Texto de acompañamiento al fallo fumigaciones

Miércoles 15 de junio de 2005, por Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

Acompañamiento al fallo que suspende provisionalmente las fumigaciones

En Colombia se han venido utilizando químicos para la erradicación e los llamados “cultivos ilícitos” desde hace más de veinte años, sin que de hecho, el Estado colombiano haya verificado el impacto de su uso tanto a nivel ambiental como de salud humana.

El mes pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo histórico en el que ordenó la suspensión de las fumigaciones hasta tanto se diera cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental impuesto por el Ministerio del Medio Ambiente a la Dirección Nacional de Estupefacientes (Resolución 1065 de 2001) y se realizaran los estudios que determinaran el efecto de la mezcla con la que se fumiga actualmente en la salud de todos los colombianos.

Inmediatamente, el gobierno nacional anunció que las fumigaciones no serían suspendidas, por lo menos, hasta terminar la actual administración (2006), lo que significa su entera oposición al fallo del tribunal. Esta actitud, demuestra la posición del gobierno frente a los compromisos adquiridos a raíz del Plan Colombia, de los que se extrae la directriz que impera actualmente: que la única forma aceptable de erradicar estos cultivos es la fumigación aérea.

Sin embargo, esta política no es aceptable, y vamos a ver porqué:

1. El método de erradicación aérea de cultivos no ha sido nunca, un método eficaz de control de los cultivos de uso ilícito. Partamos de hechos simples: ni siquiera existe un método de detección de cultivos confiable, y entre diversos métodos tiene a haber grandes diferencias en las estadísticas de las que se habla.

2. Actualmente la erradicación aérea tiene como fin el de atacar las finanzas de los grupos armados que se lucran alrededor de este negocio, lo que se traduce en que las fumigaciones son, en realidad, un arma de guerra, método militarista que se suma a los otros que ha traído consigo el Plan Colombia. En este sentido es directamente un arma de exterminio contra las comunidades que habitan en las zonas que tienen presencia de estos cultivos.

3. La erradicación aérea tiene más costos que beneficios, mientras el gobierno asegura que la erradicación manual es imposible debido a que es “antieconómica” por el alto costo de los jornales que supondría tal labor, y que además es inviable, dado el estado del orden público en las zonas a erradicar, lo cierto es que erradicar por vía aérea cada hectárea de coca significa costos escandalosos que benefician principalmente a la industria química y bélica norteamericanas [1].

4. Pese a que se ha querido invisibilizar a las víctimas de la erradicación aérea y hoy el gobierno desdeña los impactos en la salud de las personas que han sido fumigadas, lo cierto es que existen, son reales, y son las mismas que están siendo estigmatizadas por un aparato de justicia que privilegia su persecución y no la de los grandes capos del narcotráfico. Son ellas mismas las que han denunciado la terrible emergencia alimentaria a la que se ven sometidos luego de ser fumigada su economía campesina, y coincidencialmente, son las misas que son exterminadas por los grupos paramilitares.

5 Por demás, no debemos olvidar que las fumigaciones no son infalibles, las más de seis mil quejas que reposan en la defensoría del Pueblo, y que hablan de los daños a cultivos, pastos, fuentes hídricas, semovientes, etc., no pueden ser el resultado de una alucinación colectiva.

Es por todo lo anterior que los colombianos deben apoyar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, primero en cuanto a su legitimidad, pues defender y fallar conforme a los derechos colectivos no puede ser interpretado de manera perversas como una defensa del narcotráfico, sino más bien como desarrollo de la Constitución de 1191.

De igual manera, la actuación de los demandantes y coadyuvantes y todos aquellos que participaron aportando con su experiencia y sus estudios específicos al material probatorio que demostró los riesgos y perjuicios de la mezcla con la que se asperjan debe ser respetada y valorada en armonía con los principios de participación ciudadana y solidaridad social que también están en la carta del 91.

Ellos, al igual que las víctimas de esta práctica macabra, no deben ser estigmatizados, ni ser víctimas de la paranoia terrorista que pretende imponer el actual gobierno. Defender los derechos humanos de practicas violatorias como ésta, no significa adhesión a ningún grupo armado ni mafia, y ser campesino, indígena, afrodescendiente, mujer o niño víctima de las fumigaciones, significa pertenecer a este o aquel grupo o tener intereses delictivos.

Ahora, cuando el proceso va para el Consejo de Estado, donde se dirá la última palabra de esta controversia, debemos exigir la autonomía e imparcialidad de la rama judicial frente a las presiones que ejercerá el gobierno y que en el mismo caso ya ha realizado (recordemos la desafiante carta del ministro Londoño a la Corte Constitucional cuando se decidía la tutela de los pueblos indígenas contra las fumigaciones). 

Si usted o su organización tienen información o estudios que den cuenta de los daños que ocasionan las fumigaciones, o quiere solidarizarse con las víctimas de esta práctica, contáctenos, y súmese a esta campaña contra las fumigaciones, pero sobre todo, contra su terrible sustento: el Plan Colombia.

 

Notas

1.“Según la Contraloría General de la República erradicar una sola hectárea de hoja de coca vale en promedio 500 dólares (…) trabajan (las avionetas T65), escoltadas por cinco helicópteros . La hora de vuelo de un Black Hawk vale 1.200 dólares; la de un 2123 o un Huey, unos 800, y las de las T65, 250 dólares. La hora que pasó en el aire la escuadrilla costó 5.300 dólares. A los pilotos de las avionetas y a los pilotos, copilotos y artilleros de los helicópteros, hay que sumar los 12 comandos “Jungla”, entrenados en un costoso programa porque SAS, la fuerza elite británica, que cuidan de la seguridad cuando haya que bajar a tierra. “En total son 34 o 35 hombres, a los que hay que pagar salario, alimentar y dar alojamiento”, dicen en la base, añadiendo que en tierra, otras 60 o 70 personas acompañan cada misión, entre “mezcladores” que cargan 350 galones del químico en cada avioneta, mecánicos, tanqueadores, encargados de tarjetas de vuelo, jefes y otros. En total, cada hora de fumigación desde esta pequeña base involucra 100 hombres. (…) Volar cuesta, pero acabar definitivamente una hectárea vale mucho más. (…l) En el 2001 a nivel nacional, s e fumigaron 98.000. Todo un récord en superficie y en metálico, pues significa que desde los cielos de Colombia llovieron 52.2 millones de dólares. Semejante esfuerzo arrojó la celebrada disminución de 18.482 hectáreas en la superficie total de coca cultivada. Es decir, se fumigaron casi 100.000 para obtener una reducción de casi 20.000, según las cuentas oficiales (…) ”. En El Tiempo. “Los costos de las fumigaciones aéreas sobre los cultivos ilícitos”. Octubre 12 de 2002. (regresar)

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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