, como por ejemplo el aplazamiento reciente de la audiencia para práctica probatoria, programada para el pasado 21 de marzo, que no se realizó al no asistir la abogada defensora de Correa López.

Por ello, la representación de la parte civil solicitó al despacho que se tomen medidas reales para garantizar el comienzo del juicio por esta masacre, iniciado en el mes de julio de 2016, y recordó al juzgado que los defensores tienen facultades para sustituir, nombrar suplentes con el fin de garantizar la defensa de sus representados y que el despacho puede nombrar defensores de oficio.

Además, que puede iniciar la práctica de pruebas sin la presencia de los sindicados o de sus defensores según el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal. Finalmente, manifestó que la práctica reiterada y sistemática de la dilación de procesos por parte de los defensores y sus defendidos, no puede ser promovida o consentida por la administración de justicia, pues se violan de forma notoria y evidente los derechos de las víctimas.

Asesinados
Pedro Julio Rondón, Germán León Quintero, Eliezer Javier Jaramillo Orozco, Neir Enrique Guzmán, Luis Jesús Argüello, José Javier Jaramillo y Diomidio Hernández.

Detenidos - desaparecidos
Juan De Jesús Valdivieso, Orlando Martínez, Jaime Yesid Peña, José Octavio Osorio, Wilfredo Pérez Serna, José Milton Cañas, Diego Fernando Ochoa, María Alejandra Ochoa, Giovanni Herrera, Oswaldo Henrique Vásquez, Ender González Bahena, Libardo Londoño, Robert Wells Gordillo, José Reinel Campos, Fernando Landínez, Garri De Jesús Pinedo, Óscar Leonel Barrera, Juan Carlos Rodríguez, Luis Fernández Suárez, Ricky Nelson García, Wilson Pacheco, Daniel Campos, Carlos Escobar, Melquisedec Salamanca Quintero Y Carlos Alaix Prada.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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