Comunicado a la opinión pública
Un modelo de desarrollo para el despojo
A propósito del Primer Encuentro del Sistema Nacional Ambiental que reúne en Bogotá a todas las autoridades ambientales del país

Lunes 13 de julio de 2015

Por todas esas razones, rechazamos el Plan Nacional de Desarrollo y todas las políticas basadas en la extracción de la naturaleza para beneficio de unos pocos. Consideramos que el PND y los Tratados de Libre Comercio que viabiliza las inversiones trasnacionales, son herramientas para la profundización de un modelo que no genera las condiciones necesarias para la paz en el país. Antes bien la minería, el petróleo, las hidroeléctricas y los agronegocios han mostrado ser una imposición para privatizar la vida, destruir los ecosistemas, arrasar la soberanía de los pueblos e incrementar la criminalización y las amenazas a nuestras organizaciones.

Derecho a un ambiente sano | Destrucción ambiental | Abusos de las transnacionales |

9 de julio de 2015

Habitantes de las ciudades, campesinos, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, procesos, organizaciones sociales, movimientos artísticos, urbanos, rurales y pueblos de páramos, ríos, humedales y de la montaña repudiamos y denunciamos la arremetida del modelo de desarrollo extractivo contra los territorios colombianos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. La política minero-energética de explotación de la naturaleza ha implicado criminalización de nuestros líderes y liderezas, despojo a las comunidades, contaminación y exclusión de las decisiones que se toman sobre nuestras vidas y territorios. Durante las últimas semanas el modelo extractivo se ha profundizado, queriéndose imponer en nuestras regiones con graves repercusiones sociales y ambientales:

En el municipio de Tasco -Boyacá las comunidades desde hace 20 días han decidido acampar pacíficamente en contra de la empresa minera Minas Paz del Río -Votorantim- que pretende reabrir la mina de hierro El Banco, en la zona de amortiguamiento del Páramo de Pisba y en donde antes fueron destruidos más de 20 nacientes de agua. Esta empresa no ha asumido los pasivos ambientales y sociales históricos que ha dejado Acerías Paz del Río en la región.

En el Departamento del Huila se autorizó el llenado de la represa El Quimbo sin el cumplimiento de las obligaciones económicas, sociales, ambientales y culturales establecidas en la Licencia Ambiental, y con el beneplácito de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Hoy se encuentra en suspensión preventiva hasta que no se resuelvan los temas de la licencia ambiental y los diferentes incumplimientos por parte de Emgesa. No obstante, estas actuaciones por parte de la autoridad nacional demuestran la exclusión de las comunidades en la toma de decisiones sobre el territorio, y el siempre prevaleciente interés corporativo.
En la región del Sumapaz, en donde se encuentra el páramo más importante del país, se viene avanzando con los contratos de exploración y explotación petrolera, minera y construcción de hidroeléctricas.

Este modelo de desarrollo desconoce la importancia de estos territorios como esenciales en la producción agrícola y de agua para el centro del país. En particular, en el municipio de San Bernardo, las comunidades han denunciado las irregularidades en el accionar de la empresa Alange Energy en su pretensión de iniciar procesos de perforación en la región.

En el municipio de Valparaíso, en Caquetá, la semana pasada fueron desalojadas las comunidades campesinas que se encontraban en manifestación pacífica para proteger la biodiversidad y las fuentes hídricas de su territorio, frente a la implementación del proyecto petrolero Bloque El Nogal concesionado a la empresa Emerald Energy. La incursión del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- dejó como resultado diez heridos y dos personas detenidas.

En el departamento del Tolima, diversas organizaciones y comités han expresado de forma artística, pedagógica y cultural sus expresiones en defensa del territorio y rechazo al proyecto mega-minero La Colosa, consesionado a la transnacional Anglo Gold Ashanti, ya que se convierte en un riesgo para el equilibrio ecosistémico natural de la región del Sur del Tolima. Sin embargo, durante los últimos días han denunciado un sin número de amenazas sobre los lideres, liderezas y al movimiento ambiental.

Estos son tan solo algunos ejemplos de miles de conflictos socio-ambientales que estamos viviendo en el territorio nacional. Hemos constatado que estos proyectos de inversión generan destrucción de los territorios, contaminación, despojo de tierras, violencia y conflictos sociales ante la mirada pasiva de las autoridades del Estado quienes no intervienen, ni controlan las actividades de las empresas extractivas.

Asistimos a una nueva guerra silenciosa y solapada provocada por un modelo de desarrollo extractivo, y realizado por compañías petroleras, mineras, agroindustriales y por la construcción de hidroeléctricas. Siendo, finalmente, las multinacionales y el capital corporativo el principal beneficiado.

Adicionalmente, las decisiones sobre la exploración, explotación y construcción de infraestructura se realizan sin consulta y sin participación de las comunidades que nos vemos directamente impactados por estos proyectos. Un ejemplo de esta exclusión de la ciudadanía en la construcción de la política ambiental del país es justamente este Primer Encuentro del Sistema Nacional Ambiental en el cual las organizaciones sociales no fuimos invitadas y desconocemos la agenda a desarrollarse.

Por todas esas razones, rechazamos el Plan Nacional de Desarrollo y todas las políticas basadas en la extracción de la naturaleza para beneficio de unos pocos. Consideramos que el PND y los Tratados de Libre Comercio que viabiliza las inversiones trasnacionales, son herramientas para la profundización de un modelo que no genera las condiciones necesarias para la paz en el país. Antes bien la minería, el petróleo, las hidroeléctricas y los agronegocios han mostrado ser una imposición para privatizar la vida, destruir los ecosistemas, arrasar la soberanía de los pueblos e incrementar la criminalización y las amenazas a nuestras organizaciones.

Firman:

CENSAT-AGUA VIVA, Colectivo Soberanía y Naturaleza, Red Tejiendo Paramos, Red ambiental Bakatá, Red enrolate con Suba, Colectivo Ecologista Campo, Siembra Vientos, Encauce Libre, ILSA Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativo, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR-, Colectivo Agrario Abya Yala, Corporación de servicio a proyectos de desarrollo -PODION -, ASOQUIMBO, Movimiento Ríos Vivos, El AguaNte, Proyecto Gramalote, Colectivo Por la Protección de la Provincia del Sugamuxi.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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